Con el levantamiento de la suspensión de embargos a partir del 17 de febrero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Argentino (ARCA, ex AFIP) desató una oleada de medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de miles de contribuyentes. Embargos simultáneos, caída de planes de pago y falta de capacidad de respuesta están provocando un efecto dominó que paraliza la actividad económica y deja a muchos al borde de la quiebra.

Cuando en 2024 el Gobierno anunció la transformación de la AFIP en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Argentino), muchos esperaban un sistema más moderno, ágil y menos opresivo. Pero lo que ocurrió desde febrero de 2025 parece responder a una lógica inversa: una maquinaria recaudadora que, sin filtros ni criterios de razonabilidad, está provocando la asfixia financiera de miles de contribuyentes.

Esta fecha marcó un punto de quiebre. Ese día, ARCA retomó formalmente las ejecuciones fiscales y embargos bancarios para contribuyentes con deudas impositivas iguales o superiores a los $20 millones. Le siguieron, en marzo y abril, aquellos con deudas de más de $7 millones y menores a ese monto respectivamente, conforme a la Instrucción General Conjunta.

La reanudación no fue paulatina ni selectiva. Fue masiva y automática. Esto generó un cuello de botella administrativo, con miles de casos gestionándose al mismo tiempo y un organismo sin capacidad real de respuesta en los plazos que requiere la operatoria comercial de cualquier empresa o profesional.

El problema no es solo el embargo en sí. El problema es el colapso administrativo posterior. Una vez embargada la cuenta, los contribuyentes enfrentan semanas de trámites, presentaciones y demoras para lograr el levantamiento de la medida.

Este círculo vicioso -deuda, embargo, imposibilidad de pagar, nueva deuda- está empujando a muchas empresas al colapso.

Aún pagando la deuda, el levantamiento del embargo no es inmediato. El trámite puede demorar entre 7 y 20 días hábiles, dependiendo del juzgado interviniente, la velocidad del banco y la carga administrativa del organismo. Durante ese tiempo, la empresa no puede operar normalmente. El daño está hecho.

Algunos bancos incluso rechazan operaciones por montos que superen el saldo "liberado" por el juzgado, o directamente inmovilizan fondos adicionales "por error" o falta de actualización. Mientras tanto, el contribuyente ve cómo sus débitos caen, sus pagos rebotan y su reputación crediticia se deteriora.

Ante esta situación crítica, es necesario que ARCA tome medidas urgentes para evitar seguir asfixiando contribuyentes:

ARCA (ex AFIP) está aplicando embargos con una lógica automatizada, despersonalizada y fiscalista, desconectada de la realidad económica que viven miles de contribuyentes. El resultado es una parálisis operativa que no distingue entre evasores sistemáticos y contribuyentes cumplidores que enfrentan coyunturas difíciles.

Si bien el Estado tiene derecho -y deber- de cobrar impuestos, ese derecho no puede ejercerse de forma arbitraria, desproporcionada y sin garantizar mecanismos de contención. Embargar sin coordinación entre sistemas, sin prever instancias previas de diálogo y sin medir el daño que produce en la cadena de pagos es lisa y llanamente un acto de negligencia institucional.

No hay equilibrio fiscal posible si la contracara es un cementerio de contribuyentes fundidos. Si ARCA no corrige el rumbo, no sólo afectará su propia capacidad recaudatoria: estará comprometiendo la viabilidad del sistema económico formal.

La recaudación no puede ser un fin en sí mismo. Debe ser una herramienta al servicio de un modelo económico sustentable. Y eso exige responsabilidad, gradualismo y diálogo. Urgente.