Kristalina Georgieva pisa suelo argentino este lunes por invitación expresa de Javier Milei, en la primera visita de un director gerente del FMI al país desde que Christine Lagarde estuvo en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. La jefa del Fondo Monetario viene a conocer a su principal deudor: al 23 de julio de 2026, la Argentina le debe al organismo 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.753 millones al tipo de cambio que informa a diario el propio organismo.

El país es, por lejos, el mayor deudor individual del Fondo: concentra el 34,5% de toda la cartera de créditos pendientes de cobro del organismo (123.170 millones de DEG en total), muy por encima de Ucrania, segundo en el ranking con apenas el 8,9%. Si se mira solo la ventanilla de créditos no concesionales —el Departamento General, por donde se canalizan los préstamos ordinarios como el argentino—, la proporción trepa al 45,9%: casi uno de cada dos dólares prestados por el núcleo financiero del FMI está colocado en el país.

Esa montaña de deuda tiene tres capas. La base es el stand-by de US$44.500 millones que el FMI le aprobó a Macri en 2018, el mayor crédito otorgado por el organismo hasta entonces; ese préstamo fue refinanciado en 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante un acuerdo de Facilidades Extendidas que evitó la cesación de pagos pero no redujo el capital adeudado. Sobre esa base —que al momento de firmarse el programa actual, en abril de 2025, rondaba los US$42.000 millones—, el gobierno de Milei acordó un nuevo Extended Fund Facility (EFF 2025) que habilitó un financiamiento adicional de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.800 millones. En criollo: alrededor de tres cuartas partes de la deuda actual con el FMI es la herencia de los acuerdos de Macri y Fernández, y aproximadamente un cuarto es deuda nueva tomada por Milei en poco más de un año.

Detrás de esa arquitectura financiera está, en última instancia, Estados Unidos. Washington es el principal accionista del FMI, con el 16,49% de los votos, y al ser el único país que supera el umbral del 15% tiene poder de veto de facto sobre las decisiones que exigen una mayoría del 85%, como la aprobación de nuevos programas o cambios de cuotas. Esa centralidad es la que explica por qué la visita de Georgieva no puede leerse solo en clave técnica: el alineamiento explícito de Milei con Donald Trump —desde los elogios públicos hasta los gestos de política exterior— opera, en los hechos, como una moneda de cambio adicional en la relación con un organismo donde buena parte de la última palabra la tiene la Casa Blanca.

Por eso la escala de Giorgieva tiene, ante todo, un contenido político: es un respaldo explícito al programa económico de Milei en la previa del tramo final de su gestión y de cara al año electoral 2027. Pero la visita también llega en un momento clave del calendario técnico con el Fondo. Según el dossier “FMI-Argentina: puntos clave de la visita del organismo”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en julio de 2026, “se presume que la presencia de Giorgieva ayudará a apuntalar la tercera revisión del Extended Fund Facility 2025 (EFF 2025), referida a las metas al 30 de junio, instancia clave para habilitar un nuevo desembolso”.

La Argentina llega a esa revisión con la meta fiscal ya incumplida. Según el mismo informe de CEPA, “en junio, el Gobierno registró un déficit primario de $696.843 millones que le impidió cumplir, por primera vez, la meta fiscal con el FMI. En el primer semestre el superávit fiscal alcanzó $6,3 billones, quedando $573.974 millones por debajo del objetivo acordado a junio de 2026”. El desvío se produjo, además, después de que el organismo ya le hubiera bajado la vara al Gobierno: “El incumplimiento ocurrió incluso después de que el organismo flexibilizara la meta en mayo en $1,6 billones, reduciéndola de $8,5 billones a $6,9 billones”. Caputo atribuyó el resultado de junio a la postergación del pago de Ganancias de personas humanas y al pago del medio aguinaldo, aunque reconoció públicamente que el margen para seguir ajustando es cada vez más chico: “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, dijo el ministro en el programa Economía de Quincho.

