Milei eliminó una medida del kirchnerismo que beneficiaba a los extranjeros con órdenes de deportación

El Gobierno derogó una disposición de 2014 que permitía otorgar y renovar residencias precarias a extranjeros que enfrentan procedimientos de expulsión.
- 🔎 Contexto: la reforma se origina en modificaciones a la Ley de Migraciones 25.871 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025.
- 🗂️ Residencia precaria: la nueva redacción del artículo 20 permite una residencia precaria por un máximo de 90 días corridos, renovable mediante una resolución fundada mientras se resuelve un trámite migratorio.
- 🧭 Diferenciación: se distingue entre trámites migratorios regulares en curso y procedimientos de expulsión.
- 🧑💼 Derechos para trámites regulares: las personas con trámites regulares pueden acceder a la autorización provisoria para trabajar, estudiar e ingresar y salir del país durante su vigencia.
- 🚫 Exclusión para expulsados: quienes tienen órdenes de expulsión ya no pueden usar ese mecanismo para conservar esos derechos.
- ⚖️ Arraigo: el efecto del certificado sobre el arraigo cambia; ya no se considera la residencia precaria como prueba de permanencia ni garantiza residencia definitiva o nacionalidad.
- 🧬 Fin del régimen kirchnerista: se elimina la práctica de emitir residencias precarias a inmigrantes ilegales con órdenes de deportación para evitar la expulsión.
- 📜 Publicación oficial y alcance: la Disposición 1547/2026 de la Dirección Nacional de Migraciones se publicó en el Boletín Oficial (6 de noviembre) y deroga la Disposición 2229/2014.
- ⏳ Vigencia de las autorizaciones: antes eran 180 días corridos; ahora las residencias precarias ordinarias tienen un máximo de 90 días.
El cambio se fundamenta en las modificaciones introducidas a la Ley de Migraciones 25.871 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025.
La nueva redacción del artículo 20 establece que Migraciones puede conceder una residencia precaria por un máximo de 90 días corridos, renovable mediante una resolución fundada, mientras se resuelve un trámite migratorio.
Además, se establece una diferenciación entre quienes tienen trámites migratorios regulares en curso y aquellos que registran procedimientos de expulsión.
Los primeros pueden acceder a la autorización provisoria, que permite trabajar, estudiar e ingresar y salir del territorio argentino durante su vigencia. En cambio, quienes tienen órdenes de expulsión ya no pueden utilizar ese mecanismo para conservar esos derechos.
Otro de los aspectos que cambió es el efecto del certificado sobre el arraigo. Bajo el sistema kirchnerista, el tiempo transcurrido con la residencia precaria podía utilizarse para acreditar permanencia y respaldar solicitudes de residencia permanente o ciudadanía.
Con el nuevo esquema de Milei, esa autorización no constituye por sí misma una prueba de arraigo ni garantiza el acceso a la residencia definitiva o a la nacionalidad argentina.
Con esta modificación, la administración libertaria elimina el régimen kirchnerista de 2014 que permitía emitir residencias precarias a inmigrantes ilegales con órdenes de deportación, que las utilizaban para evitar ser expulsados del país.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva reforma en la política migratoria y eliminó un beneficio implementado por el kirchnerismo en 2014 que permitía a los inmigrantes ilegales con órdenes de deportación obtener y renovar certificados de residencia precaria para evitar ser expulsados del país.
La medida fue oficializada por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) mediante la Disposición 1547/2026, publicada el viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial.
La decisión derogó la Disposición 2229/2014, aprobada durante el kirchnerismo, que habilitaba el otorgamiento de autorizaciones de residencia precaria incluso a personas alcanzadas por procedimientos de expulsión o conminaciones a abandonar el territorio argentino.
Bajo el esquema anterior, la presentación de recursos judiciales podía permitir que los extranjeros conservaran una situación migratoria regular provisoria durante años, incluso mientras enfrentaban una orden de expulsión.
La diferencia central es que este permiso ya no puede utilizarse como una herramienta para mantener una situación de permanencia provisoria cuando existe una orden de deportación activa contra el inmigrante.
La reforma también modifica las condiciones de vigencia de estos certificados. Mientras que el régimen anterior contemplaba autorizaciones de 180 días corridos, renovables según la demora del expediente, el nuevo esquema establece un plazo máximo de 90 días para las residencias precarias ordinarias.


