En octubre se definirá quién ocupará el Palacio del Planalto, pero también dónde residirá la última palabra sobre las urnas, los jueces, los aranceles, los recursos estratégicos y la política exterior brasileña. Se elegirá una capital: Brasilia o Washington. 

La elección está lo bastante reñida como para que la presión externa pueda ser decisiva. Quizás baste solo con torcer unas décimas para hacer la diferencia.

Las últimas encuestas muestran una primera vuelta muy cerrada, casi un balotaje anticipado. AtlasIntel/Bloomberg ubicó a Lula en 45,8 % y a Flávio Bolsonaro en 43,4 %; Datafolha los midió en 40 % y 36 %, y Quaest, en 37 % y 33 %. En los escenarios de segunda vuelta, los tres institutos registraron empates técnicos. 

La ventaja numérica cambia de manos de un sondeo a otro, pero la disputa está abierta. La moneda está en el aire y puede caer de cualquiera de los dos lados. 

En una competencia así, un arancel puede convertirse en un spot. Una sanción puede transformarse en argumento de campaña. Y una plataforma extranjera que amplifica mensajes puede pesar más que un acto partidario.

Antes de las elecciones de 2022, la administración de Joe Biden utilizó su influencia para desalentar una ruptura institucional. Ante las señales de que Jair Bolsonaro podía desconocer una derrota, el secretario de Estado, Antony Blinken, y el director de la CIA, William Burns, entre otros funcionarios, transmitieron a interlocutores civiles y militares que un golpe aislaría a Brasil. Luego, Washington reconoció rápidamente la victoria de Lula. 

Biden acababa de sobrevivir políticamente al intento de Donald Trump de desconocer las elecciones de 2020 y al asalto al Capitolio. Necesitaba bloquear la consolidación de un trumpismo latinoamericano. Eso tuvo un resultado concreto: ayudó a reducir el margen para una aventura militar. 

Con Trump, esa misma capacidad de presión cambió de dirección. En 2025, la situación judicial de Jair Bolsonaro se convirtió en argumento para imponer un arancel extraordinario, revocar visas y sancionar, bajo la Ley Magnitsky, al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator del proceso en el que un panel del tribunal condenó a Bolsonaro. 

La carta de Trump habló de una supuesta caza de brujas. La Justicia brasileña siguió su curso, reunió pruebas y Bolsonaro fue preso por la trama golpista. 

Antes del arancelazo, Brasil había intentado bajar la temperatura: celebró al menos diez reuniones comerciales, presentó una propuesta en mayo y moderó deliberadamente la agenda de la cumbre de los BRICS para no provocar a Trump. 

La respuesta llegó el 9 de julio de 2025 en forma de carta y de una sobretasa que elevaba al 50 % el gravamen sobre buena parte de las exportaciones alcanzadas. Un terremoto. 

En el Palacio del Planalto, Celso Amorim tradujo de urgencia la carta para Lula. El 30 de julio de 2025, el canciller Mauro Vieira y Marco Rubio se reunieron en secreto fuera de la sede del Departamento de Estado, en las oficinas del estudio King & Spalding, con ayuda de contactos de Embraer. La escena resumía la relación: la mayor potencia del hemisferio convertía un conflicto judicial brasileño en una negociación comercial clandestina.

El capítulo financiero fue todavía más delicado. Según la revista Piauí, Visa y Mastercard pidieron a los bancos cancelar las tarjetas del juez Alexandre de Moraes. 

El presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, advirtió que ningún banco brasileño sobreviviría a una ruptura de sus canales en dólares, y se analizaron alternativas de emergencia. En una sola jornada, las acciones de los bancos brasileños perdieron cerca de US$ 10.000 millones de valor de mercado. No era descabellado pensar que el episodio podía escalar. La FIN, Confederación Nacional de las Instituciones Financieras de Brasil, estaba en pánico. 

Según la investigación de Piauí, los halcones del Departamento de Estado promovieron una sanción contra el Banco do Brasil y Scott Bessent la frenó por el riesgo sistémico. 

También hubo una contraofensiva empresarial. Pilgrim's Pride, controlada por el grupo brasileño de los hermanos Batista, había aportado US$ 5 millones al fondo de la ceremonia de asunción de Trump. Después, Joesley Batista, con un acceso al Salón Oval que pocos tienen, se reunió con el mandatario estadounidense y le explicó que castigar a Brasil estaba fortaleciendo a Lula ante la opinión pública. El clásico rally around the flag ante un embate externo. 

