Tarifazo en AySA antes de su privatización: proponen aumentos de hasta el 149% para casi 2 millones de usuarios

Las facturas de agua y cloacas podrían experimentar fuertes modificaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense a partir de una reforma tarifaria impulsada por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La propuesta, presentada antes de la privatización de la compañía, contempla aumentos para casi dos millones de usuarios residenciales, mientras que otros 684.000 recibirían reducciones en sus boletas.

El proyecto será analizado en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y plantea una revisión integral de los criterios utilizados para calcular las tarifas. El objetivo es actualizar un sistema de clasificación territorial que, según la empresa, arrastra distorsiones desde hace décadas y ya no refleja adecuadamente las características socioeconómicas de los hogares.

De acuerdo con la documentación oficial, el 60% de los usuarios residenciales enfrentaría un aumento promedio del 22,6%, adicional a las actualizaciones habituales por inflación. Sin embargo, algunos casos podrían registrar incrementos acumulados de hasta el 149%, aunque la aplicación de esos ajustes sería gradual y dependerá de la aprobación del organismo regulador.

La reforma alcanzaría de manera diferente a los hogares según su ubicación y la categoría tarifaria asignada a cada inmueble. Un total de 1.998.747 usuarios residenciales tendría aumentos, 683.927 recibirían reducciones y otros 672.194 mantendrían sus valores actuales por efecto de la modificación propuesta.

Entre quienes pagarían más, la factura mensual promedio pasaría de $29.116 a $35.710, lo que representa un incremento de $6.594. En cambio, los usuarios beneficiados por las reducciones verían bajar su boleta promedio de $27.889 a $23.798, una disminución del 14,7%.

Los importes corresponden a valores de septiembre de 2026 y no incluyen impuestos. Además, las facturas definitivas dependerán de las actualizaciones tarifarias posteriores y del calendario que se establezca para implementar la reforma.

Aunque el aumento promedio entre los usuarios afectados sería del 22,6%, la variación media para el conjunto de los clientes residenciales alcanzaría el 11,4%. La diferencia responde a que una parte de los hogares mantendría sus tarifas y otra recibiría descuentos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la modificación de los llamados coeficientes zonales, utilizados por AySA para determinar el importe de las facturas según la ubicación de cada propiedad y una estimación de la capacidad económica de sus ocupantes.

Actualmente existen once coeficientes definidos entre las décadas de 1960 y 1980. La empresa propone reemplazarlos por cinco categorías, con valores que irán de 0,75 a 2,75, elaboradas a partir de información del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Según AySA, el sistema vigente presenta importantes distorsiones porque zonas que experimentaron una valorización inmobiliaria permanecen clasificadas en categorías tarifarias bajas. De hecho, el 88,8% de la superficie urbana se encuentra actualmente dentro de ese segmento, una distribución que la compañía busca modificar.

Sin embargo, una parte sustancial del incremento previsto no provendría de la reclasificación territorial, sino de la eliminación de una bonificación del 15% que reciben determinados usuarios. Según los cálculos de la empresa, esa quita explicaría el 54% de la facturación adicional que generaría la reforma.

En concreto, 504.044 usuarios pagarían más exclusivamente por perder ese descuento, sin que el nuevo coeficiente zonal les genere un incremento adicional. Para ese grupo, la eliminación del beneficio podría representar una suba de hasta el 17,6%. Sin esa modificación, el porcentaje de usuarios afectados por aumentos sería del 45%, en lugar del 60%.

La propuesta contempla un mecanismo de transición para evitar que los incrementos más elevados se trasladen de una sola vez a las facturas. Las subas máximas acumuladas podrían alcanzar el 149%, mientras que los ajustes superiores al 100% afectarían al 3% de los usuarios residenciales.

En los casos en que se elimine la bonificación del 15%, la quita se realizaría en tres etapas: primero el descuento bajaría al 10%, luego al 5% y finalmente desaparecería. Según AySA, este procedimiento generaría aumentos de "alrededor de 6% por mes" durante los primeros tres meses.

Cuando un mismo usuario también deba afrontar una suba por la modificación del coeficiente zonal, esa segunda etapa comenzaría a partir del cuarto mes. Para esos cargos, se establecería un límite de incremento del 5% mensual acumulativo, equivalente aproximadamente al 4% de la factura total.

Con este esquema, el 37% de los usuarios alcanzados por aumentos completaría la transición en tres meses, el 63% en seis meses y el 96% dentro del primer año. Los casos con mayores ajustes terminarían de incorporar la nueva tarifa recién en el mes 19. Por su parte, las reducciones se aplicarían íntegramente desde el primer mes.

La reforma todavía no está aprobada. El ERAS deberá definir su autorización, la fecha de entrada en vigencia y las condiciones de implementación, dado que la audiencia pública prevista para este lunes no tiene carácter vinculante.

La discusión tarifaria se produce antes del traspaso de AySA al sector privado, previsto para el 13 de noviembre de 2026. La venta del 90% de las acciones estatales fue adjudicada por US$ 340,2 millones al consorcio integrado por PHX, Rowing, Arcos Saneamento e Participações y Transclor.

Según las estimaciones de la compañía, la reforma generaría unos $140.000 millones anuales de facturación adicional, calculados a valores de septiembre. La propuesta establece que esos recursos se destinen íntegramente a ampliar el programa de tarifa social. "El ingreso final de AySA no aumenta", sostiene la presentación oficial.

Actualmente, el programa de asistencia alcanza a unos 122.000 beneficiarios. La empresa busca ampliar su cobertura y facilitar la regularización de hogares con dificultades de pago, en un contexto en el que la morosidad ronda el 12% y unos 400.000 usuarios no registran pagos durante los últimos cinco años. Para quienes ya reciben asistencia, se prevén ajustes que permitan mantener el importe neto de sus facturas si la reclasificación reduce el descuento vigente.

El proyecto también contempla un recargo del 10% sobre el cargo variable de cloacas para usuarios con medidor del denominado Radio Antiguo, correspondiente al servicio pluvial. Además, recuerda que los clientes pueden solicitar la instalación gratuita de un medidor para que la facturación dependa del consumo de agua y no de la superficie del inmueble, aunque esa alternativa no garantiza una reducción del importe.

La reforma forma parte del plan de acción de AySA para el período 2027-2031, que prevé inversiones por $2,92 billones, a precios de diciembre de 2025, y la instalación de al menos 100.000 medidores domiciliarios por año. La decisión final sobre los aumentos quedará en manos del regulador, en medio de la transición hacia la administración privada de uno de los principales servicios públicos del área metropolitana.