El Gobierno de Javier Milei, a través del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, presentó una denuncia penal contra los violentos militantes kirchneristas y de izquierda responsables de los disturbios registrados ayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La presentación judicial contempla los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

Según el escrito, los implicados actuaron con los rostros cubiertos para evitar su identificación. La denuncia sostiene que primero provocaron daños en bienes públicos para obtener objetos contundentes y luego los arrojaron contra integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales desplegadas en el lugar.

Los enfrentamientos dejaron un saldo de ocho integrantes de las fuerzas de seguridad lesionados. Según el detalle informado, cuatro pertenecen a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y otros dos a la Policía Federal Argentina (PFA).

Uno de los argumentos centrales de la presentación apunta al contexto en el que se produjeron los enfrentamientos. Como el Congreso sesionaba durante esa jornada, el Ministerio explicó que los hechos buscaban “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” prevista para ese día.

En paralelo, la cartera de Seguridad avanza en la recopilación de fotos y videos para respaldar las acusaciones. El objetivo es identificar a quienes participaron en las agresiones y los destrozos registrados en la Plaza de los Congresos y sus alrededores, y reunir elementos que permitan individualizar a los responsables ante la Justicia.

El documento también describe una sucesión de ataques con piedras y otros objetos contundentes contra los efectivos.

Además, durante los operativos realizados en las calles cercanas al edificio legislativo fueron detenidos al menos 25 violentos militantes kirchneristas.

Entre los procedimientos se destacó la aprehensión de un delincuente de 14 años por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre, luego de que fuera sorprendido arrojando piedras contra un móvil policial.

Los daños materiales también forman parte del relevamiento posterior a los incidentes. Una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculó en $90 millones el costo de los destrozos ocasionados durante la jornada.

El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Congresos y las zonas aledañas figuran entre los sectores afectados.

Con la denuncia penal presentada, el Ministerio de Seguridad busca avanzar en acciones judiciales contra los involucrados.