El canciller Pablo Quirno explicó este lunes los alcances del proceso legal iniciado por el Gobierno de Javier Milei contra el Reino Unido para intentar frenar la explotación unilateral de hidrocarburos en las Islas Malvinas y aseguró que se trata de una acción inédita en la historia del reclamo argentino.

En una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, el funcionario detalló que la Argentina intimó formalmente al Reino Unido como paso previo al inicio de un procedimiento arbitral en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). “Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal”, explicó.

La medida apunta específicamente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente al proyecto Sea Lion. El Gobierno denuncia su realización sobre recursos pertenecientes a la Plataforma Continental Argentina. “Son recursos que están siendo explotados y forman parte de nuestra Plataforma Continental. Son recursos no renovables y que son nuestros, no puede haber decisiones unilaterales”, sostuvo el canciller.

Quirno explicó además que el procedimiento contempla inicialmente un plazo de 15 días para que el Reino Unido tenga la posibilidad de detener las actividades cuestionadas. Si Londres no responde favorablemente, la Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral. Según explicó el ministro, una eventual resolución tendrá carácter obligatorio para las partes. “El arbitraje tendrá una decisión y los resultados serán obligatorios”, remarcó.

El canciller también respondió a las críticas formuladas por sectores de la oposición contra la estrategia desplegada por el Gobierno. “No somos ni más ni menos ‘malvineros’ que cualquier argentino”, afirmó, y señaló que la administración de Milei decidió adoptar una estrategia diferente para reforzar las herramientas disponibles frente a las actividades británicas.

En ese sentido, recordó que el Ejecutivo reglamentó la Ley 26.659 para ampliar la capacidad de sancionar a empresas y proveedores vinculados con licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas. El Gobierno ya había iniciado durante septiembre acciones penales contra compañías vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

Quirno aclaró que el procedimiento internacional no someterá a arbitraje la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas, sino las acciones unilaterales relacionadas con los recursos naturales. “El objetivo nuestro es que ninguna parte realice medidas unilaterales”, sintetizó el canciller sobre la estrategia argentina.

Con esta estrategia, el Gobierno busca frenar las acciones unilaterales británicas en Malvinas mediante sanciones, presión diplomática y herramientas jurídicas internacionales, sin someter a arbitraje el reclamo argentino de soberanía.