La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. La Argentina presentó ante la Justicia de Estados Unidos un pedido formal para suspender el proceso de discovery ordenado en el marco del juicio que enfrenta al país con Burford Capital, al denunciar una estrategia de presión sistemática que, según el Gobierno, excede el objeto del litigio y apunta a dañar la economía nacional.

La solicitud fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, y busca frenar tanto el acceso ampliado a información sensible como la moción de desacato promovida por el fondo litigante. 

Desde la Procuración del Tesoro sostienen que las medidas impulsadas por Burford constituyen un uso abusivo del proceso judicial con el objetivo de forzar el cobro anticipado de los USD 16.000 millones establecidos en el fallo de primera instancia, aún bajo revisión.

En el centro de la controversia se encuentra el alcance del discovery, que en las últimas semanas escaló hacia pedidos considerados "intrusivos y desproporcionados" por el Estado argentino. Entre ellos, se incluyó la exigencia de información detallada sobre la ubicación y el manejo de las reservas de oro del Banco Central, un reclamo que fue rechazado de plano por las autoridades nacionales.

La Procuración del Tesoro argumentó ante la Justicia estadounidense que esos activos pertenecen al Banco Central de la República Argentina y están protegidos por el principio de inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser objeto de medidas compulsivas ni de requerimientos informativos. Además, subrayó que cualquier eventual acceso a ese tipo de información dependería exclusivamente del BCRA, lo que refuerza el carácter improcedente del pedido.

Desde el Gobierno también remarcaron que la Argentina cumplió con las obligaciones procesales dispuestas hasta el momento y que realizó un esfuerzo "sin precedentes" para entregar información relevante en el marco del juicio. Sin embargo, Burford sostuvo que existirían omisiones, particularmente en relación con comunicaciones privadas de funcionarios actuales y de gestiones anteriores, y utilizó ese argumento para avanzar con el pedido de desacato.

Para la defensa argentina, ese planteo marca un punto de quiebre. Según la Procuración, el discovery dejó de ser una herramienta probatoria para convertirse en un mecanismo de presión política y financiera. En esa línea, acusaron a la contraparte de intentar interferir en el normal funcionamiento del Estado y de utilizar el litigio como palanca para condicionar decisiones económicas sensibles.

El conflicto se da en un momento delicado para la economía argentina, lo que refuerza la lectura oficial de que el fondo litigante busca "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica. Desde el Ejecutivo calificaron esa estrategia como jurídicamente inaceptable y éticamente reprochable, al entender que apunta a debilitar la posición del país en plena revisión del fallo.

La pulseada judicial tendrá un nuevo capítulo en las próximas horas, cuando ambas partes se enfrenten en una audiencia ya programada ante el tribunal de Nueva York. Allí, la Argentina buscará convencer a la jueza Preska de que limite el alcance del discovery y ponga un freno a lo que considera un accionar abusivo por parte de Burford Capital.

Mientras tanto, el cronograma del caso sigue abierto. El fondo demandante tendrá la posibilidad de presentar nuevos descargos en febrero, lo que podría derivar en nuevas derivaciones procesales hacia marzo. En ese escenario, el Gobierno anticipó que mantendrá una estrategia de defensa firme y que agotará todas las instancias legales disponibles para resguardar la soberanía, y los principios del derecho internacional.