Francia ha registrado su tercer sábado consecutivo de violentos disturbios e insurrección en las calles. Lo que comenzó como jornadas de protesta convocadas agrupaciones e inmigrantes musulmanes derivó en un escenario de extrema tensión urbana, caracterizado por el choque frontal entre terroristas encapuchados y las fuerzas de seguridad en las principales urbes del país.

La magnitud del despliegue masivo arrojó diferencias en los cómputos oficiales e independientes: mientras la coalición de organizaciones juveniles y sindicatos calculó la participación en casi medio millón de personas en todo el territorio nacional —incluidas 200.000 en París—, los reportes oficiales emitidos por el Ministerio del Interior y la Prefectura de Policía fijaron la concurrencia en 320.000 manifestantes a nivel nacional y 70.000 en la capital. La gravedad del enfrentamiento dejó una cifra masiva de arrestos comunicada por los distintos medios de prensa, los cuales reportaron un saldo de al menos 420 criminales detenidos.

La escalada violenta alcanzó su punto más severo en la capital, donde se denunció un salvaje atentado contra las fuerzas del orden: un gendarme fue alcanzado por un cóctel molotov, lo que provocó que su cuerpo prendiera fuego en medio de la marcha. En esa misma línea de agresiones, se constataron múltiples ataques contra la Policía francesa mediante el uso sistemático de bombas incendiarias y proyectiles. La información proveniente de los reportes atribuye la autoría de estos episodios de vandalismo a terroristas de extrema izquierda, así como a colectivos de africanos y musulmanes. En uno de los incidentes denunciados durante el colapso del orden público, un manifestante encaró directamente a un oficial y fue dejado marchar por la policía sin sufrir arresto ni consecuencia alguna.

Al finalizar los recorridos oficiales, grupos de manifestantes encapuchados se negaron a disolverse e iniciaron batallas campales. Utilizando martillos para arrancar adoquines del pavimento, los manifestantes procedieron a arrojárselos de manera continua a los efectivos policiales, además de lanzar al menos un artefacto incendiario contra los escuadrones antidisturbios. Frente a este escenario, las fuerzas de seguridad recurrieron de forma masiva al uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar los focos de insurrección.

El temor de las autoridades a un colapso generalizado se sustenta en el grave antecedente del 17 de octubre, fecha en la que marchas similares terminaron con un saldo devastador de 3.000 comercios saqueados, incendios intencionales en edificios públicos y graves destrozos a la propiedad privada.

Para enfrentar el estallido, el gobierno activó un operativo policial excepcional de 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional, apoyado por unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros. Adicionalmente, el Ayuntamiento de París desplegó a 1.000 agentes municipales para intentar recuperar el espacio público y retirar objetos urbanos susceptibles de ser utilizados para causar daños.

El Ministro del Interior, Laurent Nuñez, fundamentó las severas medidas decretadas debido al “muy alto riesgo” de disturbios, alertando que grupos de extrema izquierda y sectores radicalizados utilizaron redes sociales para coordinar acciones violentas aprovechando la coincidencia festiva de Halloween. Laurent Nuñez fue tajante al advertir: “La jornada no ha terminado ni mucho menos. Eso significa que el nivel de vigilancia no va a bajar”.

Entre las medidas restrictivas adoptadas por el Ejecutivo nacional sobresalen:

Prohibición de enmascaramiento: Se prohibió expresamente el ocultamiento del rostro bajo excusa de disfraces en las inmediaciones de las marchas.

Toques de queda nocturnos: Aplicados entre las 23 y las 6 horas durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes en sectores neurálgicos como la place de la República y la zona comercial de Châtelet-Les Halles.

Restricción a menores: Se prohibió la circulación de menores no acompañados por representantes legales a partir de las 21 horas en múltiples barrios de París.

La violencia urbana paralizó la infraestructura comercial y de transporte. En la capital francesa, 40 estaciones de metro se vieron obligadas a cerrar sus puertas durante la jornada, mientras que las fuerzas de seguridad establecieron estrictos controles de pasajeros en París y la periferia. Ante el temor recurrente a los saqueos, los comerciantes de sectores altamente transitados como el barrio de la Ópera cubrieron sus fachadas y escaparates con paneles de madera y paneles de contrachapado. Además de París, se registraron graves disturbios y choques con la policía en ciudades como Lyon, Rennes, Marsella, Nantes y Toulouse.

El mapa de las protestas estuvo atravesado por intensos litigios judiciales. En la capital, la policía contabilizó unas 350 acciones de protesta. El Consejo de Estado —la máxima instancia administrativa de Francia— falló a favor del Gobierno y proscribió el trayecto pretendido originalmente por los sindicatos entre la plaza de la Bastilla y Nación, relegando la marcha a un trazado periférico entre la Puerta de Bagnolet y la Puerta de Charenton. Asimismo, la justicia rechazó la solicitud del movimiento de los chalecos amarillos para marchar desde la Bastilla hasta la plaza de la Concordia, en las cercanías de los Campos Elíseos, el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional.

En respuesta a la resolución judicial, el abogado y portavoz de los chalecos amarillos, David Libeskin, denunció públicamente: “Consideramos que se trata de una restricción desproporcionada de la libertad de manifestación”. Por su parte, la prefectura de Toulouse prohibió de manera absoluta cualquier tipo de manifestación en la ciudad, provocando que activistas denunciaran una deriva hacia un Estado policial.

El abanico de consignas aglutina exigencias contra el alto costo de vida, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos y de la educación pública. A estas demandas se sumaron expresiones contra el racismo surgidas tras un reciente atentado registrado el 23 de octubre en la región parisina, el cual dejó un saldo de 1 muerto y 7 heridos.

La jornada contó con la activa participación de figuras de la extrema izquierda, destacándose la presencia del candidato presidencial para 2027, Jean-Luc Mélenchon, quien arremetió contra la administración del presidente Emmanuel Macron acusándola de avanzar hacia el autoritarismo. Desde el sector estudiantil —cuyos bloqueos en institutos iniciados a finales de septiembre fueron el detonante de la actual ola de protestas—, la secretaria general de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef), Manon Moret, advirtió antes de marchar: “Si el Gobierno sigue negándose a hacer algo al respecto, sigue haciendo oídos sordos y se niega a responder a las reivindicaciones de los jóvenes, seguirá siendo objeto de movilizaciones”.

El panorama inmediato promete profundizar el conflicto social tras el reinicio de las clases tras el receso de Todos los Santos:

Martes y Jueves: Las agrupaciones estudiantiles coordinarán nuevos bloqueos en escuelas secundarias y universidades.

5 de noviembre: Convocatoria masiva a una huelga general a nivel nacional.

6 y 7 de noviembre: El movimiento de los chalecos amarillos retomará las movilizaciones en las calles.