El Gobierno de Javier Milei le descontará el día a los empleados estatales que hayan ausentado de sus puestos de trabajo para participar del paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La decisión busca mantener el principio de que las jornadas no trabajadas no son remuneradas y se aplicará a los trabajadores de la Administración Pública Nacional que se hayan sumado a la medida de fuerza.

La advertencia oficial se conoció en la previa de la huelga de 24 horas prevista para este jueves 15 de octubre, que incluía una movilización al Congreso de la Nación. Durante esa jornada, funcionarios de distintos ministerios y organismos públicos comunicaron que las ausencias vinculadas con la protesta tendrán consecuencias salariales.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo sostuvo su decisión de aplicar descuentos salariales a quienes no cumplieran sus tareas por adherir al paro.

La marcha de hoy quedó atravesada por violentos disturbios en las inmediaciones del Parlamento. Durante las protestas, manifestantes de izquierda arrojaron piedras contra la policía e intentaron derribar el vallado de seguridad, lo que motivó la intervención de Gendarmería con un camión hidrante para dispersar a los delincuentes.

Además, se registraron daños en la vía pública y ataques contra efectivos policiales. En medio de los disturbios, un manifestante kirchnerista agredió a un equipo periodístico de C5N. En ese incidente, después de insultar al periodista, golpeó dos veces en el rostro al camarógrafo, quien terminó con el labio cortado y sangrando.

Los episodios de violencia sumaron tensión a una jornada que había comenzado con un fracaso de la oposición kirchnerista en la Cámara de Diputados, donde no lograron conseguir quorum para intentar voltear un importante decreto del presidente Javier Milei.

La medida se enmarcó en la política del Ejecutivo de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado y evitar el pago de jornadas en las que los empleados no prestaran servicios.

La decisión del Gobierno se produjo ante una convocatoria sindical que contemplaba la paralización de distintas dependencias públicas y una movilización desde las 13:30 hacia el Congreso. La huelga coincidió con una nueva jornada de protestas frente al Poder Legislativo.

La medida de fuerza podía afectar la atención en organismos como ANSES y PAMI, además de otras dependencias de la Administración Pública Nacional. También se habían anticipado posibles interrupciones en áreas vinculadas con migraciones, controles sanitarios y distintos servicios estatales.

En el ámbito hospitalario, la convocatoria contemplaba el mantenimiento de guardias mínimas, mientras que en los centros asistenciales para niños, adolescentes y adultos mayores se había previsto priorizar la atención de urgencias.