Poder Ciudadano lanzó una fuerte advertencia sobre la situación de la corrupción en Argentina y cuestionó las políticas de transparencia del Gobierno durante su tradicional cena anual, realizada el lunes a la noche en el hotel Sheraton de Buenos Aires.

El presidente de la organización, Martín D'Alessandro, afirmó que "la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica" y sostuvo que en los últimos años "no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad".

D'Alessandro reclamó que el país se ocupe "en serio" del problema y puso el foco en el desempeño argentino en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

Argentina registra actualmente 36 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 104 entre 182 países relevados, de acuerdo con Transparencia Internacional. Poder Ciudadano ya había advertido este año sobre el retroceso del país en ese indicador.

La cena contó con una nutrida presencia dirigentes políticos, empresarios, economistas y representantes del Poder Judicial, aunque la presencia del oficialismo nacional fue reducida.

Entre los referentes vinculados a La Libertad Avanza estuvieron Luis Petri, Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz, mientras que no asistieron miembros del Gabinete nacional.

También participaron figuras de distintos espacios políticos, entre ellas Rogelio Frigerio, Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carolina Losada, Diego Bossio y Germán Martínez, además de empresarios, economistas, jueces y fiscales.

Poder Ciudadano es el capítulo argentino de Transparencia Internacional y trabaja en temas vinculados con transparencia, integridad pública y lucha contra la corrupción.

"La corrupción en el ámbito público, es un problema que tiene dimensiones múltiples", comenzó D'Alessandro. Según explicó, "es un problema moral, de comportamiento individual pero también colectivo; es un problema estatal, porque obtura la efectividad de las políticas públicas; es un problema republicano, porque restringe el imperio de la ley y la igualdad ante la ley; es un problema democrático, porque aumenta la desconfianza en las instituciones del régimen, y es también un problema económico, porque limita el crecimiento y la asignación eficiente de los bienes públicos".

D'Alessandro sostuvo que el problema mantiene plena vigencia en el país.

"En nuestro país, además, la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica. De hecho, en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía", afirmó.

También mencionó el desempeño argentino en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. "Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100. Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años", señaló.

Para el presidente de Poder Ciudadano, la cuestión también tiene consecuencias económicas.

"Entonces resulta imperioso ocuparse de este tema en serio de una buena vez", sostuvo. Y añadió: "Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones, y para un país que pretende mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, este mal desempeño debiera generar alguna inquietud, y alguna respuesta".

Uno de los pasajes más críticos estuvo dedicado a las decisiones adoptadas en los últimos años.

"Sin embargo, la Argentina parece ir en la dirección contraria. En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad", afirmó.

Como ejemplo, mencionó iniciativas destinadas a reducir "la cantidad de juzgados con capacidad para investigar la corrupción de los funcionarios".

También cuestionó el proyecto denominado de "inocencia fiscal", que, según describió, "originalmente habilitaba a que los funcionarios públicos pudieran blanquear su dinero no declarado sin tener que dar explicaciones".

D'Alessandro dedicó otro tramo de su discurso a las reglas de financiamiento político.

Sobre el proyecto de "reforma política", sostuvo que incluye, "en contra de las tendencias y las buenas prácticas globales, la liberación de los límites a las donaciones de dinero en las campañas electorales, y la habilitación a campañas paralelas sin controles".

Además, cuestionó "el aumento exponencial del gasto en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas".

En ese mismo pasaje habló de lo que definió como "el aval sistemático a mentiras y dilaciones, para ocultar enriquecimientos a todas luces sospechosos en el ejercicio de la función pública, como hemos visto este año, en un espectáculo inédito por su combinación de arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia".

El titular de Poder Ciudadano vinculó la calidad institucional con la llegada de inversiones.

"No parece casual, entonces, que según el último informe sobre inversiones de la OCDE, la Argentina haya caído al último lugar de la región en recepción de inversiones extranjeras", sostuvo.

Y agregó: "Es más, si son correctas las estimaciones que la corrupción hace perder al país entre 8% y 10% del PBI al año, imaginemos lo rentable que podría resultar la lucha contra la corrupción".

D'Alessandro también puso en discusión la idea de que una reducción del tamaño estatal sea suficiente para terminar con la corrupción.

"En la lucha contra la corrupción hay que ser proactivos, porque sencillamente no es correcto el diagnóstico que 'la corrupción va a desaparecer con el solo achicamiento del Estado'", afirmó.

"Por supuesto que las regulaciones desmedidas pueden ser una fuente de corrupción, pero la desregulación acrítica también puede dar oportunidades para el aprovechamiento de la debilidad del Estado", agregó.

