“Ellos no piden, exigen”, dice un exministro de la Nación en un bar de un pueblo en Jujuy, con un vaso de cerveza en la mano. Le habla a otro exministro, que en ese momento estaba en funciones, después de una jornada de trabajo. El tema de la actividad era el litio, pero el de esta conversación es el poder de lobby de la industria farmacéutica. “Una vez me dijeron: ustedes pasan, nosotros nos quedamos”. Y tenían razón.

No importa si son funcionarios, empresarios, o consultores del sector: en cualquier conversación sobre la industria farmacéutica sobrevuela la influencia de apellidos poderosos como Roemmers, Sigman, Casasco en la salida de ministros que intentaron transparentar el costo de la producción de medicamentos, en la elaboración de leyes, en el financiamiento de campañas presidenciales de distintos colores, y, más recientemente, por brindar recursos para aislar y “cuidar” al presidente Javier Milei en momentos de mayor desequilibrio emocional durante la campaña electoral 2023. 

El fenómeno es mundial: es que la farmacéutica es la segunda industria que más dinero mueve en el mundo, después de la bélica. En la Argentina toma hoy color violeta.

Esta semana, Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner al sector en agenda durante el Encuentro Nacional de Salud, en Rosario: “A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”.

Es que el artículo del DNU 70/2023 de desregulación que obligaba a los profesionales a indicar drogas genéricas y no de un laboratorio en particular fue uno de los primeros en ser modificado por el gobierno que se jacta de ser libertario. Vía un decreto modificatorio publicado en enero —a poco menos de un mes de la vigencia del DNU 70—, y luego la reglamentación del Ministerio de Salud, flexibilizaron la norma y permitieron a los médicos sugerir que las recetas sean de algún laboratorio en particular.

En la industria atribuyen esta marcha atrás al lobby de Cilfa y Caeme, las cámaras farmacéuticas que agrupan a laboratorios nacionales y extranjeros, respectivamente. Cilfa no esconde sus preferencias: “Más libertad es mayor prosperidad económica, menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados”, dice la voz en off de una propaganda que se repite en loop en la televisión y la radio. “Desde la industria farmacéutica nacional desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos”, continúa y termina dejando en claro: “Shora deben estar más sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad”. Daniel Sielecki, que es el socio de Hugo Sigman en el segundo laboratorio de mayor facturación en la Argentina y miembro de Cilfa, Elea, es uno de los empresarios que más apoyó al Gobierno. Su sobrino Ian es el embajador argentino en Francia.

“Cualquier intento que hubo de desarrollo o participación del Estado, la industria no apoyó”, resume uno de los exministros de la conversación del bar jujeño.

La liberación de los genéricos que proponía el DNU que escribió Federico Sturzenegger es una de las tantas estrategias que utilizaron los gobiernos para influir en el precio de los medicamentos, la problemática más visible detrás de este debate, que no está saldado. La ley de genéricos, cuya reglamentación posterior no permitió que se cumpliera con el espíritu de la norma, se sancionó en 2002 para garantizar el derecho de los pacientes a elegir libremente la marca de sus medicamentos.

Otro de los métodos aplicados recientemente fueron los acuerdos de precios, utilizados por las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández: “Son políticamente simbólicos, e incluso efectivos a corto plazo, pero en la práctica no evitan aumentos a mediano plazo. La industria compensa luego con aumentos fuertes apenas se liberan, como pasó a principios de este año”, asegura a este diario una fuente del sector. 

Durante la gestión de Mauricio Macri, se implementó el “precio PAMI”, un sistema de precios diferenciado (con un tope) para el mayor financista del país, con actualizaciones que iban generalmente a tasas menores a la inflación. Esto llevó a que la industria compensara el costo aumentando los precios al resto del mercado, lo que perjudicó a consumidores sin obra social y generó una brecha considerable entre los precios de referencia de PAMI y los de venta al público.

Durante la gestión Fernandez de Kirchner, también se avanzó con la posibilidad de fortalecer la producción pública de medicamentos mediante Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), sobre todo para establecer valores testigo brindando transparencia sobre los costos reales y limitando el margen de acción de los monopolios. El lobby empresario logró, una vez más, detener estos avances. 