Luego aparecieron varias excepciones arancelarias relevantes, que también las reclamaban industrias estadounidenses que necesitaban insumos brasileños. En los rubros en los que Brasil pisa fuerte en el mercado estadounidense —carne, café, jugo de naranja, celulosa, aviones, entre otros—, el riesgo de aumentos significativos de precios para los consumidores norteamericanos era concreto. 

La ofensiva elefantiásica de Trump en el bazar brasileño empezaba a volverse un costo para el republicano. Ahí comenzó el deshielo. 

El lobby privado brasileño fue fundamental para abrir negociaciones cuando los teléfonos diplomáticos no eran atendidos. Ante las limitaciones que la lógica actual de la Casa Blanca impone a la diplomacia tradicional, el ministro de Hacienda de Lula, Fernando Haddad, habilitó la intervención de actores privados. Varios bufetes de abogados y lobistas contratados por empresas brasileñas lograron llegar al excéntrico primer anillo de Trump. En Washington, hasta la soberanía necesita lobby.

La ofensiva no terminó con el arancel de 2025. Apenas cambió de objeto. El centro dejó de ser la libertad de Jair Bolsonaro y pasó a ser la competencia de 2026, con Flávio Bolsonaro, su hijo mayor, como principal candidato opositor.

El respaldo tuvo también su vidriera pública. El 2 de junio de 2026, Trump publicó fotos con Flávio y lo elogió como "un joven inteligente que ama mucho a su país". Su aliado Jason Miller fue más explícito: llamó a votar por Flávio y proclamó que "basta una elección para cambiarlo todo".

El cálculo electoral quedó por escrito. En una presentación ante el USTR —la oficina comercial estadounidense—, conocida el 2 de julio, Flávio pidió postergar los nuevos aranceles hasta después de las elecciones para evitar una "victoria política" de Lula. En la audiencia del 7 de julio calificó la coyuntura como el "peor momento" para aplicarlos y defendió instrumentos de presión dirigidos contra individuos. No discutía solamente el castigo: también sus destinatarios y su calendario electoral. 

Los aliados de Trump también midieron el rendimiento de las sanciones. Encargaron a McLaughlin & Associates una encuesta sobre nuevas medidas contra Moraes. La presión sobre un juez brasileño, examinada como herramienta de campaña. 

Un documento enviado por Estados Unidos a Brasil en octubre de 2025 mostró hasta dónde podía llegar esa mezcla. La propuesta contenía 21 exigencias: reclamaba elecciones libres y justas —como si no las hubiera—, pedía que no se detuviera ni se limitara arbitrariamente la participación de "disidentes políticos", protegía a las plataformas digitales estadounidenses e incluía ventajas para empresas norteamericanas en minerales críticos. 

En septiembre de 2026, Lula confirmó que Brasil había recibido el absurdo texto y que Mauro Vieira, su canciller, había ordenado devolverlo sin negociar. 

La cautela importa. Fuentes brasileñas atribuyeron la minuta a niveles inferiores del Departamento de Estado y señalaron que esas condiciones no reaparecieron en las conversaciones posteriores de alto nivel. No hay prueba pública de que Trump hubiera redactado o aprobado personalmente las 21 demandas. Sí hay algo más concreto: una propuesta oficial estadounidense con condiciones de vasallaje vinculó el comercio, la tecnología y los recursos naturales con las reglas de la competencia electoral. 

El trasfondo también es geoeconómico. Brasil combina una base energética relevante —en 2025 registró exportaciones netas de petróleo de 1,7 millones de barriles diarios— con recursos minerales estratégicos para tecnologías de bajas emisiones, como baterías, turbinas y vehículos eléctricos. Además, tiene la segunda reserva mundial de tierras raras después de China. El país gobernado por Xi Jinping es su principal socio comercial y ambos son socios fundadores de BRICS. 

Por eso, que la minuta estadounidense combinara exigencias sobre el proceso electoral con ventajas para sus empresas en minerales críticos admite una lectura más amplia: la presión también se producía en medio de una competencia por las cadenas de suministro, la energía, los mercados y la capacidad de decisión sobre los recursos brasileños. 

