El espejo tailandés de Cristina

Cristina Kirchner reapareció esta semana después de varios meses de ostracismo. La entrevista que concedió a The Washington Post rompe con un prolongado silencio y deja entrever su percepción de fortaleza en un contexto político adverso. La conversación recorre buena parte de una trayectoria ampliamente conocida por los argentinos. Sin embargo, entre el repaso de su carrera política, aparecen dos datos: su clásica crítica al Poder Judicial y un acercamiento, quizás menos esperado, a los estudios asiáticos. Dos pistas que dan origen a este artículo.

Ambos puntos, sin embargo, tienen mucho más en común de lo que podría parecer a primera vista. Y es que, como tantas otras de nuestra vida cotidiana, la situación judicial de Cristina Kirchner también lleva, aunque parezca mentira, una etiqueta "Made in Asia".

Pero para entender ese vínculo es necesario remontarse a 1997, más precisamente al Reino de Tailandia. Allí, tras el fin del régimen militar en 1992, una democracia renovada se disponía a darse una nueva Constitución, destinada a marcar un nuevo capítulo en su historia política. La reforma fue presentada como una de las más liberales, progresistas y democráticas del mundo en desarrollo. También creó un Tribunal Constitucional y otros organismos independientes de control, en un contexto de reformas institucionales que coincidía con una creciente influencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la política económica tailandesa, especialmente después de la crisis financiera asiática de ese mismo año. 

Las primeras elecciones de la nueva democracia tuvieron lugar en 2001. Allí, el ex policía y empresario Thaksin Shinawatra fue elegido primer ministro de Tailandia. Acusado de populista, el nuevo mandatario pronto se convirtió en una figura incómoda para sectores tradicionales del poder, particularmente el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Para 2005, su gobierno ya enfrentaba acusaciones de evasión fiscal y crecientes protestas que exigían su renuncia. En ese contexto, Thaksin decidió convocar elecciones anticipadas para abril de 2006, en las que obtuvo una contundente victoria y volvió a imponerse sobre sus adversarios.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional tailandés anuló los resultados electorales y dispuso el encarcelamiento de los responsables de organizar los comicios. El gabinete de Thaksin convocó nuevamente a elecciones para octubre de 2006. Pero parecía que el destino tenía otros planes para el primer ministro. En septiembre de ese mismo año, mientras Thaksin se encontraba en Nueva York, participando de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas llevaron adelante un golpe de Estado que lo desplazó del poder. Thaksin y su partido quedaron, además, inhabilitados para competir electoralmente durante cinco años.

El proceso de "reorganización" impulsado por las Fuerzas Armadas dio lugar a una nueva Constitución en 2007. Una vez más, se convocó a elecciones y, una vez más, un partido vinculado a los seguidores del ex primer ministro, todavía inhabilitado para participar en política, logró imponerse en las urnas. El resultado volvió a desencadenar un enfrentamiento con el Poder Judicial, que terminó ordenando la disolución de la fuerza política y apartando a sus dirigentes de la arena electoral.

En 2011, la hermana menor del ex mandatario, Yingluck Shinawatra, se presentó a elecciones y obtuvo una contundente victoria. Sin embargo, su gobierno pronto quedó atrapado en una nueva crisis política. Las protestas contra una ley de amnistía que buscaba beneficiar a su hermano llevaron a la primera ministra a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para febrero de 2014. Pero la historia volvió a repetirse. El Tribunal Constitucional anuló los comicios. 

Poco después, la Justicia volvió a intervenir: acusándola de abuso de poder por una decisión administrativa adoptada durante su gestión y ordenando su destitución. La inhabilitación política llegaría meses más tarde. Finalmente, el 22 de mayo de 2014, las Fuerzas Armadas volvieron a tomar el poder mediante un golpe de Estado.

Hay en el reino asiático, según el politólogo tailandés Anek Laothamatas, un cierto desprecio de las élites de Bangkok hacia las decisiones políticas tomadas por el resto del país. De acuerdo con estos sectores, las masas pobres, rurales, provinciales y agrarias no cuentan con la educación suficiente para comprender adecuadamente las cuestiones políticas. Esta supuesta falta de formación, sumada a la pobreza, las convertiría en un blanco fácil para políticos malintencionados, dispuestos a comprar votos para alcanzar el poder.

En ese contexto, las clases acomodadas, urbanas y educadas de Bangkok consideran que tienen el deber moral de deshacerse de esos políticos, incluso mediante el apoyo a golpes de Estado. El objetivo sería garantizar que quienes lleguen al Parlamento sean los khon di: individuos moralmente superiores, budistas devotos y auténticos monárquicos. Estos "tailandeses de bien" serían los verdaderamente capacitados para conducir a la nación hacia el progreso, en oposición a los políticos locales vinculados a las redes de poder rural y a una población considerada incapaz de elegir a sus representantes.

Tailandia es, quizás, uno de los ejemplos más elocuentes de cómo la Justicia puede convertirse en protagonista de la disputa política. Lo que comenzó como un proceso de reforma institucional terminó dando lugar a una sucesión de intervenciones judiciales que alteraron el destino de gobiernos, partidos y dirigentes. Pero Cristina no es la única que puede reconocerse en este espejo tailandés.

Al otro lado del mundo, una escena con algunas similitudes se desarrollaba en Estados Unidos. En diciembre de 2023, a medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 2024, una decisión judicial sacudió el escenario político norteamericano. En Colorado, la Corte Suprema estatal dictaminó que Donald Trump no podía participar en las elecciones primarias republicanas, al considerar que su conducta estaba comprendida dentro de la cláusula de insurrección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. La controversia terminó llegando a la Corte Suprema de Estados Unidos, que debió intervenir para resolver una cuestión que excede lo estrictamente jurídico: hasta dónde podía llegar la Justicia en la determinación de quién estaba habilitado para competir por la Presidencia. 

Finalmente, en marzo de 2024, la Corte Suprema federal revocó la decisión y estableció que los estados no tenían facultades para aplicar por su cuenta esa cláusula a candidatos presidenciales. 

En Brasil, la historia tampoco parece ser demasiado diferente. El episodio más reciente tuvo lugar apenas horas después de conocerse el resultado electoral. Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, ordenó que Flávio Bolsonaro, candidato derrotado frente a Lula, entregara sus pasaportes en un plazo de 24 horas y le prohibió abandonar el país. La medida se adoptó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y ante el riesgo de una eventual fuga. Sin embargo, Flávio no cumplió la orden y terminó abandonando Brasil rumbo a Estados Unidos, tras cruzar por Argentina y Ecuador. El episodio volvió a colocar a la Justicia en el centro de la disputa política. 

Y es precisamente en esa tensión entre la legitimidad de las urnas y la autoridad de las instituciones que la historia tailandesa deja de ser un episodio lejano de la política asiática. 

Según la politóloga francesa Eugénie Mérieau, estos casos ponen de manifiesto algunas de las grandes paradojas de la democracia. Por su propio diseño institucional, los poderes judiciales comparten con las Fuerzas Armadas una fuente de legitimidad distinta de la electoral: el profesionalismo. Ambas son instituciones que se administran a sí mismas mediante mecanismos internos de selección y promoción, a diferencia de los gobiernos, cuya legitimidad depende del voto popular. 

Para Mérieau, el "lawfare" es una manifestación de la fetichización de la ley y de su utilización por parte de los poderes judiciales como una herramienta para preservar el orden constitucional, incluso cuando ello implica actuar en contra de la democracia.