Según investigaciones de la Policía Federal (PF) en una causa abierta en el Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de Golpe de Estado, apenas conocida la derrota oficialista en el balotaje del último domingo de octubre de 2022, grupos y protagonistas de la derecha planificaron cómo mantener aJair Messias Bolsonaro en la presidencia. Se reunieron y organizaron para perfeccionar un plan golpista que antes sólo habían esquematizado. Antes del 30 de octubre era sólo un plan de contingencia básico en preivisión de una catástrofe que no veían, y en la que descreían.

El nuevo plan de Golpe postulaba la necesidad de una campaña intensa y focalizada en las redes. El electorado debía caer en una incredulidad irreversible ante cualquier resultado electoral desfavorable al oficialismo. Es decir, en este mensaje, desagradable para el pueblo, que es la mayoría, y que es de derecha. Con la opinión pública mayoritaria alineada de su lado, un decreto presidencial de Bolsonaro ordenaría la prisión de la máxima auridad electoral, anularía el proceso electoral -impidiendo así que Lula asumiera la presidencia que había ganado-, y convocaría nuevas elecciones en condiciones sociales cambiadas.

Las líneas directrices de la planificación golpista ya habían sido trazadas desde mucho antes de que el 2 de octubre Bolsonaro saliera segundo en la primera vuelta electoral. Si desde mediados de año la victoria del rival era ya un escenario contemplado, una vez consumada esa eventualidad aborrecida reclamó una atención urgente en el campo de los vencidos y escandalizados. El esquicio preexistente del plan golpista fue retomado, estudiado y enriquecido. Perfeccionado, aun con algunas supuestas mejoras que habrían sido de la propia mano de Bolsonaro. Para ser después difundido en el espacio afín en busca de aliados que finalmente no encontraron en número ni peso relevantes. El decreto nunca fue firmado.  

En el colectivo golpista destacaron por su iniciativa y laboriosidad militares de alto grado (aun generales de 4 estrellas), funcionarios de la Presidencia destinados a abandonar la función pública con la caducidad de la administración Bolsonaro, empresarios del agronegocio y del Amazonas y religiosos cristianos confrontados con una intemperie de privilegios disminuidos, y políticos y militantes derechistas contrariados en sus proyectos futuros. Enterados del triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), estrecharon sus vínculos y contactos.

Según la narrativa policial, estos oficialistas que abominaban de la idea de volverse opositores a raíz de la penuria de los votos propios, complotaron sin desfallecimientos en los meses de noviembre y diciembre hasta ajustar un plan de lucha y resistencia. Su estrategia para adelantarse a los acontecimientos venideros y enervar lo que de otro modo sería inevitable hecho consumado. Persuasivas falsedades habrían tapizado todo el streaming y toda la red, denunciando la manipulación electoral mayúscula de la que los hombres de bien se declaraban víctimas y por la que incriminaban como victimario mayor al bandido Lula y a su corrupto Partido de izquierda, corruptor de la juventud trabajadora y sexualizador de la infancia indefensa. Aspiraban a engendrar una atmósfera de rechazo social y de planteos militares solidarios con ese repudio. Cancelado el resultado de la segunda vuelta, Lula no podría asumir dar inicio al tercer mandato presidencial de su biografía políica que se había ganado en las urnas el 30 de octubre. Civiles y miitares se  dividieron tareas para que diferentes células cumplieran con mayor eficacia diferentes cometidos especializados.

A pesar de que lo habría conocido y consentido, y aun añadido valor con un par de decisiones, en el relato de la PF Bolsonaro, cómplice y encubridor de la organización golpista, no habría sido su líder. El liderazgo se veía rehusado a un candidato del Partido Liberal (PL) que en 2022 había sido capaz de ganar 60 millones de votos y de aumentar el número de los que en 2018 lo habían hecho presidente pero incapaz de ganar la reelección. En esa segunda vuelta del últmo domingo de octubre, su contrincante lo superó por una diferencia de menos de 2 puntos porcentuales. A pesar de las contestaciones y presiones internas que la investigación deja ver, Bolsonaro era, desde luego, el máximo beneficiario del plan golpista.