Esa superposición de temas tuvo nombre propio: Darren Beattie. En marzo, el funcionario trumpista designado para lidiar con Brasil preparó una visita que combinaba un foro sobre minerales críticos, encuentros con la oposición y una visita a Jair Bolsonaro en prisión. Moraes impidió el encuentro y Lula ordenó revocar su visa. Recursos estratégicos y bolsonarismo, en una misma agenda. 

Flávio hizo después su propio trabajo en Washington. En la CPAC pidió monitoreo internacional y presión diplomática. En mayo fue recibido por Trump y mantuvo contactos con Marco Rubio y J. D. Vance. También solicitó que Estados Unidos clasificara al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas internacionales, una decisión que amplía las herramientas financieras, penales y migratorias de presión estadounidense sobre Brasil. Washington tomó esa decisión poco después. Más allá de la interpretación del vínculo de causa y efecto entre ambos hechos, la secuencia es verificable. 

Al igual que en Venezuela, con el inexistente "Cartel de los Soles", o en Colombia, con las sanciones contra Petro y su entorno, en Brasil la seguridad funciona como excusa de Washington para intervenir en asuntos internos. La clasificación "terrorista" permite trasladar el combate al crimen organizado al terreno de la presión geopolítica. 

La seguridad pública es asimismo un terreno ideal para producir una ventaja política sin pronunciar el nombre de un candidato. Es uno de los principales temas de preocupación de los brasileños en las encuestas y, además, un asunto en el que el gobierno de Lula —y la izquierda en general— no hace pie. 

Trump acusó al gobierno brasileño de no combatir adecuadamente a las organizaciones criminales. Además, la coalición Escudo de las Américas, encabezada por Washington, anunció compromisos de sanciones, restricciones migratorias y cooperación penal, cuya aplicación depende de cada país. En plena campaña, esa agenda refuerza el eje central del discurso efectista de Flávio. 

El otro operador es el exdiputado Eduardo Bolsonaro, también hijo de Jair Bolsonaro. En junio de 2026, la Primera Sala del Supremo lo condenó por coacción en el curso del proceso, en una causa vinculada con su actuación desde Estados Unidos para presionar al Poder Judicial brasileño. Su mandato parlamentario había sido revocado en diciembre de 2025. Instalado en Washington, siguió actuando junto con Paulo Figueiredo, su aliado político. El 16 de septiembre, ambos dijeron haberse reunido con integrantes del Departamento de Estado para reclamar que se restablecieran las sanciones contra Moraes y se extendieran a los también ministros del Supremo Flávio Dino y Gilmar Mendes.

Eduardo también afirmó haber advertido a funcionarios estadounidenses que el Supremo prepararía una excusa para anular una eventual victoria de Flávio. No presentó pruebas. Pero la acusación cumple una función: instala en Washington, antes de que se vote, el libreto con el que podría desconocerse un resultado adverso. Como señaló Steven Levitsky, autor de Cómo mueren las democracias, hay una buena probabilidad de que Trump no acepte una victoria de Lula.

Los permisos de entrada a ambos países tuvieron su propio capítulo: en julio, Brasil negó las visas a los funcionarios estadounidenses Riley Barnes y Samuel Samson. Según autoridades brasileñas, pretendían cuestionar la integridad electoral. 

El 4 de agosto, Washington revocó la visa de la embajadora brasileña Maria Luiza Ribeiro Viotti, invocando tanto ese rechazo como una falsa demora en aceptar al nuevo embajador estadounidense en Brasilia. Si la embajadora sale de Estados Unidos, necesita una nueva visa para reingresar. 

La presión también llegó al sistema interamericano. El diputado republicano Chris Smith, promotor de sanciones contra Moraes, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intensificara el monitoreo de Brasil antes de las elecciones. La ofensiva buscaba otra caja de resonancia. 

Por último, la coordinación bolso-trumpista llegó incluso a los gestos. Según una investigación de UOL, Eduardo y Figueiredo pidieron a interlocutores de la Casa Blanca y del Departamento de Estado que Trump no tuviera un gesto positivo hacia Lula durante la Asamblea General de la ONU, ya que podía beneficiarlo electoralmente. Los presidentes finalmente no se saludaron. No está probado que el pedido haya causado ese desenlace. El episodio sí muestra qué se estaba gestionando: no solo sanciones, sino también la escenografía presidencial. 

