En la democracia argentina hay un elefante en la sala que hoy parece ser invisible. Quizás su invisibilidad radique en que, con los binoculares del 2025, una derrota presidencial de La Libertad Avanza parece lejana y poco probable. Tal vez, para que el elefante deje de ser invisible, haya que empezar por nombrarlo. A esos fines, sirve recordar que, para esta misma etapa de su mandato, en mayo de 2017, Macri tenía un mayor porcentaje de aprobación que el que tiene Milei hoy. 

En la montaña rusa argentina nada es predecible y dos años tienen la intensidad de una década. 

Milei puede perder en 2027 y no es descabellado pensar que pueda actuar del mismo modo que su socio político brasileño y que su jefe político norteamericano.

Si bien en este año las elecciones son legislativas, es mejor abrir el interrogante temprano y no tarde: ¿cómo actuaría Milei en un escenario de derrota presidencial? ¿Podría imitar a Trump y Bolsonaro? A diferencia de estos, ¿podría Milei tener éxito en su intento? Actualmente, ningún dirigente opositor habla del tema en un año electoral, que paradójicamente asignará bancas a miembros del Congreso que, de suceder, tendrían que lidiar con el tema dentro de dos años.

Hagamos el ejercicio de recordar el momento económico y político de mayo de 2017 para reflexionar sobre la actualidad y proyectar el 2027.

Las tapas de los diarios anunciaban que la inflación interanual había bajado al 24% y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, celebraba el dato en diversas entrevistas. Los fondos frescos de múltiples créditos permitían un dólar barato, y el aeropuerto de Ezeiza rebalsaba de clase media. El carry trade era el deporte nacional y Cambiemos se encaminaba a ganar las legislativas de octubre. Ya se discutía si el sucesor presidencial en 2023 iba a ser Horacio o María Eugenia. No valía la pena hablar de las elecciones de 2019 porque parecían un trámite. Cualquier parecido con 2025 es mera coincidencia.

Pero en 2018 los dólares para el carry trade y Miami se acabaron, y llegó el colapso económico. El Fondo Monetario Internacional —vía Donald Trump— dio su apoyo con el mayor préstamo de su historia, violando su propio estatuto. Pero ni así alcanzó. En noviembre de 2019 la inflación interanual fue del 54%, la pobreza se disparó y Macri se convirtió en el primer presidente en ejercicio en postularse a la reelección y no triunfar, con el agravante de perder en primera vuelta. 

Tal vez sea momento de pensar qué haremos en 2027 si el proceso económico se repite y el apoyo presidencial se derrumba, considerando que Milei ya declaró públicamente que de la Casa Rosada solo se va "con los dos pies para adelante". No sabemos si su afirmación aplica también en caso de perder las elecciones.

Los antecedentes no son auspiciosos. En 2023, tanto en las PASO como en las elecciones generales, Milei denunció fraude de manera preventiva y sin prueba alguna. Luego ganó y devino abstracto insistir con esa narrativa, pero la semilla está plantada.

Recientemente se conoció que el Gobierno encargó una encuesta para medir hasta dónde los argentinos apoyarían —o al menos tolerarían— un régimen no democrático. En esa misma línea, los decretos del Ejecutivo hoy legislan en materias exclusivas del Congreso Nacional e intentan nombrar jueces de la Corte Suprema.

Sobran además tuits y declaraciones en las que el Presidente se opone abiertamente a la democracia. Por dar un simple ejemplo, en su campaña de 2021 a diputado nacional, durante una entrevista en TN con Luciana Geuna, evitó pronunciarse a favor del sistema democrático ante la insistencia de la periodista.

La duda entonces no es tanto lo que Milei querría hacer, sino lo que podría hacer. Para eso, los espejos de Trump y Bolsonaro pueden ayudar a predecir —y moldear— el futuro.

El asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021 y la toma de los tres poderes en Brasília el 8 de enero de 2023 pusieron a la vista de todos procesos que venían gestándose en el seno de los poderes ejecutivos de EE.UU. y Brasil cuando comenzaba a perfilarse su derrota electoral. Hay un patrón alarmante en los gobiernos de la nueva extrema derecha panamericana: ante una derrota, recurren a la violencia, la desinformación y la presión institucional para desconocer los resultados y perpetuarse en el poder.

