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El Gobierno porteño avanza con la concesión de sus medios públicos bajo amenaza de judicialización

El Gobierno porteño avanza con la concesión de sus medios públicos bajo amenaza de judicialización
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El proceso prevé un canon mensual base superior a los $11 millones en total. La medida genera tensión en la Legislatura, donde la oposición prepara proyectos para frenar la iniciativa.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijó el 20 de abril como la fecha clave para la apertura de las ofertas de la licitación que busca concesionar los medios públicos porteños. El proceso contempla la gestión operativa de las emisoras La Once Diez y La 2X4, junto al Canal de la Ciudad, por un período de cinco años.

Según los pliegos de condiciones, ese día a las 11 am se conocerán las propuestas técnicas y económicas. El canon mensual base se estableció en $1,23 millones para el bloque de las radios y en $10,75 millones para la señal televisiva. La Resolución Conjunta N°7, que formaliza el llamado a través del portal Buenos Aires Compras, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine.

La administración de Jorge Macri fundamentó la decisión en la necesidad de transformar el esquema actual hacia un modelo de inversión privada. El objetivo declarado es el enfoque de los recursos estatales en prioridades de gestión directa, al evitar el financiamiento operativo con ingresos impositivos. Bajo esta modalidad, los adjudicatarios asumirán la programación, el mantenimiento y la comercialización publicitaria; la titularidad de las licencias permanecerá siempre en poder del Estado local.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia en el ámbito legislativo y judicial. Bloques de la oposición, con Unión por la Patria y la izquierda a la cabeza, sostienen que la medida resulta inconstitucional. 

De acuerdo con información publicada por Alejandro Alfie en Clarín, la legisladora Claudia Neira confirmó la presentación de una ley para prohibir la concesión, mientras que Graciana Peñafort analiza la judicialización del caso. El cuestionamiento principal se apoya en el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad, el cual dispone que la gestión de los servicios públicos de radio y televisión debe ser estatal y a cargo de un ente autárquico.

En la Legislatura, el oficialismo cuenta con el respaldo de sus 11 integrantes. Por su parte, La Libertad Avanza evalúa la resolución con una mirada favorable hacia el achique del Estado, pero persisten dudas internas sobre la viabilidad jurídica sin una reforma constitucional previa. En una posición intermedia se encuentran los bloques de la UCR/Evolución y el sector vinculado a Horacio Rodríguez Larreta y a Graciela Ocaña, cuyas posturas definitivas aún son inciertas.

El conflicto alcanza a una estructura que emplea a cerca de 500 personas. La Once Diez, radio pública con casi un siglo de historia, se encuentra nuevamente en el centro de un debate sobre su modelo de propiedad, tras los intentos de privatización durante la década de 1990. El Canal de la Ciudad, surgido en 2003, también atraviesa esta instancia inédita de apertura a la gestión privada total de su contenido y operación.

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