La intervención contemporánea rara vez llega con marines. Llega con anuncios, mercados de apuestas, fundaciones, influencers, consultores y plataformas digitales capaces de volver natural una narrativa antes de que la Justicia pueda examinarla.

Ana Luiza Albuquerque reconstruyó en Folha los vínculos del consultor argentino -hoy preso en Bolivia- Fernando Cerimedo con Brad Parscale, exjefe digital de Trump, y las sospechas sobre una granja de cuentas automatizadas. 

Cerimedo, vinculado a la trama golpista por la difusión de falsedades sobre las urnas brasileñas, admitió haber usado automatización. En Bolivia, investigadores encontraron dinero y dispositivos en una dirección vinculada al consultor. Fuera de lo digital, el principal capital de Cerimedo como consultor es su influencia en el círculo MAGA. 

A fines de septiembre apareció un hecho más verificable. Folha identificó al menos once cuentas extranjeras en X, varias ligadas al ecosistema trumpista, que publicaron contenido pago sobre la ventaja de Flávio en Polymarket, una plataforma de pronósticos bloqueada en Brasil. Entre ellas estaba el exdiputado republicano Matt Gaetz. 

La legislación electoral brasileña prohíbe que terceros impulsen propaganda a favor de candidatos y las donaciones extranjeras. El partido Missão —de derecha, pero antibolsonarista— llevó el caso al TSE. 

Una apuesta no es una encuesta y el precio de un contrato en Polymarket no mide la intención de voto. Sin embargo, el gráfico circuló como si fuera una verdad estadística y Elon Musk lo amplificó. En una elección pareja, una señal así puede fabricar clima, atraer cobertura y crear la sensación de que ya hay un ganador. [50]

Son simples ejemplos verificables. Probablemente sean la punta del iceberg de una batería de acciones digitales mucho más compleja.

El 25 de septiembre, otra investigación de Folha agregó una pieza de mayor alcance. Documentos y contactos revisados por el diario mostraron que Rockbridge Network, la red conservadora cofundada por J. D. Vance, llegó a proyectar una instalación en Brasil. El plan describía tres frentes: apoyo a medios conservadores, formación de jóvenes y provisión de datos e investigaciones a legisladores de derecha. También circuló una propuesta de consejo tecnológico dirigida a Flávio, con intereses en tecnología, energía y minería. 

Más allá de los pormenores, lo efectivamente comprobado es que una red íntimamente vinculada al vicepresidente estadounidense exploró construir infraestructura ideológica, mediática y legislativa dentro de Brasil durante el ciclo electoral. Los involucrados sostienen que el proyecto quedó suspendido y no recibió fondos. 

Las grandes tecnológicas estadounidenses aparecen hoy más alineadas con la Casa Blanca que en otros ciclos. En Brasil, además, buena parte de las aplicaciones y redes sociales de uso masivo pertenece a compañías de Estados Unidos. Más sofisticada que en 2022, la inteligencia artificial entra a todo motor en la campaña presidencial brasileña: puede producir contenidos, segmentar mensajes y amplificar narrativas a una escala difícil de seguir desde afuera. Este año, el Observatorio IA nas Eleições registró 413 casos de uso político de IA en redes entre enero y el 15 de agosto; 81 % eran deepfakes. 

El 23 de septiembre, Meta deshabilitó temporalmente la cuenta publicitaria de Lula, luego restablecida, sin explicar públicamente el motivo. Otra prueba mostró la fragilidad de sus controles: la organización Eko presentó quince anuncios políticos falsos creados con IA, pagados desde Estados Unidos y dirigidos a brasileños. Meta aprobó trece. Eran anuncios de prueba y no llegaron a circular, pero atravesaron el filtro. 

El antecedente de la limitación de X en Brasil y el enfrentamiento entre Alexandre de Moraes y Elon Musk —con el respaldo de Lula a Moraes— muestran hasta dónde puede llegar el choque entre la soberanía de un país y las plataformas globales. El problema es que su funcionamiento es opaco y resulta difícil someter a las grandes tecnológicas a auditorías independientes. Esa opacidad dificulta detectar operaciones de manipulación y exigir responsabilidades durante la campaña.

