La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La iniciativa busca impedir delitos desde las cárceles, imponer uniformes y cobrar parte de los gastos a los condenados.
- 🔒 Instalación de inhibidores de señal para bloquear la telefonía móvil en los recintos penitenciarios, retiro de dispositivos no autorizados y uso de teléfonos institucionales para comunicaciones autorizadas; las conversaciones con abogados defensores conservarían su confidencialidad.
- 📵 Refuerzo de la prohibición de celulares mediante herramientas tecnológicas y controles adicionales para asegurar su cumplimiento.
- 💰 Creación del Arancel Único Carcelario (AUC) para que los condenados que generan ingresos contribuyan al financiamiento de su manutención dentro de la prisión.
- 🧑⚖️ El proyecto de Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) propone tres medidas centrales: reforzar la prohibición de teléfonos, establecer uniformes obligatorios según el nivel de peligrosidad y exigir aportes económicos de los condenados para cubrir gastos de su estancia.
- 📜 La iniciativa busca modificar la Ley 24.660 y el Código Penal, promover el trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios y fortalecer la seguridad.
- 🗣️ Se propone “terminar eso de delinquir desde una celda”, para impedir que los delincuentes continúen organizando actividades desde las cárceles.
- 💵 El arancel cubriría parcialmente gastos de alimentación, electricidad, gas, agua, asistencia médica y uniformes, mediante descuentos sobre los ingresos obtenidos por el trabajo penitenciario; establece límites a las deducciones y no interrumpe servicios si no se paga.
- 👕 Uniformes obligatorios y estandarizados para todos los internos, de color beige o marrón claro con franjas verticales que indiquen nivel de peligrosidad (1 franja: bajo, 2: medio, 3: alto); los próximos a recuperar su libertad usarían uniformes lisos.
- 🏛️ La iniciativa debe ser debatida en el Congreso y ya fue enviada a las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda (expediente 5365-D-2026).
La reforma contempla la instalación de inhibidores de señal para bloquear la telefonía móvil, junto con mayores controles sobre las comunicaciones y el retiro de los dispositivos no autorizados que ingresen a los establecimientos.
Aunque la legislación vigente ya prohíbe las comunicaciones mediante celulares, el proyecto apunta a reforzar su cumplimiento mediante herramientas tecnológicas y controles adicionales. Las comunicaciones autorizadas se realizarían mediante teléfonos institucionales, con números previamente habilitados, mientras que las conversaciones con abogados defensores conservarían su confidencialidad.
Otra de las medidas centrales es la creación del Arancel Único Carcelario (AUC), un mecanismo para que los condenados que generen ingresos contribuyan al financiamiento de su mantenimiento dentro de los establecimientos penitenciarios. "Los condenados también tienen que asumir responsabilidades", sostuvo el legislador libertario al explicar la propuesta.
El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Mendoza, Álvaro Martínez, presentó un proyecto de ley para reformar el régimen penitenciario argentino con tres medidas centrales: reforzar la prohibición de teléfonos celulares, establecer uniformes obligatorios según la peligrosidad de los internos y exigir que los condenados contribuyan económicamente a los gastos de su estadía en prisión.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 5365-D-2026, propone modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el Código Penal. Además, busca promover el trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios y fortalecer los mecanismos de seguridad.
"Se terminó eso de delinquir desde una celda", expresó Martínez al presentar una de las principales medidas de su proyecto, orientada a impedir que los delincuentes continúen organizando actividades criminales desde las cárceles.
El arancel contempla aportes para cubrir parcialmente gastos de alimentación, electricidad, gas, agua, asistencia médica y uniformes, mediante descuentos sobre los ingresos obtenidos por el trabajo penitenciario.
La iniciativa también busca ampliar las oportunidades laborales dentro de las cárceles para que los internos puedan generar ingresos y desarrollar hábitos de trabajo. El proyecto establece límites a las deducciones y aclara que la falta de pago no podrá interrumpir el suministro de alimentos, agua potable, atención médica ni elementos de higiene.
El tercer eje de la reforma establece que todos los internos deberán utilizar uniformes obligatorios y estandarizados, con características que permitan identificar su clasificación penitenciaria.
Las prendas serían de color beige o marrón claro y contarían con franjas verticales para distinguir tres niveles de peligrosidad: una franja para los internos de riesgo bajo, dos para los de riesgo medio y tres para aquellos considerados de alta peligrosidad. Por su parte, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
"Más orden y disciplina en las cárceles", manifestó Martínez al defender esta modificación, que busca facilitar la identificación de los detenidos, mejorar los controles y fortalecer la seguridad penitenciaria.
La propuesta deberá ser debatida en el Congreso y actualmente se encuentra girada a las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
