Giro inesperado en Diputados: Milei dio marcha atrás con los recortes en discapacidad y logró un acuerdo con el kirchnerismo

El Gobierno de Javier Milei consiguió una amplia victoria legislativa en Diputados, pero debió ceder en puntos centrales de su propuesta original sobre discapacidad. Después de una extensa jornada de negociaciones, La Libertad Avanza aceptó modificaciones reclamadas por bloques opositores y organizaciones del sector, lo que permitió aprobar una nueva ley que reemplazaría la Emergencia en Discapacidad vigente hasta fin de año.

La votación se concretó pasada la medianoche, con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones, una mayoría superior a los dos tercios de la Cámara. El proyecto recibió el respaldo del oficialismo, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y bloques provinciales. La iniciativa pasará ahora al Senado, donde deberá completar su trámite legislativo.

El acuerdo permitió preservar aspectos fundamentales del sistema vigente, como las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la cobertura de salud y el nomenclador universal de prestaciones. A cambio, el Gobierno consiguió avanzar hacia un régimen permanente, en lugar de prorrogar nuevamente la emergencia.

Las negociaciones comenzaron hace casi dos meses, cuando sectores de la oposición impulsaron extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia en Discapacidad, a pedido de organizaciones que reclamaban garantizar la continuidad de prestaciones y beneficios.

Para evitar esa prórroga, el oficialismo presentó una propuesta alternativa que buscaba convertir los principales derechos vigentes en un sistema permanente. Sin embargo, el diálogo se complicó cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2027, que incluía modificaciones más restrictivas para acceder a las pensiones y cambios en el financiamiento de las prestaciones.

Entre los puntos cuestionados figuraban la eliminación del CUD como vía directa para acceder a determinados beneficios, la incompatibilidad entre pensiones y empleo formal y la derogación del arancel único del nomenclador. Estas medidas generaron diferencias incluso entre los aliados del Gobierno y obligaron a reabrir las negociaciones.

Finalmente, La Libertad Avanza aceptó dejar de lado esos recortes y respaldar un texto consensuado. Uno de los principales negociadores fue Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. Por el oficialismo participaron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

El proyecto aprobado mantiene las pensiones por discapacidad equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y ratifica al Certificado Único de Discapacidad como instrumento central para acceder a los beneficios correspondientes.

También conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, con mecanismos de actualización para evitar que los valores queden desfasados frente a la Inflación. De esta manera, se mantiene un esquema común para los servicios destinados a personas con discapacidad.

Otro punto relevante es la compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal. Las personas con CUD podrán conservar la prestación si tienen un empleo registrado o están inscriptas en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

A pedido de la oposición, el texto también garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad puedan acceder a las prestaciones básicas de salud contempladas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud. Además, incorpora garantías para preservar las asignaciones familiares y evitar reducciones arbitrarias de beneficios.

Uno de los principales reclamos de las organizaciones era asegurar los recursos necesarios para sostener el sistema. Por eso, el proyecto identifica partidas específicas del Ministerio de Salud y establece que, si resultan insuficientes, deberán contemplarse compensaciones desde el Tesoro Nacional.

La iniciativa también dispone que los ingresos por beneficiario no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior. En cuanto a las deudas con prestadores, establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y cancelar los montos pendientes en un plazo de 90 días.

En paralelo, se incorporan mecanismos de fiscalización mediante auditorías periódicas y cruces de información entre Anses, ARCA, Renaper y el SINTyS. El sistema permitirá detectar irregularidades y suspender preventivamente prestaciones ante incumplimientos objetivos, pero deberá garantizar notificaciones, derecho de defensa y mecanismos de rehabilitación provisoria.

Estas modificaciones fueron determinantes para que distintos bloques opositores acompañaran el proyecto. La posibilidad de convertir los derechos vigentes en una legislación permanente, con garantías de financiamiento y cobertura, terminó prevaleciendo sobre la alternativa de extender la emergencia por un año más.

El resultado reflejó un acuerdo legislativo poco habitual entre el oficialismo y gran parte de la oposición. Unión por la Patria terminó votando junto con La Libertad Avanza después de que los libertarios aceptaran buena parte de los cambios solicitados durante las negociaciones.

No obstante, el consenso no fue unánime. Diputados de Córdoba, tanto de Provincias Unidas como de Unión por la Patria, votaron en contra porque cuestionaron la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de la norma. Por su parte, la izquierda se abstuvo al considerar insuficientes las disposiciones sobre la actualización de las deudas con los prestadores.

La negociación también dejó diferencias dentro del propio Gobierno, especialmente por el capítulo de discapacidad que había sido incluido en el Presupuesto 2027. El acuerdo final permitió al oficialismo evitar una nueva prórroga de la emergencia, aunque a cambio debió mantener buena parte del sistema vigente y aceptar mayores garantías de financiamiento y acceso a las prestaciones.