La idea más reciente de importar medicamentos desde países como India y China surge como herramienta para presionar a la industria local para moderar precios, y fomentar la competencia en un mercado oligopólico. En diálogo con elDiarioAR, la medida es fuertemente criticada por expertos que señalan riesgos tanto en la ejecución como en los efectos reales sobre los precios.

India es el mayor productor de medicamentos genéricos en el mundo, conocido como “la farmacia del planeta”. Sus laboratorios fabrican en grandes volúmenes medicamentos básicos como ibuprofeno, paracetamol y antibióticos genéricos. “Medicamentos que la industria farmacéutica nacional produce con buena calidad y a buenos precios”, indica la exfuncionaria y actual coordinadora de políticas públicas y equidad del HUb de Innovación en Políticas de Salud y Equidad (Hub IPSE) de la Unsam Sonia Tarragona. 

En diálogo con elDiarioAR, Tarragona asegura que la calidad de los productos varía considerablemente dependiendo del laboratorio, ya que no todos cumplen con estándares internacionales estrictos, e incluso ha habido reportes de contaminación cruzada en medicamentos. En 2022, se vincula la muerte de más de 60 niños a un jarabe pediátrico producido en la India. En la práctica, India carece de una agencia regulatoria reconocida mundialmente, como la FDA (Estados Unidos) o EMA (Unión Europea), lo que dificulta la validación directa de sus productos en Anmat. 

“La industria farmacéutica es considerada estratégica debido a su impacto en la generación de conocimiento científico, la tecnología, la atención de la salud y la producción de bienes con alto valor agregado. En total emplea a más de 40.000 personas de manera directa con altos niveles de formalidad, salarios y participación femenina, exporta más de USD 1.100 millones, genera casi la mitad de la inversión en I+D privada del país y permitió sostener el abastecimiento de productos esenciales durante la pandemia”, complementa Hernán Marmurek, consultor especializado en políticas productivas en salud. Según su visión, la apertura a la importación masiva de medicamentos pondría en riesgo esta estructura productiva.

Detrás del debate por la importación está el aumento de los precios de los medicamentos en la Argentina, que impacta en el bolsillo de la gente de manera directa en las farmacias e indirecta a través de la estructura de costos de las obras sociales, del PAMI, del sistema de salud pública y de las prepagas. 

Pero al intentar señalar la evolución de los precios de los medicamentos aparece otra opacidad del sistema. “Me parece osado hablar de manera tan general del 'precio' de los medicamentos, porque es un sistema demasiado complejo en el que hay muchos precios, muchas marcas por droga, muchos descuentos que atraviesan el sistema de salud y que hablar de precios sin ponderar por el peso de su consumo en la población, conduce a sacar conclusiones equivocadas. Ninguna canasta que se seleccione refleja exactamente todas esas complejidades”, asegura Tarragona.

Mientras que algunos informes aseguran que el precio de algunos medicamentos aumentaron 200 y hasta 500 puntos por encima de la inflación general, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec indica que el rubro medicamentos dentro de la apertura Salud aumentó 156%, que son 7 puntos menos que la inflación en el acumulado diciembre-octubre. De acuerdo con fuentes privadas relacionadas con el sector, el aumento acumula en 2024 una variación de aproximadamente el 82%, más de 20 puntos por debajo de la inflación general. 

“Los medicamentos no aumentaron más que la inflación este año, aunque los aumentos de precios siempre son un problema, porque los medicamentos son importantes para la población”, asegura Tarragona y agrega que la particularidad del 2024 es que “probablemente la gente lo siente más por la interrupción de los programas nacionales que cubrían muchos medicamentos, desde el PAMI, pasando por Remediar, oncológicos, VIH, salud sexual y el pase a venta libre de algunos otros”.

La influencia del lobby farmacéutico en la Argentina no solo moldeó políticas y decisiones gubernamentales a lo largo de los últimos años y gobiernos sino que también puso en jaque la transparencia y la equidad en el acceso a medicamentos. Mientras los poderosos intereses de la industria continúen prevaleciendo sobre las necesidades de la población, la lucha por una regulación justa y efectiva seguirá siendo un desafío monumental. La pregunta que queda es: ¿podrá algún gobierno enfrentar este poderío y priorizar la salud pública por encima de los intereses económicos?

NR/JJD