Tres semanas después de que la Cámara de Diputados votara la media sanción, el Gobierno logró este jueves que el Senado convierta en ley el proyecto “Inocencia Fiscal II”. Lo hizo con con el respaldo de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Así, la iniciativa busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que aún permanecen fuera del sistema formal, fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra.

Para el oficialismo, la aprobación representa un logro importante en su intento de recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió negociar con sus aliados e incorporar al temario el debate sobre el proyecto de biocombustibles.

La reforma elimina las restricciones vigentes para ingresar al régimen simplificado de Ganancias. Hasta ahora, esa norma establecía que solo podían acceder a ese régimen quienes tuvieran un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Desde la oposición, el peronista José Mayans calificó la ley como un premio para los evasores y “hecha a medida para algunos funcionarios como Adorni”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias. La norma también prohíbe la adhesión al régimen a los funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores. Es una modificación al proyecto original que fue introducida durante el debate en Diputados y una consecuencia directa del escándalo en torno a Manuel Adorni. Es que en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito, el ex jefe de Gabinete se termino adhirendo al régimen simplificado de Ganancias.

Además de Adorni, otros de los beneficiados fueron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el documentalista de Milei, Santiago Oria, y Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni, además de la esposa del propio exjefe de Gabinete.

Esta nueva ley redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué casos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Según el nuevo criterio, se considerará significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

La sesión comenzó a las 11:23 con un quórum estricto de 37 senadores, aportado por la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Antes de tratar el proyecto, el peronismo utilizó cuestiones de privilegio para cuestionar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas. Los planteos fueron formulados por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, y rechazados por el libertario Agustín Monteverde, mientras que el oficialismo salió en defensa del funcionario.

También hubo una cuestión de privilegio del radical Maximiliano Abad, dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, para reclamar la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional tras los bajos resultados obtenidos por los alumnos argentinos en las evaluaciones PISA.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y sostuvo que la falta de confianza llevó a los ciudadanos a sacar sus ahorros en dólares del circuito formal. Señaló que Argentina y Rusia son los países con más dólares fuera del sistema financiero “porque el Estado fue un enemigo del ahorro”, y responsabilizó a mecanismos como la hiperinflación, la inflación y el cepo. También remarcó que se incorporaron resguardos para los funcionarios públicos, que podrán usar el mecanismo de simplificación pero no acceder a sus beneficios.

Desde el peronismo, el senador José Mayans calificó a la reforma como “un desastre”, en la misma línea que la ley aprobada en diciembre, y la definió como “un premio a los evasores y los narcotraficantes”. El legislador vinculó directamente la norma con figuras del oficialismo.

El libertario Bruno Olivera Lucero, quien abrió el debate, sostuvo que el objetivo del proyecto es que la ciudadanía deje de ver a los contribuyentes “como sospechosos de por vida” y los reconozca como personas que “trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”. Agregó que durante el kirchnerismo “ser contribuyente era una condena” y que el fisco trataba a todos como evasores.

Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar el alcance de la restricción al régimen simplificado, extendiéndola a “personas políticamente expuestas”, una categoría que consideró más amplia que la de “funcionarios públicos” contemplada en el texto final.

Tras el tratamiento de la ley, el Senado continuó con el debate de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto, además de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de Noticias Argentinas