Como ejemplo, recordó una denuncia realizada por Poder Ciudadano ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por el ingreso al país de autos de lujo declarados como vehículos de colección luego de la eliminación de determinados trámites y controles.

Según relató, a partir de esa presentación "se detectó un posible delito de contrabando agravado, se sancionó a funcionarios, se modificó la normativa y se elevó el caso a la Justicia Penal Económica".

"Casos como este, demuestran lo necesario tanto de un diagnóstico más sofisticado del problema, como de la fortaleza de las instituciones y la participación de una sociedad civil atenta", afirmó.

D'Alessandro reivindicó luego el papel de las instituciones en el desarrollo económico.

"Las instituciones importan, y es necesario no degradarlas, sino por el contrario, reforzar la confianza social que reciben. Lo que estamos diciendo es que la transparencia y la democracia no son elementos meramente decorativos en el crecimiento económico de los países", señaló.

Y remarcó: "Ningún resultado, ninguna política pública, ninguna ideología, ninguna lealtad partidaria, justifica correr los límites de la democracia, sacrificar los principios del republicanismo o tolerar la corrupción".

Para D'Alessandro, además, el crecimiento económico no garantiza por sí solo el fortalecimiento democrático. Luego planteó el razonamiento inverso: "Las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad, reducen la incertidumbre económica, y mejoran las condiciones para atraer inversiones y acceder al crédito".

Otro de los ejes centrales del discurso fue la participación ciudadana.

"La participación de la sociedad civil debería ser entendida como un aporte, no como un estorbo", aseguró D'Alessandro. Sin embargo, advirtió que observa "una intolerancia que no para de crecer, y la reducción de las instancias de participación de la sociedad civil".

En ese punto apuntó directamente contra medidas del Gobierno nacional.

Y detalló: "Al decreto que limitó el acceso de los ciudadanos a la información pública, se suma ahora el decreto que elimina la participación y consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces".

D'Alessandro también cuestionó dos proyectos enviados al Congreso.

Sobre el proyecto de "regulación del lobby", sostuvo que "se busca controlar y someter a las miles de ONGs que tiene el país a un régimen de vigilancia que exige informar al Estado prácticamente todos sus movimientos".

A continuación se refirió al proyecto de "defensa de la soberanía nacional".

"Se pretende limitar nuestra libertad de opinión. Y en ambos casos se prevén ambiguos delitos de prisión, lo que nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa", afirmó.

"Esperamos que el Congreso advierta los peligros para la democracia y la inconstitucionalidad de estos artículos, que para nosotros son evidentes", agregó.

El diagnóstico derivó luego en un cuestionamiento más general sobre la relación entre el Estado y la sociedad.

"En resumen, los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos", resumió D'Alessandro.

Y preguntó: "¿Cómo vamos a recuperar ese valor esencial para la democracia que es la confianza en la política y las instituciones, si vemos que es el mismo Estado el que desconfía de su propia ciudadanía? ¿Qué podemos hacer entonces para ayudar?".

D'Alessandro recuperó entonces las palabras pronunciadas en abril de 1989 por Marta Oyhanarte, fundadora de Poder Ciudadano, en la primera convocatoria pública de la organización.

"Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia", había planteado Oyhanarte.

También había señalado: "Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados. El espíritu que guía a Poder Ciudadano es la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa. Defendemos una filosofía de vida que permita consolidar la ética en la política, la vida constitucional y el Estado de derecho".

D'Alessandro sostuvo que esa "marca de nacimiento" continúa guiando a la organización y convocó a la sociedad a compartir esa filosofía.

En el tramo final, el presidente de Poder Ciudadano reivindicó la trayectoria de la organización y rechazó que su actividad pueda interpretarse como antipolítica.

"Nunca tuvimos una posición antipolítica, ni alimentamos los escándalos, ni el fanatismo punitivo, ni el falso moralismo (de creer, por ejemplo, que hay personas que son moralmente inferiores a otras por sus ideas políticas)", afirmó.

"Por el contrario, hemos difundido una visión pluralista, constructiva, sistémica, de reforzar la transparencia preventiva, los controles, la rendición de cuentas. En definitiva, la calidad institucional", sostuvo.

Y sintetizó: "Por eso para Poder Ciudadano, las instituciones importan siempre, gobierne quien gobierne".

El cierre volvió a poner el foco en la participación ciudadana.

"Cuando cada ciudadano se repliega en su mundo privado, la esfera pública se empobrece. Y un país con una vida pública lánguida queda vulnerable frente a la amenaza, siempre acechante, del autoritarismo", advirtió.

"En cambio, cuando una sociedad se organiza y exige, refuerza la confianza entre la gente y las instituciones del Estado, y entonces las probabilidades de autocratización disminuyen, y las probabilidades de desarrollo aumentan", concluyó.