Bukele dividió a los detenidos vinculados con las pandillas en cuatro categorías. La primera comprende a 42.125 homeboys, miembros incorporados formalmente mediante el rito conocido como “brinco”.

La segunda incluye a 25.910 personas que, sin haber pasado por ese procedimiento, desempeñaban funciones operativas, como vigilar territorios, alertar sobre movimientos policiales o facilitar delitos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió las noticias falsas que aseguraban que su Gobierno planeaba liberar a miles de delincuentes y aclaró que la revisión anunciada se limitará a un grupo pequeño de presos.

Según explicó, no se trata de excarcelar a pandilleros ni de reducir de manera generalizada la población carcelaria, sino de examinar los expedientes de personas detenidas bajo la clasificación de "colaboradores" de estructuras criminales.

Durante una conferencia, el mandatario precisó que se analizarán alrededor del 50% de los casos correspondientes a los 10.626 detenidos identificados como colaboradores.

La evaluación buscará establecer el grado de participación de cada persona y determinar si corresponde mantener su situación penitenciaria o considerar una eventual liberación.

La aclaración llegó después de que declaraciones realizadas por Bukele durante la firma de un acuerdo millonario con España fueran malinterpretadas. El presidente negó haber planteado la liberación de 46.000 presos o de la mitad de la población carcelaria.

“Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, reiteró el mandatario, al insistir en que la revisión no contempla a los integrantes de las pandillas.

Para fundamentar su posición, el presidente detalló que el sistema penitenciario salvadoreño alberga a 120.956 personas privadas de libertad.

De ese total, 96.457 están detenidas por pertenecer a pandillas o por delitos vinculados con esas organizaciones. El resto corresponde a los denominados reos comunes, entre quienes hay condenados por homicidios, violaciones, robos y estafas, entre otros delitos.

El tercer grupo está compuesto por los llamados paros, personas que colaboraban habitualmente con las bandas sin convertirse formalmente en integrantes. El mandatario mencionó como ejemplo a un taxista que transportaba de manera recurrente a pandilleros para cometer delitos.

La cuarta categoría corresponde a los colaboradores, el único grupo cuyos expedientes serán evaluados para una eventual excarcelación. Según Bukele, allí puede haber personas que ayudaron bajo circunstancias puntuales o que fueron obligadas a colaborar, sin integrar necesariamente la estructura criminal.

El presidente reconoció que esas conductas también constituyen delitos. “¿Es un delito? Sí, por eso está en la cárcel”, afirmó al describir el caso de una persona que oculta a pandilleros y niega su presencia ante la Policía. Sin embargo, sostuvo que es necesario examinar las circunstancias y el nivel de responsabilidad individual.

Los detenidos que superen la evaluación podrían acceder al programa penitenciario Cero Ocio, orientado al trabajo y la formación. Según explicó Bukele, los participantes confeccionan uniformes, construyen escuelas, fabrican pupitres e integran agrupaciones musicales que se presentan en espacios públicos.

“Vamos a revisar los casos y vamos a ver qué nivel”, señaló el mandatario, quien también admitió que algunas formas de colaboración con las pandillas podrían justificar penas de hasta 20 años.

De esta manera, Bukele insistió en que la medida no supone una liberación masiva de delincuentes, sino una revisión individualizada de una categoría específica de detenidos. La decisión final dependerá de la evaluación de cada expediente y del grado de responsabilidad que se determine en cada caso.