El Gobierno nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre ellas regulaciones asociadas a los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, además de disposiciones sobre el precio del trigo, los aranceles de colegios privados y mecanismos de atención para consumidores adolescentes. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, en el marco del proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei.

Según explicaron desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, la eliminación de estas normas busca simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores, reducir la burocracia y brindar mayor claridad jurídica. Con estas medidas, el Gobierno asegura haber superado las 240 derogaciones normativas desde diciembre de 2023.

Entre las principales disposiciones eliminadas se encuentran:

Desde el Ejecutivo sostienen que varias de estas regulaciones habían quedado en desuso tras la finalización de los programas o generaban superposiciones administrativas y distorsiones en los mercados.

La resolución también formaliza la eliminación de toda la normativa complementaria vinculada a Ahora 12 y Cuota Simple, programas que buscaban incentivar el consumo mediante compras financiadas en cuotas.

En particular, Cuota Simple, que había reemplazado a Ahora 12 y permitía financiar compras con tarjeta en 3 y 6 cuotas a tasas preferenciales, dejó de estar vigente en junio de 2025. El Gobierno decidió no renovarlo al considerar que el mercado de crédito debía recuperar su funcionamiento sin intervención estatal.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo argumentó que la derogación forma parte de un proceso de “normalización del mercado de crédito”, orientado a restablecer las señales de precios y eliminar distorsiones en la asignación de capital.

Otra de las modificaciones relevantes es la derogación de cuatro normas que exigían a los establecimientos educativos privados informar anticipadamente los valores de sus cuotas. Según el Gobierno, esta obligación incentivaba aumentos preventivos y contribuía a generar distorsiones en la formación de precios.

Asimismo, se dejó sin efecto una normativa asociada a Precios Cuidados, programa creado en 2014 para establecer acuerdos de precios sobre productos de consumo masivo. También fue eliminada la Resolución 236/2021, que habilitaba a adolescentes de entre 13 y 17 años a presentar reclamos de consumo mediante canales específicos.

Desde la administración nacional señalaron que los derechos de los adolescentes consumidores continúan protegidos por la legislación vigente y que la medida apunta a evitar superposiciones normativas y agilizar los procedimientos administrativos. Según el Gobierno, la eliminación de regulaciones consideradas obsoletas permitirá reducir la incertidumbre jurídica, facilitar la interpretación de las normas y avanzar en la desburocratización del Estado.