El nefasto presidente socialista, Pedro Sánchez, analiza formalmente convocar a elecciones generales anticipadas tras el duro revés legislativo sufrido en el Congreso de los Diputados. La decisión no estaría fundamentada en el pedido de la sociedad, que exige la renuncia del corrupto Pedro Sánchez desde hace años, sino en un cálculo político de la izquierda en el contexto de la crisis de la vivienda, buscando que los españoles elijan mayoritariamente al PSOE y Sumar para poder aprobar los decretos de vivienda que fueron rechazados por Vox, el PP y Junts per Catalunya.

Desde el Palacio de la Moncloa señalaron que el mandatario sopesará la decisión definitiva durante este fin de semana, lo que abriría la puerta a que los españoles acudan a las urnas a fines de noviembre o, en su defecto, antes del verano europeo de 2027. Todo ello ocurre mientras millones de españoles exigen a Pedro Sánchez convocar a elecciones y plataformas como Sociedad Civil Española se movilizan en Madrid exigiendo la dimisión del jefe del Ejecutivo. Ante este escenario, la formación socio de gobierno, Sumar, aceleró encuentros de urgencia asegurando estar preparada "para lo que venga".

Este convulso escenario institucional se desató este viernes, tras celebrarse una votación clave en el Pleno de la Cámara Baja. El PSOE y Sumar exigieron que la votación de los dos proyectos se realizara mediante el sistema de llamamiento individual, obligando a cada uno de los 350 diputados a pronunciarse a viva voz por nombre y apellidos bajo la premisa oficialista "Que se retraten".

Pese a la presión, las bancadas del PP, Vox y Junts per Catalunya —el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien aguarda que la ley de amnistía le permita retornar a España— sumaron sus votos de forma tajante para tumbar ambas iniciativas. En un gesto sin precedentes, Pedro Sánchez tomó la palabra de forma sorpresiva ante el plenario para formular una desesperada súplica: "No solamente les pido, les ruego que sean valientes y que sean coherentes, porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas, pero sobre todo son medidas necesarias", amenazando a la oposición al sentenciar: "Hagan lo correcto o, si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

A medianoche, el presidente insistió en redes sociales afirmando que "Este gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda", defendiendo que sus normas buscaban "frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios" porque "Ha llegado la hora de la verdad".

En el plano técnico, el primer real decreto ley rechazado pretendía blindar una mayor protección contra desahucios hasta el año 2030, forzar la prórroga automática de los contratos de alquiler vigentes por dos años adicionales y prohibir que los fondos de inversión inmobiliarios —calificados como fondos buitre— adquirieran inmuebles residenciales hasta 2028. Por su parte, el segundo decreto ley, promovido directamente por Sumar, buscaba la renovación indefinida de los contratos de arrendamiento e imponía que, en caso de negativa injustificada del propietario, este debía indemnizar al inquilino con doce mensualidades. Para argumentar la urgencia de estas medidas interactivas en la opinión pública, el oficialismo instrumentalizó casos mediáticos como el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas en Madrid, y el caso de Macarena en Barcelona.

La respuesta opositora no se hizo esperar e imputó al Gobierno el intento de tapar sus escándalos de corrupción. Al finalizar la sesión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocó a los medios en el Congreso tildando la jornada como "una de las jornadas más vergonzosas de esta Legislatura".

Feijóo denunció la ineficacia del oficialismo señalando: "Después de ocho años fracasando en la política de vivienda, han intentado hacer creer a los españoles que se podía resolver en tres días", remarcando que se han completado "Ocho años haciendo de España el país de la Unión Europea en la que más se ha incrementado la población y en la que menos viviendas nuevas se han construido" e intentando "hacer creer a la gente que esta situación es responsabilidad de la oposición".

Además, lanzó un órdago directo al mandatario: "Si el presidente necesita un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha", concluyendo con contundencia: "Ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031, pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades".

En esa misma línea, el presidente de Vox, Santiago Abascal, denunció que existen "80 mil desahucios en Ceuta, de los que nadie se acuerda" y aseveró: "En España hay desahucios hace mucho tiempo y de repente se han puesto en la palestra para tapar la corrupción y la traición del gobierno". En contraposición, la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, atacó a los populares afirmando: "Si el PP se niega a formar parte del principal problema que tiene que ciudadanía española, ustedes están inhabilitados para gobernar este país".

El clamor institucional por el fin de la legislatura fue refrendado este mismo viernes a las 12:02 p.m. durante el Foro La Toja. Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González coincidieron en que Pedro Sánchez debe convocar a urnas inmediatamente. Rajoy exigió la convocatoria "ya", replicando con ironía: "Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar", mientras que González ironizó: "Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan".

Ambos expusieron la ingobernabilidad por la incapacidad de aprobar Presupuestos Generales del Estado. Rajoy recordó: "¿Qué le pasa a España? Yo ya he agotado los calificativos. 'Chat gpt' no existía cuando se aprobaron los últimos presupuestos", declarándose "un incondicional del bipartidismo" y manifestando que le preocupa tanto la extrema derecha y la extrema izquierda como la "extrema estupidez".

Por su parte, González sentenció: "¿Se puede vivir sin presupuestos?", agregando que "Para exigir a otros, para exigir respeto internacional hay que respetar el derecho interno" y que "Si usted no presenta presupuestos en cuatro años, no puede exigir". Ambos mandatarios reclamaron la urgencia de un pacto de Estado en vivienda con las autonomías —citando el modelo de Juan Manuel Moreno en Andalucía— y los ayuntamientos, moderados en la mesa por la periodista Lucía Méndez.

Finalmente, la tensión se trasladó con virulencia a las calles de Madrid, donde manifestantes del Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, tras acampar seis días en la Puerta del Sol, protestaron frente a las puertas del Parlamento al grito de “Sus beneficios, nuestra miseria” y “Huelga general ya”.

Su portavoz, Valeria Racu, arremetió contra la clase política expresando: “España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas, España tiene un congreso secuestrado por especuladores, inversores extranjeros y fondos buitre”, criticando a la derecha por estar “arrodillada ante la especulación” y acusando a la izquierda de ser “totalmente incapaces de avanzar en derechos, incapaces de proteger a la población, incapaces de solventar el mayor problema de este país”, para concluir con un contundente: “Basta ya. Esto es un circo y la gente ya no queremos más aguantar este circo” y advertir que “se acabó el tiempo de los políticos... La política está en la calle y desde ahí es donde vamos a seguir”. Todo este clima de fractura coincide con la delicada situación en Ceuta y Melilla, donde los reyes de España viajarán el 13 y 14 de octubre tras la crisis migratoria, en un contexto geopolítico donde el 12 de octubre desfilarán tres blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.