El inicio de 2026 llega con un cambio de reglas en los servicios públicos que impactará de lleno en el presupuesto familiar. Por un lado, el Gobierno puso en marcha un nuevo régimen de subsidios energéticos que reduce la cobertura estatal y endurece los requisitos para acceder a la asistencia. Por otro, comenzaron a aplicarse aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua que, aunque moderados en el arranque, anticipan un sendero de subas sostenidas a lo largo del año. 

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) reemplaza la segmentación anterior por niveles de ingresos y establece una división más simple: hogares que reciben subsidio y hogares que pagan el costo pleno de la energía. El acceso al beneficio queda limitado a quienes tengan ingresos familiares equivalentes a hasta tres canastas básicas totales, lo que deja fuera a miles de usuarios que hasta ahora contaban con algún grado de asistencia. 

Además, el sistema fija topes de consumo subsidiado. En electricidad, solo una parte del consumo mensual tendrá bonificación y el excedente se pagará a tarifa completa. En el gas, los descuentos se aplicarán únicamente dentro de los volúmenes máximos definidos por región y estación del año. En la práctica, esto implica que un mayor uso de energía se traducirá automáticamente en facturas más altas. 

Este rediseño de los subsidios se combina con aumentos ya confirmados en los servicios públicos. En electricidad, enero comenzó con subas promedio cercanas al 2,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y ajustes similares en el resto del país, sujetos a las decisiones de cada provincia. En el gas natural, los incrementos iniciales rondan entre el 2% y el 3%, pero el mayor impacto podría llegar más adelante, cuando se consolide la actualización del precio mayorista y avance la quita de subsidios. 

El servicio de agua y cloacas tampoco queda al margen. AySA aplicará aumentos mensuales de hasta el 4% durante el primer cuatrimestre del año, lo que podría derivar en un incremento acumulado cercano al 17% hacia abril. Las nuevas facturas reflejarán no solo la inflación, sino también el intento de recomponer ingresos tras años de retraso tarifario. 

La combinación de menos subsidios y ajustes mensuales configura un escenario de mayor presión sobre los ingresos familiares. Si bien el Gobierno sostiene que el proceso será gradual para evitar saltos bruscos, el efecto acumulado de los aumentos empieza a sentirse en un contexto donde otros gastos esenciales también siguen subiendo. 

Desde el Ejecutivo argumentan que el reordenamiento tarifario es clave para reducir el déficit fiscal, garantizar la sustentabilidad de los servicios y fomentar inversiones. Sin embargo, para los usuarios residenciales el impacto es concreto: facturas más altas y un margen cada vez menor para absorber los costos de los servicios básicos. 

Así, 2026 arranca con una señal clara en materia tarifaria. Los aumentos iniciales son solo el primer paso de un esquema que apunta a trasladar progresivamente el costo real de la energía y el agua a los usuarios, con un impacto directo en el bolsillo que promete mantenerse en el centro de la agenda económica del