¿Podría ocurrir algo similar en 2027 si Milei no logra la reelección?

Desde el ascenso de Trump hasta Bolsonaro, se observa que, cuando estos líderes pierden legitimidad electoral, desafían el orden constitucional, denuncian fraude —aunque estén ellos mismos gobernando— y apelan al caos para recuperar el control. Trump presionó funcionarios, presentó demandas y alentó el asalto al Capitolio. Bolsonaro impulsó protestas masivas y deslegitimó el sistema electoral, lo que culminó en el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Ninguno triunfó, aunque en Brasil la intensidad fue mayor y las chances de éxito, también. Se comprobó la existencia de un plan denominado "Operación Puñal Verdeamarelo" para asesinar a Lula Da Silva, Geraldo Alckmin y Alexandre de Moraes, Presidente, Vicepresidente de la Nación y Presidente del Supremo Tribunal Electoral, respectivamente. Por ese plan está preso nada menos que el General de cuatro estrellas Walter Braga Netto, candidato a Vicepresidente de Bolsonaro, ex Ministro de la Casa Civil (equivalente a nuestro Jefe de Gabinete de Ministros) y de Defensa. 

En ambos casos, varios factores evitaron el éxito de los intentos golpistas. En primer lugar, el Poder Judicial fue clave: en EE.UU., la Corte Suprema y tribunales federales rechazaron las demandas de Trump. En Brasil, el Supremo Tribunal Electoral y el Supremo Tribunal Federal sancionaron a los responsables. Hoy, las noticias brasileñas dan cuenta cotidianamente de nuevos elementos del complot y de detenciones de figuras clave del primer anillo de confianza de Bolsonaro, que ya se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos y puede ir a prisión en cualquier momento.

En segundo lugar, las Fuerzas Armadas no respaldaron de forma unánime los intentos golpistas. En Brasil, aunque hubo sectores afines, la oposición del jefe del Ejército, General Freire Gomes, y del comandante de la Fuerza Aérea, Teniente Brigadier Baptista Junior, fue decisiva. Para desincentivar el golpe, fue determinante la postura del gobierno de Joe Biden, que al detectar similitudes con lo ocurrido en el proceso eleccionario norteamericano, jugó fuerte para que no se consolide un trumpismo tropical. Dicha agenda formaba parte del núcleo de prioridades de la administración demócrata en términos de política interna. Al igual que la política de EE.UU. con Cuba está más determinada hoy por los votos del estado pendular de Florida que por intereses geopolíticos, el apoyo a Lula Da Silva fue más determinado por el combate a Trump que por una intención de exportar democracia. 

Desde agosto de 2021, tras la visita a Brasil de Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, EE.UU. expresó preocupación por la retórica de Bolsonaro y la posibilidad de que no aceptara una derrota. Desde entonces, funcionarios de alto rango —como Lloyd Austin, Secretario de Defensa, Laura Richardson, Jefa del Comando Sur y William Burns, Director de la CIA— se reunieron con militares brasileños para enfatizar el respeto al proceso electoral y advertir sobre las consecuencias de apoyar maniobras anticonstitucionales. Cuando la inteligencia estadounidense confirmó que había una posibilidad concreta de golpe, el secretario de Estado Antony Blinken advirtió públicamente a los militares brasileños para que desistan, desencadenando una ola de acciones en igual sentido de la comunidad internacional. A diferencia del impeachment a Dilma y la Operación Lava Jato, donde la administración de Obama fue, al menos -y siendo generosos- condescendiente, aquí actuó activamente para limitar el espíritu destituyente.

Ese factor no existirá para Argentina: el mandato de Trump se extiende hasta 2029. No hace falta explicar que Argentina se comporta como un anexo geopolítico de EE.UU., y la Casa Blanca buscará sostener a su principal aliado regional a como dé lugar. Solo de ese modo se explica el nuevo préstamo de US$ 20.000 millones del FMI a un país sin capacidad alguna de repago, que además representa casi la mitad del total de toda la cartera de créditos de la institución parida en Bretton Woods.

¿Qué actores serán determinantes entonces?

Si Milei pierde en 2027, serán clave el Poder Judicial, el Congreso y las Fuerzas Armadas para garantizar la continuidad democrática. Aunque esto requerirá no solo independencia institucional, sino una ciudadanía activa que respalde esos principios vía movilización popular. 

