La Libertad Avanza (LLA) del presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires avanzará con un pedido de juicio político contra la jueza kirchnerista Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada dispusiera la suspensión provisoria, por 60 días, de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad.

LLA bonaerense cuestionó el fallo y sostuvo que la decisión judicial busca impedir la entrada en vigencia de una norma que fue aprobada por el Congreso de la Nación. En este contexto, el espacio trabaja en la definición del mecanismo para presentar el pedido ante la Secretaría de Enjuiciamiento.

La ofensiva libertaria se concentra en el alcance de la resolución dictada por Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial.

La magistrada kirchnerista hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en beneficio de "adolescentes privados de su libertad".

La repudiable suspensión fue fundamentada en la falta de recursos, infraestructura, lugares de alojamiento y personal especializado que, según planteó Pascual, serían necesarios para incorporar a delincuentes de 14 y 15 años al sistema penal bonaerense.

Sin embargo, la medida representa un obstáculo para la aplicación de una legislación aprobada por el Poder Legislativo y ampliamente apoyada por la sociedad.

El fallo también recibió cuestionamientos desde el Gobierno de Javier Milei. La senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, calificó la medida como propia de una “Justicia provincial garantista”.

A su vez, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntó contra el gobernador ultra kirchnerista Axel Kicillof por la situación generada tras la resolución judicial.

La discusión también se trasladó al propio Poder Judicial bonaerense. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que la resolución de Pascual no tiene alcance general y anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción.

Zárate señaló que un juez penal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma dentro de un expediente determinado, pero cuestionó que pueda dejarla sin efecto para toda la provincia. En ese marco, fue contundente: “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”.

El fiscal también sostuvo que la nueva legislación ya produjo efectos en causas judiciales y mencionó el caso de un condenado por el crimen de Matías Urbani, cuya situación fue revisada a partir del principio de ley penal más benigna.