Cuando un gobierno aprueba su medida laboral más costosa en la semana previa a una elección que está perdiendo, no hace falta ser analista político para entender el timing. El plenario del Senado brasileño aprobó este miércoles 14, en dos turnos, la PEC 221/19, que termina con la escala de trabajo 6x1 y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial. El texto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados. migalhastelesintese

Once días después, el 25 de octubre, el dictador izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se juega la reelección. Y las encuestas no lo acompañan.

Los números explican la urgencia. La última encuesta Quaest, divulgada el mismo miércoles 14, muestra al senador Flávio Bolsonaro (PL) con 51% y a Lula con 49% de los votos válidos para la segunda vuelta. La sondeo de Ipespe publicada el sábado 10 dio a Bolsonaro 52,7% contra 47,3% del petista. En la primera vuelta, Flávio llegó al balotaje al frente, con 47,03% de los votos contra 45,16% de Lula.

Un presidente en ejercicio que pierde en primera vuelta y sigue atrás en todas las mediciones necesita un golpe de efecto. Lo encontró en la Constitución.

No es casualidad quién la impulsó. La PEC tiene como primer firmante al diputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) y fue relatada en el Senado por el senador Omar Aziz (PSD-AM). El gobierno la convirtió en bandera: el ministro de Trabajo había declarado que la preocupación del gobierno de Lula era “terminar lo antes posible con la escala 6x1”.

El resultado fue un Senado donde nadie quiso aparecer en la foto del lado equivocado a diez días de las urnas: en la primera votación, el marcador fue de 75 votos a favor y uno en contra. Ni el bolsonarismo se animó a pagar el costo de oponerse en plena campaña. Eso no vuelve a la medida menos electoralista; vuelve al Congreso más cobarde.

Aquí está el núcleo de la jugada. La medida no rige ahora. Sesenta días después de la promulgación, las empresas deberán adoptar la escala 5x2 y reducir la jornada de 44 a 42 horas. Tras 12 meses de ese primer cambio, la jornada caerá a 40 horas, totalizando 14 meses de transición. En el escenario más probable, eso ocurrirá en diciembre de 2027.

Es decir: Lula cobra el beneficio electoral en octubre de 2026 y el costo lo absorbe el país entero más de un año después, gane quien gane. Si pierde, le deja la bomba al rival. Si gana, ya no tiene que rendir cuentas por ella hasta 2030.

El propio oficialismo conoce la factura. El gobierno cita un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) según el cual la reducción de 44 a 40 horas elevaría el costo medio del trabajo en 7,84%. Otras estimaciones son más duras: la reducción de jornada con mantenimiento de salario representa un alza de hasta 10% en el costo de la hora trabajada.

El impacto recae de lleno sobre los sectores que más empleo generan. La Confederación Nacional del Comercio (CNC) calcula que 93% de los trabajadores del comercio minorista y 92% del mayorista trabajan más de 40 horas semanales. Datos del Ministerio de Trabajo y del IBGE citados durante la votación indican que 36,2 millones de vínculos formales tienen jornada contratada superior a 40 horas. Son millones de puestos cuyo costo sube por decreto, en un país donde la informalidad ya es la válvula de escape de cada encarecimiento del empleo registrado.

Hay un detalle más que el relato oficial prefiere olvidar. En octubre de 2022, a cuatro días del balotaje contra Jair Bolsonaro, Lula insistió en que no se presentaría a un nuevo mandato en 2026 si ganaba: “De ser electo, seré presidente por un período”, escribió en Twitter.

Cuatro años después, no solo compite por la reelección: la compite repartiendo horas de descanso con cargo a la nómina ajena. Si en 2022 la promesa era de una sola gestión, la de 2026 es trabajar menos por igual sueldo. Ambas se hicieron en la última semana de campaña. Una ya se incumplió.