La presión social y política sobre el gobernador kirchnerista Axel Kicillof volvió a crecer ante la sucesión de hechos de inseguridad registrados los últimos meses en el conurbano bonaerense, mientras La Libertad Avanza avanzó con un pedido para interpelar al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y exigir explicaciones sobre la estrategia desplegada por el Ejecutivo.

El espacio liberal presentó iniciativas en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense para que Alonso concurra a brindar detalles sobre el "despliegue" policial, los mecanismos de prevención y los recursos destinados a combatir el delito en la provincia, ante reclamos y marchas de los vecinos que denuncían el desamparo de la administración bonaerense.

Desde La Libertad Avanza cuestionaron la falta de información pública sobre la situación de seguridad y reclamaron que el ministro explique ante la Legislatura cuáles son los recursos disponibles, cómo se organizan los patrullajes y qué medidas está tomando la administración bonaerense frente al incremento de los reclamos vecinales.

El planteo se produce después de una serie de episodios que profundizaron la preocupación por la inseguridad. Uno de los casos que mayor impacto generó fue el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, el joven de 23 años baleado durante el robo de su moto en José C. Paz.

Tras el crimen, vecinos y amigos marcharon por el centro del distrito para reclamar justicia y mayor seguridad. La situación también expuso una fuerte interna dentro del propio peronismo bonaerense, luego de que la Municipalidad de José C. Paz exigiera públicamente a Kicillof reforzar la seguridad y sostuviera que el Gobierno provincial debe asumir la “total y completa responsabilidad” sobre la materia.

A los reclamos se sumó además la polémica por la suspensión durante 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense, dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual bajo presunta influencia del gobernador. La magistrada argumentó que no existen actualmente los dispositivos, profesionales y condiciones de infraestructura necesarios para aplicar la normativa, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.

La decisión derivó en nuevos cuestionamientos contra la Justicia bonaerense y contra el Gobierno de Kicillof, mientras distintos sectores opositores reclamaron que la Provincia garantice las condiciones necesarias para implementar el nuevo sistema.

En paralelo, Javier Alonso también quedó bajo presión por la escalada de inseguridad en las calles mientras el Gobierno bonaerense intenta responder a los cuestionamientos con anuncios de una supuesta incorporación de nuevos efectivos, inversión en infraestructura policial y "apertura" de dependencias.

Sin embargo, La Libertad Avanza insistió en que el ministro debe presentarse ante la Legislatura y dar explicaciones al pueblo sobre la política de seguridad de la Provincia. Con protestas vecinales y cuestionamientos que vienen incluso del mismo kirchnerismo, la crisis de inseguridad golpea fuertemente a las aspiraciones presidenciales de Kicillof.