Pese a esas aclaraciones, los parlamentarios reclamaron identificar los componentes potencialmente comprometidos y establecer un calendario para sustituirlos. También exigieron que el Gobierno informe al Parlamento sobre los avances dentro de un año.

La advertencia se extiende más allá de los vehículos: la creciente incorporación de tecnología china en sistemas estratégicos podría generar dependencias difíciles de revertir y exponer al país a operaciones de inteligencia o interrupciones deliberadas.

El presidente del comité, Liam Byrne, cuestionó la falta de una estrategia clara del Ejecutivo frente al régimen de Beijing y acusó a los ministros de improvisar sus decisiones.

“Las empresas británicas no pueden planificar el futuro cuando el Gobierno sigue improvisando su política sobre China”, afirmó.

Byrne sostuvo que el Ejecutivo había prometido establecer una política coherente y de largo plazo, pero que las decisiones adoptadas hasta ahora dejaron riesgos sin resolver y oportunidades perdidas.

“Reino Unido debe definir su propia relación con China o arriesgarse a que esa relación sea definida por nosotros en Washington o Beijing”, agregó.

El informe también cuestionó que el Gobierno se niegue a establecer un registro específico de países considerados amenazas para las redes británicas y prefiera evaluar individualmente a cada proveedor tecnológico.

Para los parlamentarios, ese mecanismo podría permitir que compañías extranjeras eludan las restricciones mediante otras denominaciones comerciales. Por eso, reclamaron identificar los países de origen de los componentes y establecer mecanismos que permitan bloquear proveedores considerados peligrosos.

Un comité de la Cámara de los Comunes de Reino Unido lanzó una fuerte advertencia sobre los riesgos de seguridad nacional vinculados con la expansión de la tecnología china y reclamó prohibir su utilización en infraestructuras críticas del país. Los legisladores alertaron que los dispositivos conectados fabricados por empresas del gigante asiático podrían permitir al régimen de Beijing acceder a información sensible, realizar tareas de vigilancia e incluso ejecutar sabotajes a distancia.

La iniciativa apunta especialmente a los vehículos utilizados por el Gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de emergencia. El informe, citado por The Times, recomienda reemplazar progresivamente los equipos tecnológicos provenientes de países considerados de alto riesgo y establecer controles más estrictos sobre los datos que circulan hacia fabricantes extranjeros.

La preocupación no es menor: las compañías chinas concentran hasta el 79% del mercado mundial de módulos celulares para el internet de las cosas (IoT), componentes que permiten que automóviles, terminales de pago y otros dispositivos intercambien información mediante redes móviles.

Para los parlamentarios británicos, esta dependencia representa una vulnerabilidad estratégica que podría ser aprovechada por Beijing en un escenario de tensión internacional.

Uno de los principales puntos de preocupación del comité es la posibilidad de que los fabricantes puedan acceder remotamente a sistemas de vehículos conectados y alterar su funcionamiento.

Los legisladores advirtieron que los intercambios de información entre los automóviles y sus fabricantes pueden abrir la puerta a ataques informáticos, vigilancia y posibles interrupciones de servicios esenciales.

Como antecedente, el informe mencionó una investigación realizada en Noruega sobre un autobús fabricado por la compañía china Yutong. El análisis determinó que era técnicamente posible acceder a distancia a determinados equipos conectados con la batería y el motor del vehículo.

Sin embargo, el comité también reconoció que los autobuses Yutong comercializados en Reino Unido no pueden recibir actualizaciones inalámbricas de software y que los ministros habían considerado que sus programas de seguridad cumplían con los requisitos gubernamentales.

El comité mencionó otros episodios que reflejan las dificultades del Reino Unido para establecer límites a la influencia económica china.

Uno de ellos fue el bloqueo de una inversión de 1.500 millones de libras para instalar una fábrica de turbinas eólicas de la compañía china Ming Yang. La operación terminó frenada por motivos de seguridad nacional que no fueron detallados públicamente.

También recordó la intervención estatal en British Steel, que terminó desplazando a sus propietarios chinos en medio de una disputa por el control de la compañía.

Para los legisladores, ambos episodios evidencian una política marcada por la falta de previsibilidad, la inconsistencia y la opacidad.

El documento propone establecer dos categorías para ordenar la relación económica con Beijing. Una denominada “zona roja”, que incluiría capacidades estratégicas que Reino Unido debe conservar bajo control soberano y fuera del alcance de inversiones chinas.

La segunda sería una “zona verde”, destinada a sectores en los que el comercio y la inversión podrían desarrollarse bajo controles específicos. Allí, el Gobierno debería respaldar a las empresas británicas mediante mejores condiciones de acceso a mercados, financiación para exportaciones y asistencia comercial.

Frente a las críticas, el Ejecutivo británico rechazó las conclusiones del comité y defendió su estrategia de relaciones exteriores y comerciales con China.

“Nuestro enfoque hacia China es coherente: cooperaremos cuando podamos y cuestionaremos cuando debamos”, respondió el Gobierno.

El debate refleja uno de los principales desafíos de seguridad para las potencias occidentales: cómo aprovechar las oportunidades comerciales con China sin permitir que su tecnología controle sectores esenciales de sus economías.

La advertencia del Parlamento británico vuelve a poner en primer plano los riesgos asociados a la dependencia tecnológica de Beijing y la necesidad de proteger las infraestructuras estratégicas frente a posibles amenazas externas.