El gobierno de La Libertad Avanza envió a los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados una nueva versión de la Ley de Bases que incluye la reforma laboral. El objetivo del oficialismo es que el proyecto, junto al paquete fiscal, reciba media sanción antes del 1 de mayo, para que el Senado los apruebe antes del 25. 

De esa manera, podría cumplir con los plazos para llegar al Pacto de Mayo con las iniciativas aprobadas. Se trata de una condición establecida por el presidente Javier Milei para celebrar el acuerdo junto a los mandatarios provinciales en Córdoba. 

Sin los borradores finales, el oficialismo en Diputados pretende firmar dos dictámenes exprés para ambas iniciativas esta semana, con el fin de sesionar la siguiente. Parece un calendario demasiado ajustado, que además está atravesado por una sesión especial convocada por Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, en la que se tratará una actualización de jubilaciones, vigencia del fondo de incentivo docente y presupuestos universitarios. 

Mientras tanto, los diputados de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal analizan los detalles del texto para ver si sus propuestas quedaron plasmadas en el texto "final". Según trascendió, hay algunos ítems sobre los cuales seguirán presionando. 

En tanto, el oficialismo propuso para el martes una reunión en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. La intención es seguir negociando con la oposición el texto que finalmente se llevará al recinto.

La Libertad Avanza pretende un debate acelerado: aspiran a que la Ley de Bases se trate en comisión esta semana para llevarla al recinto la semana que viene. La sesión podría realizarse el próximo lunes, con la posibilidad de que se extienda hasta el martes. El objetivo es que el proyecto que reúne 353 artículos llegue al Senado antes del 1 de mayo. 

En ese mismo tramo, y en paralelo, los libertarios apuestan a que también se apruebe el paquete fiscal, que incluye, entre otros ítems, la modificación de Ganancias, el blanqueo y la moratoria.

A ello se suman los cuatro proyectos de ley que envió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que apuntan a combatir el crimen organizado.

Entre las herramientas normativas propuestas figuran, entre otras medidas, una Ley Antimafias, un nuevo registro de datos genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia y la legítima defensa en cumplimiento del deber. Además, establecen modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos.