Los logros del programa económico han sido excepcionales en estos dos años de gestión y hoy son tema de análisis y debate en todo el mundo. Bajo un programa de cinco anclas —fiscal, monetaria, cambiaria, política y geopolítica—, la Argentina está creciendo, bajando los niveles de pobreza, de inflación y batiendo récords de exportaciones. Todo esto sobre bases sólidas, lo que constituye un verdadero cambio de ciclo. 

De cara al futuro, los desafíos pasan por dos cuestiones. El primero es la baja del riesgo país: cómo llevarlo a niveles inferiores a los 400 puntos básicos. El segundo es cómo movilizar el ahorro de los argentinos fuera del sistema, para lo cual necesitamos un nuevo esquema monetario y, en última instancia, terminar con el Banco Central tal como lo conocemos. 

La inflación no la menciono como un desafío porque no requiere más que sostener una política monetaria de sesgo restrictivo basada en una sólida ancla fiscal. El programa de estabilización argentino es, de hecho, más exitoso en su segundo año que experiencias comparables como Israel, Perú o Chile. 

Ahora que la Argentina cuenta con un ancla política que le permite avanzar con reformas más ambiciosas en el Congreso, y que le demostró al mercado una fuerte capacidad de compra de dólares —con compras cercanas a US$ 5.000 millones en lo que va de 2026 y una proyección de entre US$ 12.000 y US$ 17.000 millones para el año—, siendo el Gobierno que más dólares compró a esta altura del mandato y respetando plenamente los derechos de propiedad, se puede pensar en una siguiente etapa del programa. 

Mi propuesta para esta etapa es la Mega Ley Argentum, que tiene tres pilares concretos: la reestructuración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la creación de un Régimen de Depósito de Regularización Diferida (RDRD) y la implementación de una nueva arquitectura monetaria basada en el Dólar Argentum, dando fin al Banco Central tal como lo conocemos.

El primer eje propone una transformación estructural del FGS. El esquema es claro: venta total de las acciones del FGS —gradualmente mediante block trades— y utilización del producido, estimado en aproximadamente US$ 15.000 millones, para comprar deuda soberana en la curva corta (AL29, AL30, GD29 y GD30). 

El resultado es doble. Por un lado, se reduce significativamente el riesgo país mediante la contracción de la deuda en circulación. Por otro, el FGS pasa a tener una cartera 100% compuesta por títulos públicos, alineando su estructura con objetivos macroeconómicos claros. 

Al mismo tiempo, al retirarse el Estado del capital de las empresas, mejoran sus cotizaciones, se elimina el riesgo de interferencia política y aumenta el nivel de libertad.

El FGS se convierte así en un vehículo de garantía para el desarrollo del crédito hipotecario.

El organismo podría cobrar una prima por otorgar garantías totales o parciales sobre instrumentos hipotecarios securitizados emitidos por el sector privado, bajo estándares estrictos de originación: primera pérdida privada, retención de riesgo por parte del originador y cobertura limitada a tramos senior. 

El objetivo es ambicioso pero alcanzable y superable: garantizar hasta US$ 100.000 millones en hipotecas hacia 2031. 

Además, para asegurar viabilidad política, el esquema contempla una distribución federal del cupo de garantías entre provincias, alineando incentivos y facilitando la aprobación legislativa.

El segundo pilar aborda uno de los problemas más persistentes de la Argentina: la enorme masa de ahorro fuera del sistema, estimada en US$ 180.000 millones dentro del país y un número aún mayor en el exterior. 

Se propone la creación de un Régimen de Depósito de Regularización Diferida (RDRD) que permita a clientes bancarios ya identificados —con KYC vigente, por ejemplo mediante cajas de seguridad— ingresar dólares físicos al sistema sin requerir exteriorización fiscal inmediata ni su inclusión en declaraciones patrimoniales mientras permanezcan dentro del régimen. 

Los fondos se canalizarían mediante un vehículo segregado con dos alternativas:

También podría existir una versión offshore de estos instrumentos, suscribible desde bancos de inversión.

El esquema no constituye un blanqueo automático, sino una opción de regularización futura: el tenedor puede mantener el instrumento generando rendimiento o exteriorizarlo mediante el pago de un impuesto reducido. 

Además, se habilita liquidez anticipada con penalidades bajas, preservando incentivos de permanencia.

El objetivo es claro: reducir la barrera de entrada al sistema formal y canalizar ahorro hoy ocioso hacia el financiamiento de la economía, sin fricciones ni riesgos regulatorios significativos.

El tercer eje es el más profundo: la redefinición del sistema monetario. Esto solo puede hacerse si previamente hay una fuerte baja del riesgo país, lo cual debería suceder como producto de la recompra de deuda y el RDRD, permitiendo alcanzar condiciones de mercado para un rollover del 100% de los vencimientos. Esto implicaría que las compras de dólares estimadas para 2026 (entre US$ 12.000 y US$ 17.000 millones) se conviertan en reservas netas.

Argentina tiene y potenciará una tendencia estructural a la apreciación cambiaria y a la acumulación de reservas, lo que habilita la transición hacia un nuevo esquema.

En este contexto, la política monetaria debería tener un objetivo explícito: garantizar la paridad con el dólar en el largo plazo, permitiendo fluctuaciones en el corto y mediano plazo. Esto generaría dos efectos centrales: caída de tasas y aumento de la credibilidad.

La propuesta es reemplazar el peso por una nueva moneda, el Dólar Argentum, que debería iniciar con una paridad 1 a 1 con el dólar, aprovechando el contexto macroeconómico para sostener ese valor sin intervención explícita.

El Banco Central pasaría a operar con características de caja de conversión, aspirando a alcanzar en pocos años el respaldo total de la base monetaria en dólares, Treasuries, oro y títulos públicos en menor medida.

Este esquema debería complementarse con una estructura legal offshore que garantice la intangibilidad de los activos frente al poder político, lo que en los hechos implicaría el fin del Banco Central tal como lo conocemos.

Lo central acá es que el dólar pueda fluctuar frente a un shock significativo (para darle credibilidad al sistema), pero dada la tendencia estructural a la apreciación —producto del superávit fiscal, una política monetaria de sesgo restrictivo, el compromiso de capitalización constante del BCRA hasta alcanzar un respaldo neto total de la base monetaria, y un boom exportador de una magnitud no vista desde fines del siglo XIX—, el Dólar Argentum y el dólar americano, pasado el shock, recuperarán la paridad de cotización.

Y ese debe ser un objetivo explícito de la política monetaria, sin definir un mecanismo explícito ni plazos de intervención, y eliminando el sistema de bandas cambiarias.

Para reforzar el esquema, podría negociarse la activación total del swap con Estados Unidos y destinar esos fondos a US Treasuries, incrementando las reservas.