El Gobierno nacional salió a responder este sábado los principales cuestionamientos surgidos alrededor del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, y defendió los cambios propuestos en materia de Malvinas, Seguridad Nacional, Fuerzas Armadas, sanciones e interferencia extranjera.

La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre y fue girada a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El Ejecutivo había presentado el proyecto como parte de una estrategia destinada a reforzar la defensa de los recursos naturales y dotar al Estado de nuevas herramientas frente a amenazas externas.

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno rechazó, entre otros puntos, que la derogación de la Ley 26.659 pueda beneficiar automáticamente a empresas sancionadas por realizar actividades no autorizadas en las Islas Malvinas. Según explicó, las conductas actualmente alcanzadas continuarán tipificadas y el nuevo régimen ampliará las actividades sancionables, además de elevar las escalas de determinadas penas.

Otro de los focos estuvo puesto sobre la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Frente a las críticas por una eventual concentración de facultades, el Ejecutivo sostuvo que el organismo tendrá una función de coordinación estratégica entre áreas como Defensa, Inteligencia, Economía, Cancillería y ciberseguridad, sin reemplazar las competencias propias de cada organismo.

El Gobierno también defendió el régimen previsto para responder frente a aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles. La iniciativa contempla advertencias, maniobras de intercepción y, bajo determinadas circunstancias, el empleo de la fuerza como último recurso. Según la explicación oficial, estas atribuciones deberán ejercerse respetando el derecho internacional y no constituyen una pena de muerte ni una sanción penal.

Respecto de las Fuerzas Armadas, la Oficina aseguró que continuará vigente la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior establecida por el artículo 4 de la Ley 23.554. Esa norma mantiene expresamente la distinción entre ambas áreas.

También hubo respuestas a las críticas sobre el nuevo delito vinculado con campañas coordinadas de desinformación. El Ejecutivo afirmó que no se penalizarán noticias falsas, críticas al Gobierno ni el ejercicio periodístico, ya que la figura requerirá que exista actuación por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero y que se busque interferir mediante una operación coordinada.

El proyecto, además, endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas, crea el Consejo de Seguridad Nacional e incorpora figuras relacionadas con influencia extranjera, espionaje e interferencia electoral.

Por último, el Gobierno defendió las modificaciones previstas para el registro relacionado con actividades terroristas y sostuvo que el mecanismo mantiene instancias posteriores de intervención judicial.