El presidente Javier Milei puso este jueves el foco sobre Sea Lion, un proyecto petrolero británico que avanza en las Islas Malvinas bajo autorización británica y que contempla la explotación de recursos naturales argentinos sin autorización de la República Argentina.

Durante la cadena nacional, el mandatario advirtió que el avance del proyecto representa un riesgo concreto para los intereses estratégicos del país. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar”, sostuvo.

Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de la cuenca Malvinas Norte. La iniciativa avanza con el aval del Reino Unido, sin autorización de la República Argentina, y es impulsada por las firmas Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y Rockhopper Exploration, que mantiene el 35% restante.

Según la información difundida por las compañías, el yacimiento cuenta con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles de petróleo. La primera etapa prevé una producción cercana a los 50.000 barriles diarios, mientras que el inicio de la extracción está proyectado para marzo de 2028.

El desarrollo completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en distintas fases y una inversión inicial de USD 1.800 millones hasta alcanzar la primera producción. Posteriormente se sumarían otros USD 2.100 millones durante una explotación proyectada por aproximadamente 30 años.

Para el Gobierno de Milei, el caso adquirió una gravedad particular porque implica la extracción de un recurso no renovable perteneciente a los argentinos en un territorio ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña.

Desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan al Reino Unido abstenerse de realizar acciones unilaterales mientras continúe pendiente la controversia de soberanía, incluyendo aquellas vinculadas con la explotación de recursos naturales. La posición oficial argentina sostiene que el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente ese llamado.

Frente al avance de Sea Lion y otros proyectos hidrocarburíferos, Milei anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer las herramientas del Estado para defender la soberanía y los recursos argentinos.

El Gobierno reglamentará el procedimiento previsto en la Ley N° 26.659 para mejorar la coordinación entre los distintos organismos estatales y la Cancillería y darle mayor celeridad a la aplicación de sanciones contra quienes incumplan la legislación argentina.

También se incorporarán declaraciones juradas en procedimientos vinculados al RIGI y a permisos hidrocarburíferos. El mecanismo no crea una nueva obligación sustancial, sino que busca reforzar los controles sobre el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, Milei anunció que impulsará una modificación de la Ley N° 26.659 para endurecer las sanciones y ampliar determinadas consecuencias administrativas y penales a empresas que presten servicios a compañías involucradas en explotaciones no autorizadas.

El Ejecutivo también enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé crear un Consejo de Seguridad Nacional y coordinar las acciones de Cancillería, Defensa, Inteligencia, Seguridad y Economía.

La estrategia se completa con el fortalecimiento de la protección de infraestructura crítica y de los espacios marítimos y aeroespaciales, bajo una política de seguridad nacional común orientada a defender la soberanía argentina.