El desafío para lo que resta del año es todavía mayor. Según CEPA, “la meta para diciembre de este año exige un superávit de $16,3 billones, lo que implica que el Gobierno debería acumular $10 billones adicionales de superávit entre julio y diciembre para cumplir con ese objetivo”. Proyectando el resultado fiscal con la estacionalidad del año pasado, el Tesoro llegaría a acumular $10,5 billones para fin de 2026, es decir, “le faltarían, según esta proyección, unos $5,7 billones para cumplir con las exigencias del organismo”. El propio dossier concluye que, si se repite el patrón de los primeros dos años de gestión de La Libertad Avanza —dos tercios del superávit concentrados en el primer semestre y apenas un tercio en el segundo—, “el cumplimiento de la meta fiscal de fin de año resulta sumamente improbable”.

A la par de la meta fiscal, hay otra tensión de fondo entre el Fondo y el equipo económico: el regreso a los mercados de deuda. El Programa Financiero del Gobierno prevé emisiones por US$4.000 millones en 2026, de los cuales ya habrían ingresado unos US$3.200 millones a través de préstamos garantizados por el Banco Mundial y el BID. Para 2027, el propio esquema oficial “no prevé realizar nuevas emisiones de deuda en moneda extranjera durante todo 2027”, mientras que el FMI, en su segunda revisión del EFF 2025, proyectaba emisiones por US$5.000 millones en la primera mitad del año y US$8.000 millones para todo 2027. Según CEPA, “para el FMI, resulta imprescindible que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito. Para el ministro Caputo, eso puede esperar y, de hecho, busca evitarlo”, en la apuesta de que el propio mensaje de “no necesitar al mercado internacional” ayude a bajar el riesgo país.

Ese contraste de expectativas se completa con la agenda de reformas estructurales que el Fondo dejó planteadas en la segunda revisión del acuerdo, con vencimientos concentrados a fines de este año y del próximo. Entre ellas figuran una reforma tributaria integral —que contempla eliminar exenciones impositivas, bajar el umbral de Ganancias para alcanzar a al menos el 20% de la población, subir las escalas del Monotributo y reemplazar Ingresos Brutos por un IVA dual provincial— con plazo hasta fines de diciembre de 2026; un registro de riesgos de cumplimiento tributario y un plan contra el lavado de dinero, ambos con el mismo vencimiento; y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central orientada a fortalecer su independencia, que el Gobierno ya empezó a impulsar en el Congreso.

A esa lista se suma la reforma previsional: según CEPA, “con una base de propuesta ya planteada por el FMI, el Gobierno deberá presentar el proyecto final a fines de diciembre de 2027”, es decir, recién en un eventual segundo mandato si Milei logra la reelección.

El cronograma de pagos con el organismo explica, en gran medida, por qué esta relación no admite pausas. Según el informe de CEPA, en el segundo semestre de 2026 vencen US$1.130 millones de capital y US$1.694 millones en intereses, con desembolsos esperados por apenas US$863 millones. En 2027 los vencimientos de capital saltan a US$4.408 millones, más US$3.256 millones en intereses, con desembolsos previstos por US$1.725 millones. Los años siguientes profundizan esa tendencia: en 2028 vencen US$6.568 millones de capital y US$2.934 millones en intereses, y en 2029, US$8.066 millones de capital y US$2.504 millones en intereses. “Los desembolsos restantes del organismo se realizan dos veces al año (enero y julio) entre julio de 2026 y enero de 2029. Estos cubren apenas el 60% de los pagos de intereses hasta esta fecha, pero sirven como un buffer frente a los pagos que debe enfrentar el Gobierno, no solo con el FMI, sino que con el resto de acreedores”, señala el dossier.

Ese es el trasfondo que acompaña la escala de Georgieva: una foto de respaldo político al Gobierno, en un año en el que los mercados todavía dudan de la capacidad argentina de honrar sus compromisos y del resultado electoral de 2027, combinada con una revisión técnica que llega con la meta de junio ya perdida y un cúmulo de reformas —tributaria, previsional, financiera— que definirán buena parte de la agenda económica del oficialismo, gane o no un segundo mandato.