El Gobierno encabezado por el Presidente Javier Milei ha consolidado una transformación estructural en las obras públicas de la Argentina, erradicando el viejo modelo deficitario que obligaba al Estado a sostener carreteras deterioradas con "plata de los contribuyentes".

A través de un esquema fundado en la inversión 100% privada y la eliminación absoluta de los subsidios públicos, la administración nacional demuestra que la infraestructura estratégica puede renovarse con máxima eficiencia y sin comprometer el equilibrio fiscal.

Dentro de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, el Estado abandona su rol como administrador ineficiente para asumir una estricta supervisión estatal a través de Vialidad Nacional.

Las concesiones son adjudicadas bajo normas de estricta competencia a las empresas que ofrecen el peaje más bajo, garantizando que recién puedan cobrar la tarifa plena cuando la traza alcance condiciones óptimas y cumpla con rigurosos niveles de servicio.

La aplicación efectiva de esta doctrina económica reporta avances concretos en el Tramo Oriental del corredor vial del Mercosur, adjudicado a la firma Autovía del Mercosur S.A.U.. En esta arteria neurálgica para la producción, el transporte de cargas y el turismo regional, ya se lograron intervenir más de 360 kilómetros mediante capitales privados.

Los trabajos iniciales concluidos de manera exitosa abarcan sectores estratégicos:

En la Ruta Nacional 14, el tramo comprendido entre el km 58,84 y el km 206,28.

En la Ruta Nacional 135, el tramo comprendido entre el km 0 y el km 12,94.

En ambos sectores, la concesionaria completó el 100% de las intervenciones exigidas para esta etapa, las cuales se suman a los más de 200 kilómetros recuperados previamente sobre la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 14. Tras constatar que las obras se desarrollan en línea con el cronograma contractual, Vialidad Nacional autorizó la aplicación de la "Tarifa de Oferta actualizada" en la estación de peaje Colonia Elía.

Para poner en evidencia el descalabro financiero heredado del estatismo prebendario, el Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1540/2026, la cual aprueba el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de la empresa estatal Corredores Viales S.A..

El documento fue confeccionado bajo un estricto criterio de "gestión transicional", cuyo único propósito es garantizar la operatividad de 6.000 kilómetros de rutas y 42 estaciones de peaje —los cuales concentran el 80% del tráfico de la red concesionada a lo largo de 10 tramos estratégicos— mientras se completa su traspaso a manos privadas y se avanza hacia la disolución y liquidación definitiva de la firma pública.

Los indicadores financieros del ejercicio 2026 exponen las cifras del modelo estatal saliente:

Gastos de operación proyectados: $302.711 millones.

Ingresos operativos previstos: $131.703 millones.

Pérdida operativa heredada: $171.007 millones.

Gastos corrientes totales: $302.720 millones, integrados por $205.788 millones en remuneraciones de personal y $75.773 millones en bienes y servicios.

Transferencias de la Administración Nacional: $110.000 millones.

Desahorro presupuestario: $38.039 millones.

Resultado financiero deficitario: $25.575 millones.

En coherencia con el principio rector de "déficit cero", la inversión real directa con fondos públicos para 2026 fue recortada a la cifra mínima de $400 millones (desglosados en $100 millones para maquinaria y equipo y $300 millones para activos intangibles), fijando en $0 las partidas destinadas a nuevas construcciones o proyectos estatales. De este modo, la administración actual limita la acción estatal a preservar el patrimonio vial hasta que el capital privado asuma en su totalidad la gestión de las rutas argentinas.