El oficialismo parlamentario aspira a iniciar la segunda parte del año con la aceleración del debate del proyecto de reforma política que tiene como eje principal la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias); proyecto que siempre impulsan quienes gobiernan y resisten los opositores.

De lograrse, el sistema se retrotraería a 2007, última elección presidencial en la que no se utilizó esta "gran encuesta" para definir quiénes competirían.

La suspensión en 2025 tuvo una aplicación parcial ya que fue una elección de medio término en la que sólo se disputaron cargos legislativos.

El flamante Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el funcionario Eduardo "Lule" Menem trabajan con los gobernadores para intentar convencerlos de las bondades de eliminar las PASO.

Como principal herramienta para negociar apelan a que la mayoría de los mandatarios provinciales aliados del gobierno no tienen una figura nacional que los encolumne como candidato a la presidencia.

"No hay lugar para terceras vías o anchas avenidas del medio, está todo muy polarizado", dicen cerca de los principales referentes de La Libertad Avanza, lo que interpretan como un escenario favorable para hacer confluir a los gobernadores bajo la figura de "El León".

Para ello se busca un consenso en que la LLA no obstaculizaría la reelección de esos mandatarios provinciales, a partir de la presentación de candidatos más débiles o de campañas moderadas. Teniendo en cuenta que la mayoría de las provincias adelantan sus comicios, esa sería la garantía de que en las nacionales, el oficialismo nacional les guardará casilleros importantes para que puedan revalidar sus bancas en el Congreso Nacional.

Entrarían en ese esquema Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza, entre otras.

En los cuatro distritos más grandes del país, Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe, el escenario es distinto: allí el radicalismo y el PRO aún mantienen un peso importante y son dos partidos que históricamente reivindicaron las PASO.

Igualmente, agosto marcará el puntapié inicial de una negociación que recién podría definirse sobre fin de año. Es que en muchos distritos prefieren esperar unos meses para ver cómo marcha la economía.

En ese sentido tampoco están ajenos a que parte de la suerte del Gobierno está atada a la de Donald Trump en Estados Unidos, quien tendría dificultades para imponer a su sector político en la elección de medio término a realizarse en noviembre.

Con esos elementos, los gobernadores evaluarán qué posición tomar, en un escenario en el que se ven cómodos con el hecho de tener un interlocutor de la "vieja política" (o casta) que entiende mejor sus necesidades y sus potencialidades, algo que exhibió Guillermo Francos en el inicio de su gestión y de lo que carecieron Lisandro Catalán y Manuel Adorni.

Igualmente, por lo pronto la relación se encuentra en etapa de "testeo" ya que en los dos años y medio de Gobierno libertario los mandatarios provinciales vieron pasar funcionarios que prometían determinadas cosas en pos de los consensos, y luego no cumplían, incluido el propio Francos en su etapa final.

Basta recordar al salteño Gustavo Sáenz, casi un libertario más en los dos primeros años de Gobierno, reclamando en noviembre de 2025 frente a las rejas de Casa de Gobierno por "incumplimiento de lo firmado".

O la reciente promesa de "zonas cálidas" para que los diputados de bloques provinciales del NOA acompañaran la mutilación de las "zonas frías". Levantaron la mano en la Cámara baja, pero el proyecto hace un mes y medio que duerme en los cajones del Senado porque prima la desconfianza.

Además del tema de las PASO, el proyecto tiene otros puntos a consensuar como la propuesta de duplicar el mínimo de distritos exigidos para los partidos nacionales y aumentar los requisitos de afiliación para garantizar mayor representatividad.

Además, propone cambios en la Boleta Única de Papel (BUP), donde puntualmente, retoma la idea del casillero para votar la lista completa, punto impulsado por LLA que había quedado en el camino cuando se votó el proyecto de suspensión de las primarias para la elección legislativa de 2025.

Otro artículo del texto pretende eliminar los espacios de publicidad gratuitos y se incluyen en el proyecto las limitaciones para los candidatos sin condena firme e inhabilitar a personas que cuenten con condenas penales ratificadas en segunda instancia.

Este último tema choca con la estrategia del PRO que, insistente en adjudicarse el patentamiento de la denominada "Ficha Limpia", pretende votarlo en un texto que se debata por fuera de la reforma electoral.

En este panorama, la posibilidad de una nueva suspensión de las PASO aparece con bastantes probabilidades, aunque todavía no se descarta que se pueda desarrollar esa instancia sin la obligatoriedad.

Esto último depende del radicalismo, el partido que tiene la llave para la aprobación del proyecto, con sus 10 senadores y 12 diputados (divididos en tres bloques).