El presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes una reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA) que busca modernizar la fuerza y orientarla hacia la investigación de delitos complejos, inspirándose en modelos como el FBI estadounidense. 

El anuncio, que se llevará a cabo a las 14:15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada en Palermo, se formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 383/2025, publicado esta mañana en el Boletín Oficial. Sin embargo, las nuevas facultades otorgadas a la PFA, especialmente el patrullaje de redes sociales sin autorización judicial y la posibilidad de realizar detenciones preventivas, han desatado críticas y preocupaciones por posibles vulneraciones a los derechos fundamentales.

El nuevo estatuto de la PFA redefine su misión principal como la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como la desarticulación de organizaciones criminales. Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentran:

Patrullaje en redes sociales sin orden judicial: La PFA podrá realizar tareas de "prevención del delito" en espacios digitales públicos, como redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de autorización previa de un juez. El texto del decreto asegura que estas actividades respetarán la protección de datos personales, la libertad de expresión y la privacidad, pero la ambigüedad de la normativa ha generado inquietudes. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que esta facultad podría derivar en vigilancia masiva y persecución de opiniones disidentes.

Detenciones sin autorización judicial: La reforma permite a la PFA detener a personas por hasta 10 horas si no pueden acreditar su identidad y existen "circunstancias debidamente fundadas" que hagan presumir que han cometido o podrían cometer un delito. Estas detenciones deberán notificarse a un juez, y los detenidos tendrán derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza. Sin embargo, especialistas han criticado la vaguedad de los criterios, señalando que podría habilitar detenciones arbitrarias basadas en sesgos policiales, una práctica que ha sido condenada en el pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, el DFI se enfocará en delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. Este departamento contará con subáreas especializadas, como Agencias Federales de Investigación y una unidad dedicada al combate del narcotráfico.

Modernización estructural: La reforma introduce una conducción más vertical, nuevos criterios de ascenso para los uniformados y mecanismos de auditoría interna para prevenir la corrupción. Además, se prevé un aumento en el despliegue de agentes en provincias, especialmente en ciudades con alta incidencia delictiva como Rosario, para fortalecer la presencia federal.

El anuncio se produce en un momento de tensión política, tras el regreso de Milei de una gira por Europa y Medio Oriente y en vísperas de la presentación de la ex presidenta Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py, donde se formalizará su condena. La militancia kirchnerista ha convocado a una movilización, y el Ministerio de Seguridad prepara un operativo especial para la jornada.

La reforma ha generado un intenso debate. Desde el oficialismo, se defiende como una herramienta para combatir el crimen organizado y modernizar una fuerza que opera bajo una Ley Orgánica de 1958. Carlos Alejandro Ñamandú, ex comisario general de la PFA, señaló que, si se aplica correctamente, la norma puede prevenir delitos sin vulnerar derechos. Sin embargo, desde el CELS y otros sectores advierten que la discrecionalidad policial podría derivar en abusos, controles poblacionales y condiciones de detención inhumanas, especialmente en un contexto de comisarías colapsadas.

La reforma, que debe publicarse antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley Bases, busca responder a las "nuevas amenazas delictivas" y los cambios tecnológicos, según el gobierno. Sin embargo, su implementación enfrenta varios desafíos, incluyendo la necesidad de consenso político y la supervisión para evitar excesos. Especialistas coinciden en que una reforma de esta magnitud requiere un debate profundo en el Congreso para garantizar el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.