En Brasil, la dirigencia que compone la coalición que hoy gobierna vio venir el peligro y se preparó con tiempo. Concientizar a la opinión pública y activar instancias de diálogo y negociación con la justicia, las fuerzas armadas, el poder mediático y el poder económico fue esencial.

En Argentina, si bien la democracia está consolidada y sus instituciones han funcionado hasta hoy, atravesamos una ruptura de consensos y un corrimiento del umbral de lo posible en términos institucionales como no se vio desde 1983. Nada debe darse por sentado. Es mejor ser tildados de exagerados que ser tomados por sorpresa.

Tenemos un problema: el desconocimiento generalizado sobre cómo funcionan el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos argentinos saben cómo opera la Justicia electoral o quién es el presidente de la Cámara Nacional Electoral? Alexandre de Moraes fue una figura clave en Brasil como presidente del Tribunal Superior Electoral. ¿Cuántos saben que el Dr. Santiago Corcuera ocupa la Presidencia de la Cámara Nacional Electoral argentina?

Lo mismo aplica a las Fuerzas Armadas y sus autoridades ¿Existe diálogo entre la dirigencia opositora y las conducciones militares? Desde 1983 no fue necesario preguntárselo porque ningún presidente generó dudas sobre su compromiso democrático. Eso cambió. 

De todos modos, en este último punto hay que destacar que el poder y las posibilidades de las tres armas en Argentina es enormemente menor que en Brasil. La baja legitimidad de los militares en Argentina hasta hoy es producto de cómo terminó la última dictadura: derrota en la guerra de Malvinas, crisis económica y social severa, distribución regresiva de la riqueza sin precedentes consumada y -para ese último fin- el plan sistemático de desaparición y tortura más cruento de todos los gobiernos militares de América del Sur. 

En cambio, en Brasil el proceso económico de la dictadura fue estable y tuvo un cariz nacionalista, industrial y desarrollista; teniendo además un nivel de represión de menor intensidad, correspondiente también al menor nivel de movilización política y sindical. La transición democrática fue gradual y negociada, como casi todo en la historia del país. Y hasta hoy, la corporación militar goza de prestigio, presupuesto y privilegios inimaginables para los estándares argentinos. No hubo juicios, Nunca Más ni CONADEP y, como se mencionó anteriormente, hace pocos meses Braga Netto fue el primer general de cuatro estrellas (máxima jerarquía) preso en la historia de Brasil.

Respecto al Congreso, toman especial relevancia las elecciones legislativas de este año porque los legisladores votados serán algunos de los que tengan que lidiar con un potencial escenario de esta naturaleza. La cuestión democrática no es un tema que esté en la agenda de ningún partido de la oposición. Quizás sea hora de aprender de la experiencia brasileña y poner el tema sobre la mesa para limitar las posibilidades de concreción. 

En lo que compete a la sociedad civil, debemos decir que en EE.UU. y Brasil la movilización popular no jugó un papel decisivo para impedir los intentos de golpe, más bien lo contrario, habiendo más movilización a favor que en contra del golpe. En este punto Argentina tiene una gran ventaja comparativa, ya que el nivel de movilización popular democrática es considerablemente mayor, tanto de las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos como de los individuos. Aquí radica el principal factor que explica la prisión de Lula y la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una ola regional de procesos judiciales que -casualmente- solo condenan a líderes del mismo campo político.

Por último, no se puede esperar nada de instituciones regionales como la UNASUR, la CELAC o el MERCOSUR con su cláusula democrática. Hace años están desarticuladas o sin capacidad de reacción. Otrora útiles para ejercer presión ante intentos de golpe o derivas autoritarias, hoy se encuentran ausentes, pudiendo ver su inacción o falta de resultados en procesos como el de Jeanine Áñez o Nicolás Maduro -que por cierto tiene más en común con Milei que lo que ambos querrían-.

El debate sobre la democracia no puede ser reactivo. Prevenir implica actuar con anticipación, fortalecer la cultura democrática y blindar las instituciones. Para que un proceso como el de Brasil o EE.UU. no tenga lugar en Argentina con un presidente similar en Balcarce 50 hay que empezar por hablar del tema. 

El momento para abrir ese debate es ahora.