Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica, presentó este martes un amicus curiae ante el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, en el que cuestiona la constitucionalidad del Decreto 137/2025 del presidente Javier Milei, que nombró a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema, tildándolo de inconstitucional e invalidando dicho nombramiento como "nulo de nulidad absoluta e insanable".

La figura del amigo del tribunal permite a terceros intervenir en un proceso judicial. En su presentación, Carrió afirmó que "la designación realizada por decreto viola de manera directa la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los principios esenciales del sistema republicano, como la independencia judicial y la división de poderes". 

Según Carrió, el método excepcional de designación en comisión previsto por el artículo 99 inciso 19 "no es aplicable a la Corte Suprema, cuyos miembros deben ser designados mediante el procedimiento constitucional específico".

Carrió también advirtió que los antecedentes citados en el decreto presidencial son anteriores a la reforma de 1994, salvo el caso de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes habían sido nombrados por decreto pero solo asumieron una vez que recibieron el acuerdo del Senado.

"La interpretación de la Constitución Nacional debe ser armónica, donde las normas no se contradicen, sino que se complementan. La Reforma Constitucional de 1994 reforzó la independencia del Poder Judicial, limitó la discrecionalidad presidencial en la designación de magistrados, creó el Consejo de la Magistratura y otorgó jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a ser juzgado por jueces independientes e imparciales", indicó.

Por tanto, "cualquier interpretación debe hacerse a la luz de ese nuevo marco constitucional, que impide utilizar ese mecanismo para nombrar jueces de la Corte Suprema", advierte Carrió.

"La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado como inconstitucionales a mecanismos similares en fallos denominados 'Aparicio' y 'Uriarte', reafirmando que la independencia judicial no admite grados ni excepciones", concluyó.