María Ibarzábal encabezó el reclamo argentino contra la explotación petrolera en Malvinas

La representación nacional también recordó que la Argentina rechazó sistemáticamente las licencias y decisiones británicas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona. Incluso señaló que en agosto de este año volvió a manifestar su disposición a retomar el diálogo, una convocatoria que fue desestimada por Londres.

Otro de los ejes centrales de la presentación fue el impacto que podría tener la explotación petrolera sobre el medio marino. La Argentina advirtió que los riesgos no se limitan a la extracción de hidrocarburos, sino que también incluyen eventuales accidentes y derrames que podrían afectar aguas bajo jurisdicción nacional.

Durante su intervención, el consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, fue contundente al explicar la naturaleza irreversible de la actividad.

“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, afirmó.

La presentación estuvo dividida entre distintos especialistas y funcionarios del Gobierno nacional.

Oyarzábal abrió la exposición con los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos comprometidos y el alcance de las medidas solicitadas. Posteriormente, el especialista Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y explicó los motivos por los cuales el tribunal arbitral tendría, en principio, competencia para intervenir.

Por su parte, Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención internacional y los riesgos ambientales asociados con el proyecto petrolero. Finalmente, Oyarzábal volvió a tomar la palabra para presentar las conclusiones de la Argentina.

También participaron la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en calidad de coagente ante el Tribunal, y el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

La representación nacional contó además con el respaldo de funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

La primera jornada de audiencias continuará con la exposición de la delegación británica, prevista entre las 11:00 y las 14:00, en horario argentino. Durante esa instancia se conocerán los argumentos de Londres, que se negó a presentar por escrito los fundamentos de su defensa antes de la audiencia.

El miércoles 11 de noviembre se realizará la segunda y última ronda de exposiciones. La Argentina tendrá su turno entre las 6:30 y las 8:00, mientras que el Reino Unido intervendrá entre las 13:30 y las 15:00.

El procedimiento representa una instancia relevante para la estrategia argentina de defensa de la soberanía sobre Malvinas y de sus recursos naturales. El Gobierno busca impedir que el Reino Unido consolide hechos consumados mediante la explotación de hidrocarburos, mientras continúa pendiente una controversia que las Naciones Unidas reconocen desde hace más de seis décadas.

La Argentina presentó un contundente reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para exigir que el Reino Unido frene el avance de la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La delegación nacional, encabezada por la secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, solicitó medidas provisionales para impedir que el proyecto Sea Lion provoque daños irreversibles sobre los recursos naturales y el medio marino mientras continúa el arbitraje internacional.

La presentación representa un nuevo capítulo en la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y sus recursos naturales, frente a las decisiones unilaterales de Londres para avanzar con actividades económicas en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

Durante la primera exposición ante el tribunal, la representación argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de los recursos naturales de un territorio que se encuentra bajo una controversia de soberanía todavía pendiente de resolución.

El reclamo apunta directamente contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, que contempla un período de explotación de 35 años, la perforación de 23 pozos de producción y distintas etapas de desarrollo.

La delegación argentina advirtió que permitir el avance de esta iniciativa supondría consolidar una explotación económica de recursos no renovables sin autorización de la Argentina y en abierta contradicción con los principios internacionales que rigen la controversia.

En ese sentido, recordó que las Naciones Unidas reconocen desde 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y que, desde entonces, han exhortado a las partes a encontrar una solución mediante negociaciones pacíficas.

Uno de los principales antecedentes jurídicos mencionados fue la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación de las Islas mientras continúa el proceso de negociación.

La delegación también presentó una advertencia sobre los propios planes de contingencia de una de las compañías involucradas en el proyecto. Según expuso, esos documentos contemplan la posibilidad de que un derrame petrolero alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.

Esto implicaría que la Argentina podría verse obligada a coordinar tareas de respuesta y afrontar las consecuencias ambientales de una actividad que no autorizó y sobre la cual viene expresando su rechazo.

El planteo busca demostrar la urgencia de las medidas provisionales solicitadas y evitar que, mientras se desarrolla el procedimiento arbitral, el Reino Unido avance con una explotación que podría generar consecuencias imposibles de revertir.