YPF: "No hay fundamentos para que la Corte de Estados Unidos acepte revisar el caso Petersen"

El juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo judicial en Estados Unidos. Mientras Argentina busca sostener el fallo favorable que obtuvo en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, 15 estados estadounidenses se pronunciaron en respaldo de los demandantes y solicitaron a la Corte Suprema que revise la decisión.

La presentación, encabezada por Missouri, se realizó mediante la figura de amicus curiae, que permite a terceros aportar argumentos jurídicos sin convertirse en parte del litigio. Los firmantes cuestionaron la interpretación del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sobre las normas aplicables al caso de YPF.

Los fiscales generales sostienen que el tribunal interpretó incorrectamente la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), al permitir, según su postura, que la legislación argentina impidiera a los demandantes obtener una reparación judicial. Advierten que ese criterio podría establecer un precedente para otros litigios contra gobiernos extranjeros.

El analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, explicó a Clarín que los estados "advierten que el criterio del Segundo Circuito podría servir de hoja de ruta para que los Estados extranjeros eludan las sentencias de los tribunales estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas convenientes para ellos".

Para fundamentar su posición, los fiscales mencionaron las demandas impulsadas por Missouri y Mississippi contra China por presuntas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia de coronavirus. Consideran que una interpretación similar a la aplicada en el caso YPF podría dificultar futuros reclamos ante la Justicia estadounidense.

Desde YPF dejaron trascender que esa preocupación es ajena al caso argentino. "Son casos sustancialmente diferentes, que plantean cuestiones completamente distintas. Las cuestiones que Missouri pretende someter a consideración de la Corte simplemente no están presentes en Petersen", dicen.

A modo de ejemplo de tales diferencias, desde los HQ de YPF en Machaca Güemes son taxativos: "Mientras que el litigio contra China se rige por el derecho estadounidense, en Petersen se aplica el derecho argentino, tal como reconocieron todas las partes".  â Por ello, anticipan que, "como demostrará la República Argentina en su escrito de oposición al pedido de certiorari, no hay fundamentos para que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte revisar el caso Petersen".

La composición política del grupo también generó cuestionamientos. Todos los fiscales generales firmantes son republicanos, salvo el representante de las Islas Marianas del Norte, que es independiente. El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló: "Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es 'independiente'). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo".

Soler también rechazó la interpretación jurídica de los demandantes: "La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio", afirmó.

De acuerdo con su explicación, la Cámara de Apelaciones no evitó intervenir en el caso, sino que resolvió la controversia aplicando la legislación argentina, al tratarse de una disputa vinculada con el estatuto de una sociedad constituida en el país.

Según Maril, durante las próximas semanas podrían presentarse nuevos escritos de amicus curiae, tanto a favor de los demandantes como en respaldo de la Argentina. También podría intervenir el procurador general estadounidense, John Sauer, ex fiscal general de Missouri, si la Corte Suprema solicita su opinión.

Como antecedente, el analista recordó que en 2018 Noel Francisco, procurador general durante la primera presidencia de Donald Trump, se pronunció en contra de la Argentina. Por ahora, la presentación de los estados no modifica el fallo favorable al país, pero suma argumentos al pedido de revisión que deberá evaluar el máximo tribunal estadounidense.