Sería incorrecto afirmar que cada arancel, anuncio digital, reunión u organización responde a un único comando. El gobierno de Trump reúne burocracias, intereses económicos y disputas internas. El Tesoro puede temer una crisis bancaria que el ala radical del Departamento de Estado está dispuesta a provocar. Trump puede buscar una negociación mientras Rubio empuja una línea ideológica más dura. 

Describir el patrón no obliga a inventar una conspiración perfecta. Pero sí hay un marco de acciones repetidas, en el mismo sentido, por actores de un mismo ecosistema.

La disputa también llegó al Congreso estadounidense. El 24 de septiembre, 31 legisladores, entre ellos Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, reclamaron a Marco Rubio explicaciones sobre la presión contra Brasil y un compromiso de reconocer el resultado certificado de las elecciones, cualquiera fuera el ganador. Fijaron el 1 de octubre como plazo de respuesta. La posibilidad de desconocer las urnas ya es objeto de una exigencia formal dentro de Washington. 

Brasil, por su parte, también reaccionó. Un informe reservado de la Agencia Brasileña de Inteligencia, revelado por Folha, elevó a nivel crítico el riesgo de influencia o interferencia estadounidense y fue enviado a la Presidencia, al Tribunal Superior Electoral y al Ministerio de Justicia. El PT, el partido de Lula, pidió investigaciones al Supremo y a la Justicia Electoral. 

Lula, además, llevó el conflicto a la ONU: dijo que Brasil no es el patio trasero de nadie, defendió las urnas y reclamó cooperación contra el crimen en lugar de intervención. 

Al mismo tiempo, el gobierno mantuvo abierta la negociación comercial. Lula anunció que no aplicaría por ahora la ley de reciprocidad mientras continuaran las conversaciones. Los aranceles vigentes en 2026 llegan al 37,5 % en algunos sectores: son distintos del 50 % impuesto en 2025, que luego quedó afectado por decisiones judiciales estadounidenses. 

Más allá de los matices, es posible afirmar sin titubear que la mayor potencia mundial utilizó —o puso a disposición— herramientas comerciales, financieras, diplomáticas, tecnológicas, judiciales, comunicacionales y de seguridad que convergen con los intereses electorales de un candidato alineado con sus prioridades.

El embate fue feroz y, si bien tuvo costos económicos en sectores específicos, no consiguió hacer tambalear a la economía brasileña, no pudo doblegar a su Justicia, ni tampoco imponer las exigencias electorales de Washington. Probablemente esa combinación de factores constituya, hasta hoy, la mayor derrota diplomática de Trump en su segundo mandato.

Lejos está Brasil de la vulnerabilidad extrema a intervenciones norteamericanas que mostraron países como Honduras, Venezuela o Argentina en el último año. 

Brasil llega a las urnas con dos proyectos de relación con el poder mundial. Uno puede discutirse por sus resultados, contradicciones y límites, pero parte de una premisa: las decisiones brasileñas se toman en Brasil. El otro convirtió las oficinas de Washington en una extensión de su campaña y presentó como logros propios las presiones de una potencia sobre jueces, empresas y ciudadanos de su país.

La Argentina ofrece una imagen incómoda del segundo modelo: el virreinal. El presidente se presenta como socio privilegiado de Estados Unidos, pero suele administrar la relación con la obediencia de un gobernador de colonia. Celebra cada aprobación de la Casa Blanca con la felicidad de un alumno que recibe una buena nota. Brasil puede seguir el mismo camino si gana Flávio Bolsonaro.

Lo que se juega en Brasil excede a Lula y a Flávio. Se decide si el país —que reúne cerca de la mitad de la población, el PIB y el territorio de América del Sur— seguirá siendo un actor soberano, capaz de negociar con Estados Unidos, China o quien corresponda desde sus propios intereses, o si aceptará el estatuto de aliado subordinado que hoy exhibe la Argentina.

Los países relevantes de América del Sur se distribuyen hoy en una escala que va desde el aliado —Chile— hasta el alumno aplicado —Argentina— o el tutelado —Venezuela— de la Casa Blanca. En ese escenario, que Brasil mantenga su soberanía resulta crucial. Para toda la región en general y para Argentina en particular de cara a 2027.

En octubre, Brasil elegirá algo elemental: si quiere que su mandatario gobierne desde Brasilia o pida instrucciones en Washington. Si quiere un presidente o un virrey. 

Reminiscencias del slogan de la campaña presidencial argentina de 1946: Trump o Lula.