En el plan figuraba una fecha prefijada para arrestar al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el que ‘decidía con tuits quién gana y quién pierde una elección, despreciando la voluntad del electorado manifestada en el voto democrático’. La presidencia del TSE se asigna a jueces del STF, la Corte Suprema de Brasil. En 2022 había sido asignada a Alexandre de Moraes. Es el mismo ministro del STF que en 2024 impulsa las investigaciones de la PF en esta causa abierta por presunta tentativa de Golpe de Estado: Según el ordenamiento legal brasileño, los jueces supremos pueden llevar adelante investigaciones sin precisar el acuerdo de sus colegas, ni aun para dictar sentencias, que la ley llama “monocráticas”. Estas son revisables a posteriori por las diversas salas en que se subdivide el Supremo Tribunal, y, finalmente, por el Plenario, que reúne a la totalidad de la Corte.

Entre las informaciones conocidas el miércoles se sumó, al punteo de las acciones programadas para mantener a la derecha brasileña en el Poder Ejecutivo, una reconstrucción histórica de cómo se llegó al programa común, consensuado, de la organización criminal que presuntamente se plantaba abolir el Estado democrático de Derecho. Quiénes, cómo, en qué orden, en qué progresión temporal en la cuenta regresiva hasta la asunción de Lula que querían frenar, habrían ido confeccionando la versión última del plan de acción golpista.

La existencia de un guión para la actuación del Golpe y la existiencia material de una minuta, el documento que secuenciaba los pasos del progreso goloista, fueron conocidos a partir de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, un ex edecán de la Presidencia, que prometión colaboración cuand fue indagado en otra causa, sobre la falsificación de certificados de vacunas anti-covid de la familia Bolsonaro para un viaje a EEUU. Con los datos cribados en el examen de computadores, celulares, documentos impresos y manuscritos decomisados en allanamientos ordenados por la Justicia, con el testimonio filmado por las cámaras de seguridad y registrado en los formularios que apuntan las entradas y salidas a la sede del Ejecutivo en Brasilia, con la ubicación en tiempo y espacio guardada en el historial de cada teléfono celular, la PF dibujó la cartografía y ordenó la cronología de la elaboración del plan golpista siguiendo los desplazamientos y progresos de la minuta, de sus autores plurales y de sus mensajeros y heraldos singulares.

La PF reconstruyó la historia del texto con las instrucciones para un Golpe de Estado preventivo. O Autogolpe, porque no derriba a la autoridad en funciones, sino que la mantenía en el poder. Cómo se marchó desde un borrador más tosco y más escueto a otro mucho más largo y ambicioso.

A medida que la trama central, el eje estratágico golpista, se iba estilizando para agilizarse, pululaban las propuestas de acciones laterales que buscaban hacer inexpugnable al oficialismo. Algunas que ahora vislumbramos son meses anteriores al plan, aunque la relevancia y pervivencia de aquellas siga en las sombras. Así, Victor Carneiro, director de ABIN (la AFI de Brasil), hijo del general Sergio Tavares Carneiro, había conversado con el general Augusto Heleno antes de las elecciones de 2022 acerca de la conveniencia de infiltrar agentes de esta Agencia Brasileña de Inteligencia en la campaña de Lula (y también en la de Bolsonaro). En una reunión de julio de 2022, cuyo audio está en poder de la PF, Heleno comentó aprobotariamente la idea del hijo de su amigo, pero le veía “el problema de que se filtre, y si se filtra, la gente se pone loca con estas cosas de inteleiigencia”. En esa reunión, el que se pudo loco fue Bolsonaro, que le pidió al general que se callara de inmediato, que “después conversarían aparte”

