Un nuevo escándalo volvió a poner bajo la lupa los vínculos entre La Cámpora y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El sindicato conducido entonces por Abel Furlán pagó más de $126 millones a un estudio encabezado por Martín Reibel Maier, militante camporista, exfuncionario y compañero de colegio de Máximo Kirchner, para desarrollar el proyecto de un complejo que finalmente nunca llegó a concretarse.

La operación comenzó durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) desafectó un predio de aproximadamente 80.000 metros cuadrados perteneciente al Estado Nacional y se lo entregó gratuitamente a la UOM mediante un “permiso precario y gratuito”.

El terreno, ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero, debía albergar el denominado Nuevo Polo Multifuncional Unión Obrera Metalúrgica, con un centro de convenciones, aulas de capacitación, espacios deportivos, talleres, estacionamientos y otros edificios.

El trámite se resolvió durante el último trimestre de 2023. En ese momento, la vicepresidencia de la AABE estaba ocupada por Juan Debandi, dirigente de La Cámpora y dirigente cercano al kirchnerismo.

Sin embargo, la UOM ya había comenzado a proyectar las obras meses antes de recibir formalmente el predio. En julio de 2023 contrató al estudio integrado por Reibel Maier y Andrea Mercado, que presentó distintas propuestas para desarrollar los primeros trabajos arquitectónicos.

Reibel Maier no era un desconocido dentro de la estructura kirchnerista. Además de haber compartido su etapa escolar con Máximo Kirchner en Río Gallegos, fue vicepresidente de la AABE entre 2012 y 2015 y posteriormente ocupó cargos dentro de empresas y organismos estatales.

El contrato más importante llegó el 1 de febrero de 2024, cuando Furlán aceptó una nueva propuesta para elaborar el denominado “anteproyecto avanzado” y los planos correspondientes a los edificios previstos. El estudio terminó percibiendo $126.787.567 más IVA por los trabajos vinculados al proyecto.

Pese al desembolso millonario, el complejo nunca se terminó. En abril de 2024, el entonces intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, intimó a la UOM a detener cualquier obra al advertir que la finalidad prevista para el inmueble era incompatible con la zonificación municipal.

Además, cuestionó la forma en la que se había entregado el predio y apuntó contra la “celeridad, la temporalidad y la improvisación” con la que se había desarrollado el procedimiento durante el tramo final del gobierno kirchnerista.

El episodio aparece en medio de otro escándalo reciente que también vincula a La Cámpora con los fondos de la UOM. La Justicia investiga a María Soledad Calle, dirigente vinculada al kirchnerismo y al sindicalismo metalúrgico, por presunto lavado de dinero a partir de una causa iniciada por supuesto fraude contra el gremio.

Calle aparece vinculada a USEM, una empresa que percibía un porcentaje de los aportes realizados por los afiliados de la UOM. En esa investigación, el fiscal Eduardo Taiano busca determinar el origen de su patrimonio y de los fondos atribuidos a la compra de un departamento ubicado debajo del inmueble donde Cristina Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad.

Los dos episodios exponen una trama recurrente alrededor de la UOM durante la conducción de Furlán: contratos millonarios con dirigentes vinculados a La Cámpora y operaciones desarrolladas alrededor de recursos sindicales o bienes estatales. En este último caso, más de $126 millones terminaron destinados a un proyecto arquitectónico que nunca llegó a realizarse.