En el plano nacional, la aprobación de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil fijó la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en la Argentina. Sin embargo, el combate contra la delincuencia choca con la resistencia del garantismo ideológico encarnado por sectores del kirchnerismo enquistados en la Justicia.

El epicentro de esta traba institucional se ubica en el Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por la jueza Laura Beatriz De Marinis. Rompiendo el silencio en Radio con Vos ante los periodistas Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia, la magistrada Laura Beatriz De Marinis buscó justificar su polémico fallo. En esa entrevista, pronunció la frase que indignó a la sociedad: “Someter a un chico de 14 años al sistema penal es estigmatizante”.

Exculpando al menor de sus responsabilidades, la jueza afirmó textualmente: “Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante. En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”.

Sostuvo además que “someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir” y argumentó que “la ley está vigente a partir de los 14 años y la población de 14 años no lo sabe”. Incluso calificó insólitamente a la norma del Gobierno como “una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día”.

El expediente específico ocurrió el 10 de septiembre cerca de las 6:00 a. m. en CABA, cuando un hombre de 47 años fue perseguido por un grupo de adolescentes. La víctima corrió, pidió ayuda a un agente policial y los jóvenes fueron demorados. Sin lesiones ni robo consumado, la jueza dictó el sobreseimiento del imputado M.I.A., de 14 años, calificando la tentativa como “burda y torpe”.

En su fallo justificó: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”. Ordenó derivar el caso al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, fallo que fue apelado por la fiscalía y enviado a la Cámara.

El jefe de Gobierno porteño anunció el pedido de juicio político expresando: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, enfatizando que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.

Asimismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sentenció: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

De Marinis intentó victimizarse aduciendo que “que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas” y que “hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví”.

Tras ser retratada haciendo la V peronista, quedó expuesto su sesgo político. La jueza inició su carrera en 2006 antes de graduarse de abogada y fue Prosecretaria de Cámara Letrada desde 2017.

Juró el 19 de diciembre de 2023 y el 28 de diciembre de 2023 intervino en la causa contra Carlos Manuel Andrés, agresor del playero Arturo López (de 66 años, agredido en Monserrat en noviembre de 2021 y prófugo 5 meses hasta recibir 4 años y 6 meses de prisión). Allí, De Marinis le revocó la prisión domiciliaria.

En abril de 2026, en un streaming, ingresó con la canción “No hay héroes” de Lali citando: “A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada”. Para fundamentar la inconstitucionalidad, invocó la derogada Ley 22.278, la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 2018 y 2024 y conceptos de la neurociencia.

Sus antecedentes abarcan la concesión de la libertad condicional el 30 de septiembre de 2025 a un condenado por homicidio culposo (J.A.B.) disponiendo 50 horas de trabajo comunitario tras rechazar el dictamen de la fiscal Julieta Viola Villanueva; la absolución el 9 de abril de 2026 a L.B. (30 años) por usurpación de un predio de Vialidad Nacional entre el 9 de agosto de 2024 y el 15 de julio de 2025; y la condena en 2025 a 2 años de prisión efectiva a un agresor de 42 años. Fuentes judiciales estiman una casi segura revocación de su fallo en la Cámara.