eLa PF pudo determinar día y hora en que Filipe Martins y Amauri Saad le habrían mostrado al Presidente un estadio de redacción del plan golpista al cual Bolsonaro aportó un par de correcciones. Irrefutable es que el 19 de noviembre de 2022, veinte días después del balotaje, a las 14.59 de la tarde, el ex asesor presidencial y el abogado, junto con al sacerdote José Eduardo de Oliveira e Silva, ingresaban por el portón principal del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de los presidentes brasileños. Mauro Cid, que ya estaba allí desde las 8.34 de la mañana, delató que en la versión de la minuta se planeaba el arresto de Rodrigo Pacheco, un político conservador presidente del Senado, y de un ministro más del STF, Gilmar Mendes. El presidente Bolsonaro habría tachado estos dos arrestos. El 7 de diciembre, Filipe Martins, el antiguo asesor presidencial de Política Exterior -un gesto suyo en el Senado había sido muy viralizado en 2021 a raíz de su racismo- regresó al Palacio de la Alvorada con el nuevo texto de la minuta. El plano golpista había sido podado de dos arrestos por la mano de Bolsonaro. Siempre según la PF, según lo que le atribuye el portal g1 de la red Globo.

El plan incluía el borrador de un Decreto de Necesidad y Urgencia que anulaba las elecciones. Ni esta ninguna otra de las acciones golpista decisivas a las que el plan comprometía fueron llevadas a cabo. La PF investiga bajo la carátula de tentativa. Se discute si acciones como la difusión sistemática de dudas sobre el resultado electoral y la actuación del TSE constituyen o no actos preparatorios. Se discute, porque son acciones propagandísticas intensivas del bolsonarismo anteriores aún al mas antiguo y básico rudimento del plan golpista.

Cuantas más precisiones aportan las Fuerzas de Seguridad nacionales a su reconstrucción del plan golpista, más nítido se ve el lugar del presidente Bolsonaro en él. Es a la vez un lugar principal y exterior. Es el máximo beneficiario, pero el autor sólo de notas al pie o al margen.

En el espectacular operativo policial del jueves 8, la operação Tempus Veritatis, el juez Alexandre de Moraes había ordenado cuatro prisiones preventivas y decenas de allanamientos y de otras medidas cautelares. En su decisión, el magistrado supremo escribió que en el expediente hay pruebas de la comisión de delitos contra la democracia y de asociación ilícita. La suma de las penas máximas de los delitos asciende a 23 años de prisión. Para el delito de golpe de Estado, en su grado de tentativa, la legislación penal penal brasileña prevé una pena mínima de 4 y una máxima de 12 años. La tentativa de abolición violenta del Estado democrático de Derecho es el otro delito que presta su nombre a la carátula de la causa. Es un delito peculiar (no ha sido tipicado por el codificador argentino, por ejemplo). Sólo admite el grado de tentativa y el rango temporal de la prisión prevista para su sanción se extiende entre 4 y 8 años. Para la asociación ilícita, la sanción penal mínima es de 1 año y la máxima de 3 años de reclusión.

El jueves 8, a Bolsonaro sólo le tocó entregar su pasaporte y obedecer la orden de cortar toda comunicación con la lista de sospechosos blanco de la investigación. El ex presidente ya había sido sancionado semanas atrás por el TSE que presidía Moraes. La máxima autoridad de la Justicia Electoral sentenció que no puede ser candidato a ningún cargo electivo antes de 2030.

Lo difícil es la convivencia

La investigación policial ilumina la escena política brasileña en la encrucijada actual. De ja ver que un liderazgo de Bolsonaro se vea entorpecido de hecho y estorbado en sus movimientos por la derrota y por las autoridades electorales, y ahora colocado en la mira de la Justicia pena, lejos de desanimar, ha reactivado el bullicioso activismo de esa mitad de Brasil que lo votó presidente en 2018. Criminal y golpista o legítima y militante, es una derecha extrema brasileña que proclama sin descanso cuánto le gusta vivir en democracia aunque convivir con ella le guste un poco menos. 

AGB