El nivel de vida de Sergio Berni combina la política bonaerense con un millonario patrimonio inmobiliario en la Patagonia.

Pese a desempeñarse actualmente como senador de la provincia de Buenos Aires, el exministro pasa gran parte de sus días radicado en San Carlos de Bariloche.

Investigaciones periodísticas de medios como Clarín revelaron que viaja constantemente entre Buenos Aires y Bariloche utilizando pasajes oficiales del Congreso emitidos a través de los cupos de su pareja, la diputada nacional Agustina Propato.

Su punto de base es una mansión de 1.000 metros cuadrados en la península San Pedro, valuada en más de un millón de dólares, equipada con cámaras de seguridad HD y bajada propia al lago Nahuel Huapi. Además, posee departamentos de alquiler turístico en la zona de Melipal.

Las denuncias penales presentadas en los tribunales federales por enriquecimiento ilícito y lavado de activos se basan en la enorme brecha de su evolución patrimonial, señalando que sus ingresos como funcionario público no coinciden con sus millonarios bienes.

Denuncias de la Coalición Cívica expusieron que su patrimonio neto declarado creció 110% en solo tres años, coincidiendo con la pandemia y su rol como ministro de Axel Kicillof, pasando de US$ 1,4 millones a más de US$ 3 millones bajo valores oficiales.

Para los denunciantes, el patrimonio real de Berni está "dibujado" mediante valores fiscales mínimos. Mientras los informes de mercado valúan la casona de Bariloche en alrededor de US$ 1 millón, el funcionario intentó justificarla declarándola a un valor fiscal de apenas US$ 300.000.

Gran parte de sus complejos turísticos, cabañas y terrenos en Santa Cruz y la Patagonia se canalizan legalmente a través de sociedades anónimas de su propiedad, como Logística Integral Río Turbio, lo que dificulta el cruce de datos sobre el origen real del dinero utilizado para adquirirlos.

A raíz de los bienes no declarados y las propiedades descubiertas en la Patagonia, Berni enfrenta un expediente penal radicado bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad documental.

Si bien el actual senador argumenta públicamente que sus ingresos provienen de su actividad como médico, empresario y director de sus propias firmas fuera de la política, los denunciantes sostienen que resulta incompatible ejercer cargos públicos de máxima exigencia horaria y, en paralelo, justificar ganancias millonarias por supuestas consultorías o asesorías privadas.