Cristina Fernández de Kirchner inició una nueva estrategia judicial en el plano internacional para intentar revertir los efectos de la condena en la causa Vialidad. A través de una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, su defensa pedirá una medida cautelar para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y revisar el proceso judicial. En paralelo, la exmandataria difundió una carta abierta y una columna en medios internacionales para defender su inocencia y denunciar una supuesta persecución política.

Durante una conferencia de prensa, el abogado brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, explicó que el planteo busca que el organismo internacional suspenda la sanción mientras analiza el caso. "Hay una cautelar que pide la suspensión de esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del Comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas. Pero pediremos la revisión total de la sentencia", afirmó.

En la misma línea, el jurista español Javier Borrego sostuvo: "Si se postula, el respaldo electoral puede ser difícil para la oposición".

🚨🚨 "CRISTINA KIRCHNER SE PODRÁ PRESENTAR EN LAS PASO"Javier Borrego, nuevo abogado de la expresidenta: "Si se postula, el respaldo electoral puede ser difícil para la oposición" pic.twitter.com/qVrQtroLX6

El recurso fue presentado luego de que quedaran agotadas las instancias judiciales en Argentina. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos no puede anular la condena ni dejar sin efecto la sentencia dictada por la Justicia argentina. Su función se limita a determinar si durante el proceso se vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el derecho de defensa, la imparcialidad de los jueces o la presunción de inocencia.

Si encontrara irregularidades, podría emitir recomendaciones al Estado argentino, aunque su pronunciamiento no tendría efectos automáticos sobre la condena.

Para esta nueva etapa, Cristina Kirchner incorporó a su equipo legal a Rafael Valim y Javier Borrego, quienes trabajarán junto a Alberto Beraldi. La estrategia toma como referencia el caso de Lula da Silva, cuyo proceso fue cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2022.

No obstante, los propios abogados aclararon que la situación presenta diferencias, ya que la anulación de las condenas contra el presidente brasileño fue resuelta por el Supremo Tribunal Federal de Brasil y no por el organismo internacional.

En paralelo con la presentación judicial, la expresidenta difundió una columna en medios internacionales como El País de España y Libération de Francia, además de publicar una carta abierta en sus redes sociales. Allí sostuvo que su condena constituye una forma de "proscripción", denunció que el proceso estuvo atravesado por "graves violaciones de derechos humanos" y afirmó que la Justicia "comienza a interferir en la disputa política".

También aseguró que "la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal" y ratificó que continuará defendiendo su inocencia mediante todas las herramientas previstas por el derecho internacional.