El Gobierno volvió a poner en marcha en el Senado una de las reformas más ambiciosas de su agenda de desregulación. La Comisión de Legislación General retomó el tratamiento del proyecto que busca reemplazar la Ley 19.550, vigente desde 1972, y modificar de manera integral las reglas bajo las cuales funcionan las sociedades comerciales en la Argentina.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incorpora herramientas que hasta hace pocos años estaban fuera de cualquier legislación societaria: inteligencia artificial, sociedades automatizadas, activos digitales, criptoactivos y acciones representadas mediante tokens. El oficialismo pretende conseguir un dictamen en la próxima reunión de comisión, aunque antes deberá alcanzar acuerdos con sectores de la oposición dialoguista.

Uno de los ejes es la digitalización integral de los procesos societarios. El proyecto habilita registros y libros digitales, permite constituir sociedades mediante firmas digitales o electrónicas y crea la figura de la "sede electrónica", que permitirá realizar determinadas notificaciones legales de manera virtual. La iniciativa se inscribe dentro de la agenda de desregulación que Sturzenegger viene impulsando desde el Gobierno.

También propone modificar el concepto de objeto social. Las compañías ya no quedarían necesariamente vinculadas a una actividad específica y podrían establecer objetos amplios y plurales. Incluso, cuando el estatuto no contemple una actividad determinada, la sociedad quedaría habilitada para desarrollar cualquier actividad lícita.

Uno de los cambios más novedosos es la incorporación de las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO), entidades que podrían funcionar mediante protocolos de gobernanza tecnológica y redes de registro distribuido. El proyecto también habilita que las empresas utilicen sistemas de inteligencia artificial o algoritmos para ejecutar funciones operativas y determinadas decisiones administrativas.

Ese punto abre uno de los principales interrogantes jurídicos: quién será responsable cuando una decisión empresarial sea adoptada o ejecutada mediante un sistema automatizado. La discusión se produce mientras la inteligencia artificial gana cada vez más espacio en empresas y actividades económicas.

La reforma también permitiría que activos digitales y criptoactivos con valoración económica formen parte del capital social. Además, las acciones de las sociedades anónimas podrían representarse mediante tokens, incorporando al régimen societario herramientas vinculadas con las nuevas tecnologías financieras.

El debate en comisión tuvo además un capítulo político. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, protagonizó un cruce con Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia durante el kirchnerismo, quien cuestionó duramente el proyecto y sostuvo que "la finalidad principal de este proyecto es que el empresario no responda por nada".

Bullrich respondió cuestionando la gestión de Nissen al frente de la IGJ y particularmente su política sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). "Destruyó la posibilidad que tenían los jóvenes y emprendedores de comenzar con una SAS", le reprochó. Precisamente, otro de los objetivos del proyecto es incorporar plenamente las SAS al régimen general de sociedades y preservar su esquema simplificado para emprendedores.

Durante la reunión también hubo respaldos a la iniciativa. El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, sostuvo que la reforma permitiría modernizar el sistema y facilitar el monitoreo de las sociedades y la trazabilidad de sus operaciones, en línea con los requerimientos internacionales.

El abogado Sebastián Balbín, por su parte, argumentó que la legislación vigente fue diseñada para "una economía, una tecnología y unas empresas que hoy no existen". Con el debate nuevamente activado, el oficialismo buscará ahora reunir los apoyos necesarios para conseguir dictamen y avanzar con una reforma que pretende cambiar desde la constitución de las empresas hasta la utilización de IA, algoritmos, tokens y criptoactivos dentro de las sociedades argentinas.