Las aplicaciones llegaron a nuestros smartphones para cambiar la forma en la que consumimos. Pedir comida, comprar un artículo o encontrar un vehículo que nos traslade de un lugar a otro se convirtió en algo normal y habitual. 

Sin embargo, la irrupción de estas apps no estuvo libre de controversias. Modelos de negocio que no tenían una regulación específica o que chocaban con las reglas de servicios similares obligaron a considerar seriamente la necesidad de aggiornar las normas.

Las relaciones -que nacen entre las partes de estas aplicaciones- tienen características propias y, por ese motivo, el Gobierno nacional busca regular para evitar conflictos en el futuro.

Para entender cómo es la situación actual, hay que sumergirse en el escenario global de los vínculos que surgen entre quienes realizan las tareas o prestan servicios y las empresas que crearon estos softwares. 

En efecto, existe una gran discusión en todo el mundo sobre el tratamiento de los trabajadores de plataformas (tanto de viajes y delivery, como de otros servicios) en el que conviven dos posiciones antagónicas. 

Por un lado, existe un grupo que considera a estos trabajadores como independientes (o sea, autónomos), mientras que el otro entiende que se trata de empleados en relación de dependencia.

La propuesta legislativa que analiza el Consejo de Mayo para definir un nuevo marco laboral (que, según pudo saber este medio, es la que se presentará finalmente en el Congreso) toma partido por una.

Al menos así lo manifestó Daniel Guillermo Pérez, quien aseguró que "este proyecto define muy claramente que son trabajadores autónomos" y aclaró que "para eso agrega una ley especial con la regulación del trabajo en plataformas".

El proyecto al que tuvo acceso El Economista establece dos cambios que buscan marcar el camino de la relación entre las partes. 

Por un lado, excluye a estos trabajadores del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Y, por el otro, crea una nueva norma que fija una serie de normas "para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, asegurando la independencia de los repartidores".

Este nuevo esquema plantea, entre otros aspectos, que las partes van a poder acordar libremente los términos de sus contratos y la libertad de conexión para los repartidores independientes de plataforma tecnológica del servicio de mensajería urbana.

Además, establece una serie de obligaciones para cada actor. Así, fija que las empresas deberán aportar información vinculada a la normativa en seguridad vial y a la prestación del servicio o facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial.

Los trabajadores, en tanto, deberán estar inscriptos ante las autoridades fiscales correspondientes y cumplir con las obligaciones impositivas y de seguridad social, así como realizar pagos de los aportes y de un seguro de salud. 

Consultado por este medio, Juan Martín Morando, socio de Legales de BDO Argentina, manifestó estar en el medio sobre la propuesta de excluir a los trabajadores de plataformas de la LCT. "Por un lado, me parece una medida sana y, por otro, no tan sana", sostuvo.

"Sana, porque es un primer intento de poner fin a una discusión que se viene dando en los Tribunales y no tan sana porque el medio elegido para hacerlo no me parece el más idóneo", añadió.

Desde su perspectiva, existe una contradicción en el hecho de crear un régimen especial en el que se aclare que se trata de autónomos, ya que alcanzaría con decir que la relación que se genera entre las partes están regidas por lo que define el Código Civil y Comercial. 

"No haría falta crear una ley para eso. Basta con indicar que se trata de una relación entre independientes", indicó. No obstante, consideró que es necesario hacer un análisis más particular antes de definir esa independencia. 

Morando cree que es necesario hacer una distinción entre trabajadores para poder analizar correctamente el marco normativo más apropiado para cada uno, ya que la situación de un chofer de pasajeros es diferente a la de un repartidor, por ejemplo.

"Si bien está claro que no se trata de una relación de dependencia, hay rasgos que surgen que son propios de ella. El hecho de que la aplicación se encargue de cobrar y luego le abone a los repartidores (incluyendo las propinas) es un claro ejemplo", advirtió.

Y añadió que "para el caso de los choferes parece más clara la autonomía. De hecho, en el Reino Unido, la Justicia se inclinó a categorizar a una persona que inició un reclamo como workers y no como un empleado de la plataforma (en el caso, Uber)".   

Por último, sostuvo que "aprobar una exclusión sin un régimen especial que otorgue un tratamiento especial como trabajador convertiría a la Argentina en el país con el esquema menos protector".

Por su parte, Pérez consideró que adoptar la idea de independencia de las partes "va a traer un sinnúmero de problemas, porque la doctrina laboral se inclina a que sean dependientes y por los grupos de presión (como los sindicatos)".

No obstante, el magíster en Sistemas de Seguridad Social también cree que es problemático tratar a estos trabajadores como dependientes, sobre todo por aspectos relacionados con la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART).

"No hay que olvidar que se trata de personas que están expuestos permanentemente a accidentes y a situaciones muy especiales que se relacionan con la prestación de estos servicios", manifestó. 

Más allá de eso, se mostró convencido de que la reforma laboral terminará siendo aprobada con estos cambios, que consideró necesarios, pero no suficientes. Desde su perspectiva, será necesario algo más.

"Cualquier modificación que se pretenda en la LCT y en una ley especial para la regulación de trabajadores de plataformas necesita, inexcusablemente, una modificación del régimen de trabajadores autónomos", resaltó. 

Pérez recordó que este sistema cuenta con dos versiones actualmente: por un lado, los monotributistas y, por el otro, los autónomos que están inscriptos en el denominado Régimen General. 

Desde su punto de vista, una reforma integral debería incluir un modelo único que sea parecido al que existe en España, en el que las bases no sean presuntas (como en el Régimen Simplificado argentino) sino reales.

Algunos expertos, prefieren esperar a conocer el texto que finalmente se apruebe en el Congreso para realizar un análisis más detallado. Ese es el caso del abogado de Brons & Salas Javier Fernández Verstegen.

No obstante, el especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales coincidió en que es necesario "buscar una regulación que ordene esta situación como así también brinde una tutela a sus participantes, como así también a los terceros y consumidores".

En este sentido, recordó que "a nivel internacional la regulación es diversa, ya que en algunos países se determinó la existencia de una relación laboral, y en otros una forma autónoma de prestación de servicios".

Y concluyó que, sea cual fuera la definición que se adopte, "no debe buscarse una regulación que afecte la potencialidad que esta modalidad tiene o la posibilidad de acceso a un ingreso económico bajo condiciones adecuadas para las personas".

Queda claro que, más allá del texto que se presente y apruebe en el Congreso, el marco normativo merece un nuevo capítulo para analizar especialmente la situación de los trabajadores de aplicaciones.