Los diez principales gremios del país manejan un flujo anual cercano a US$ 685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal, incluso a trabajadores no afiliados. En pesos, esa recaudación supera holgadamente el billón anual. 

El dato surge del estudio "El poder sindical en Argentina: estructura, financiamiento y límites a la libertad del trabajador", elaborado por Zentrix Consultora, que exhibe la magnitud del financiamiento sindical compulsivo y revela un esquema altamente concentrado, con escasa transparencia y conducciones que se sostienen durante décadas gracias a este flujo permanente de recursos.

El informe estima que este dinero proviene de trabajadores encuadrados en los principales convenios de actividad —comercio, camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, alimentación, transporte, bancarios, gastronómicos y luz y fuerza—. En total, estos sectores reúnen cerca de tres millones de empleados formales y generan una recaudación promedio equivalente a $327.000 por trabajador por año.

Se trata de aportes obligatorios fijados en convenios homologados hace décadas y aún vigentes, aplicados de forma generalizada a todos los trabajadores del sector, estén o no afiliados. En la práctica, funcionan como un recargo estructural sobre el empleo formal registrado.

La investigación busca cuantificar cuánto le cuesta, de manera compulsiva, a cada trabajador sostener económicamente un sindicato, independientemente de su voluntad de afiliarse. Allí aparecen fuertes diferencias entre convenios:

La disparidad evidencia que no existe un criterio unificado: sobre la misma base —el salario formal—, los descuentos obligatorios varían drásticamente según el sector. El resultado es un esquema parafiscal opaco, donde el monto depende del convenio y de las decisiones sindicales, no de reglas homogéneas ni de controles efectivos.

El informe desagrega también el peso financiero de cada sindicato. Las cifras, expresadas en dólares, muestran la dimensión del sistema:

Son cifras que provienen exclusivamente de aportes obligatorios previstos en convenios colectivos. El estudio no incluye ingresos por obras sociales, servicios ni otros circuitos paralelos de financiamiento, por lo que representan un piso conservador.

El cruce entre estos números y la permanencia de las conducciones gremiales muestra un patrón claro: a mayor recaudación, menor rotación de liderazgos.

En conjunto, estos diez gremios administran fondos equivalentes al 0,11% del PBI, bajo estructuras centralizadas, baja competencia interna y escasos mecanismos de control.

Argentina sostiene un modelo sindical que no tiene equivalentes en el mundo desarrollado. La combinación de sindicato único por actividad, convenios con alcance erga omnes y aportes obligatorios aplicados incluso a no afiliados configura un esquema institucional único. 

El trabajador no puede elegir representación alternativa ni evitar los descuentos, aun si no adhiere al gremio. Esta arquitectura —surgida de la Ley 23.551 y reforzada por décadas de prácticas— garantiza un financiamiento asegurado para los sindicatos y una posición dominante muy difícil de disputar.

El contraste internacional lo deja claro:

Frente a estos modelos, Argentina queda en el extremo más rígido: alta cobertura + baja competencia + financiamiento compulsivo.

Los datos del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix (noviembre 2025) muestran una valoración mayoritariamente negativa: 64% tiene imagen negativa de los sindicatos y 15,2% declara imagen positiva.

Para la mayoría, el sistema funciona como un impuesto al trabajo, sin control ni justificación clara. De allí el reclamo creciente por avanzar hacia un esquema basado en consentimiento individual y mayor transparencia.

Los datos provienen del informe "El poder sindical en Argentina: estructura, financiamiento y límites a la libertad del trabajador" y del Monitor de Opinión Pública (MOP), ambos elaborados por Zentrix Consultora con el objetivo de aportar insumos al debate sobre la reforma laboral en curso en Argentina.