La Cámara de Diputados de Estados Unidos le dió 10 días al juez de la Corte Suprema aliado de Lula para que explique sobre una serie de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Este 21 de junio, el Congreso de Estados Unidos le pidió al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, que explique las denuncias que tiene en su contra por violaciones a los derechos humanos en su país, en medio de una investigación a la persecución política de opositores brasileros.

Es por eso que este jueves, el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Chris Smith, envió una carta directamente al juez Moraes, instándole a contestar, en un plazo máximo de 10 días, una serie de preguntas relacionadas con todas las denuncias que fueron expuestas durante una audiencia, llevada a cabo el mes pasado en el Congreso estadounidense.

“El 7 de mayo presidí una audiencia pública de la subcomisión titulada ‘Brasil: ¿Una crisis de democracia, libertad y Estado de Derecho’?”, comienza relatando la carta de Smith. “El objetivo de esta audiencia era debatir los alarmantes informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por funcionarios brasileños, entre ellas la mala conducta judicial, la persecución de la oposición política, la supresión de la libertad de expresión y el silenciamiento de los medios de comunicación de la oposición”, continúa. 

“Los testimonios ofrecidos en la audiencia aportaron hechos y pruebas creíbles y fundamentadas sobre estos problemas, y dibujaron un panorama profundamente inquietante del estado de la democracia y los derechos humanos en Brasil. La audiencia ha suscitado gran preocupación entre los miembros del Congreso de Estados Unidos por el estado de la democracia en Brasil”, sentencia la misiva. 

En la audiencia a principios de mayo, testificaron cuatro personas, tres de las cuales fueron víctimas de las políticas de censura llevadas a cabo por el juez aliado de Lula. Entre ellos se encontraba el periodista Michael Shellenberger, quien investigó a fondo el tema de la censura en Brasil durante años e hizo viral la evidencia revelada en los Twitter Files a través de un extenso hilo en X a principios de abril.

También testificaron en contra de Moraes el periodista brasilero Paulo Figueiredo, exiliado actualmente en Estados Unidos por haber sido muy crítico contra el gobierno de Lula, que le valió una fuerte censura por la Corte Suprema en todas sus plataformas de redes sociales, además de que su patrimonio fue bloqueado.

A su vez, Christopher Pavlovky, empresario dueño de la plataforma de videos canadiense Rumble, que fue bloqueada en Brasil en 2023 por orden del STF por publicar contenido disidente del gobierno; y el académico brasileño Fabio de Sa e Silva, profesor en la Universidad de Oklahoma, quien está diseñando una investigación comparativa sobre cómo los autócratas en ascenso utilizan la ley para amasar poder y qué se puede hacer para detener sus movimientos.

El presidente del Subcomité expresó que “debido a la gravedad de las cuestiones, y con el fin de garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se lleven a cabo sobre la base de información precisa”, le solicita a De Moraes a responder siete preguntas relacionadas con: la existencia actual de censura; la emisión de órdenes para el cierre o suspensión de medios de comunicación en Brasil; y la existencia de medidas de procesamiento o investigación contra parlamentarios opositores al actual gobierno.

También pide respuesta acerca de la observancia del debido proceso legal en investigaciones y procesamientos, incluyendo notificaciones adecuadas a residentes en EE.UU.; el conocimiento de represión transnacional utilizando agencias estadounidenses o internacionales, como el FBI contactando a residentes estadounidenses por órdenes brasileñas; la emisión de órdenes contra empresas o individuos fuera de Brasil; y la exigencia a empresas o personas estadounidenses de cumplir órdenes cuestionables según la legislación brasileña, incluyendo amenazas de acciones legales o bloqueos en Brasil a empresas estadounidenses, como Twitter.

“Le ruego respetuosamente que me proporcione una respuesta en el plazo de diez días hábiles, ya que actualmente estoy trabajando en legislación relacionada con este asunto con otros miembros de la Cámara”, concluye la carta de Smith.

El gobierno de Estados Unidos le dió 10 días a Alexander de Moraes para que explique sobre una serie de violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Entre los cuales están las condenas de 17 años a personas que protestaron durante el 8 de enero y otras que ni siquiera estaban… pic.twitter.com/D6MPazwyoj