El Supremo español rechaza el pedido de VOX y deja votar a casi 200 mil extranjeros nacionalizados con la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo de España rechazó el pedido de VOX e Iustitia Europa para extender la suspensión del derecho al voto a otros 189.678 ciudadanos nacionalizados mediante la denominada Ley de Nietos, una decisión que permitirá a ese colectivo participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La resolución supone un nuevo revés judicial para el reclamo de ambas formaciones, que buscan garantizar que el censo electoral de residentes ausentes (CERA) esté integrado por ciudadanos cuya nacionalidad y condiciones de inscripción puedan ser debidamente acreditadas.

El planteo de VOX apuntaba a que la revisión no se limitara a los descendientes que obtuvieron directamente la nacionalidad por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, sino que también alcanzara a sus hijos mayores de edad, incorporados posteriormente mediante otra vía contemplada en la misma normativa.

El argumento central era que, si existen cuestionamientos sobre la forma en que los progenitores accedieron a la nacionalidad española, también corresponde examinar las inscripciones de quienes adquirieron ese derecho a partir de ellos.

Sin embargo, los magistrados consideraron que iniciar una nueva revisión administrativa y judicial a pocos días de los comicios podría comprometer la organización electoral y la estabilidad del proceso.

La controversia tiene su origen en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que abrió distintas vías para que descendientes de españoles pudieran acceder a la nacionalidad.

La primera permitió nacionalizarse a personas nacidas fuera de España cuyos padres, abuelos o abuelas hubieran sido españoles originarios y perdido o renunciado a su nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas o vinculadas con la orientación e identidad sexual.

La segunda vía extendió esa posibilidad a los hijos mayores de edad de quienes habían conseguido la nacionalidad mediante esta disposición o a través de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Precisamente, VOX e Iustitia Europa cuestionaron que las medidas de control adoptadas por el Supremo no alcanzaran también a este segundo grupo.

En septiembre, el alto tribunal había aceptado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por ambas formaciones y suspendido el sufragio de miles de nacionalizados inscritos en el CERA, salvo aquellos que acreditaran cumplir las condiciones vinculadas al exilio.

La nueva presentación buscaba extender ese criterio a los 189.678 electores registrados por la segunda vía de adquisición de la nacionalidad.

En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo reconoció que el planteo tenía relación con las medidas cautelares adoptadas anteriormente. Sin embargo, consideró que el calendario electoral ya no permitía desarrollar una revisión de semejante magnitud con todas las garantías correspondientes.

Para aplicar la suspensión solicitada habría sido necesario identificar a los 189.678 electores, comprobar la vía por la que sus progenitores obtuvieron la nacionalidad, actualizar los registros y habilitar instancias para presentar alegaciones y eventuales recursos.

Los jueces también señalaron que la Oficina del Censo Electoral todavía tenía 30.482 registros pendientes de identificación para cumplir las resoluciones anteriores.

Según el tribunal, la petición llegó cuando faltaba apenas una semana para el comienzo de la campaña electoral y dos semanas para el inicio del depósito del voto presencial en los consulados.

Por ese motivo, los magistrados concluyeron que iniciar un nuevo procedimiento podía comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad electoral.

La decisión debe analizarse junto con las medidas que el Supremo había adoptado anteriormente sobre otros 163.355 ciudadanos incorporados al censo mediante la Ley de Nietos.

De ese universo, 901 personas presentaron certificados consulares que acreditaban cumplir los requisitos vinculados al exilio y quedaron excluidas de la suspensión. Los otros 162.454 electores permanecieron afectados por la medida cautelar.

El tribunal había fundamentado aquella decisión en la necesidad de preservar la exactitud, veracidad, igualdad y transparencia del censo electoral.

Ahora, sin embargo, decidió no extender el mismo procedimiento a los descendientes de segunda generación debido a las dificultades operativas que implicaría modificar nuevamente el registro a tan pocos días de las elecciones.

La resolución no supone que el Supremo haya descartado los cuestionamientos de fondo planteados por VOX e Iustitia Europa ni que haya validado judicialmente cada una de las inscripciones. Lo que rechazó fue ampliar las medidas cautelares en este momento del calendario electoral.

El fallo vuelve a colocar bajo discusión las consecuencias electorales de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La cuestión central es cómo garantizar que quienes participan en unas elecciones generales cumplan efectivamente las condiciones legales para formar parte del censo, sin comprometer las garantías individuales ni la integridad del proceso.

Para VOX, la revisión de las inscripciones resulta fundamental ante las dudas que planteó sobre la aplicación de los mecanismos de nacionalización y su impacto en el voto exterior.

La decisión del Supremo establece que no hay margen temporal para extender ahora las restricciones a otros 189.678 electores, que podrán participar en los comicios del 29 de noviembre.

Mientras tanto, la controversia judicial deja abierto el debate sobre los controles administrativos, la trazabilidad de las nacionalizaciones y las garantías que deben regir la composición del censo electoral español.