Acorralado ante la perspectiva de una derrota categórica en la segunda vuelta presidencial, el régimen autoritario de Luiz Inácio Lula da Silva ha puesto en marcha un desesperado plan platita mediante el uso electoral de los recursos públicos de Brasil. A tan solo 16 días de la definición en el balotaje, la administración socialista anunció un agresivo paquete de subsidios enfocado en los combustibles, cuyo impacto fiscal total asciende a la astronómica cifra de R$ 5.200 millones (US$ 1.042 millones) sobre las cuentas públicas durante un período de 1 mes (30 días).

Esta escandalosa maniobra presupuestaria, financiada según el oficialismo con ingresos petroleros extraordinarios de la Unión para garantizar una supuesta “neutralidad fiscal”, busca volcar recursos estatales directamente al bolsillo de los votantes en la recta final del calendario electoral, profundizando la estrategia iniciada a mediados de septiembre, cuando el gobierno petista otorgó un aumento del 15% al programa Bolsa Família para compensar la inflación acumulada desde 2023.

En el desglose detallado de las medidas, el foco principal de la intervención estatal está volcado en la gasolina y los combustibles de consumo masivo. El anuncio central contempla la eliminación total por 30 días de los impuestos federales IS/Cofins y Cide sobre la gasolina, generando una reducción directa de R$ 0,89 por litro en el precio final. Este alivio fiscal simulado para la gasolina y el etanol implica un costo presupuestario de R$ 3.600 millones (US$ 722 millones).

De forma paralela, el régimen de Lula destinó un subsidio adicional de R$ 1.600 millones (US$ 321 millones) dirigido a los importadores de diésel. Asimismo, para evitar que la baja artificial de la gasolina destruya la competitividad del etanol, el gobierno sostuvo la exención fiscal de R$ 0,19 por litro para el etanol hidratado e incrementó el subsidio directo a productores y cooperativas de R$ 0,25 a R$ 0,43 por litro.

Para intentar blindar la maniobra frente a las acusaciones de electoralismo, el Ministerio de Planificación difundió un comunicado remarcando que: “Todas las medidas son temporales, válidas únicamente hasta 2026, y podrán ser revisadas en función de la situación y de la disponibilidad presupuestaria y financiera”, dando continuidad al decreto firmado previamente el 9 de septiembre que contó con una validez similar de 30 días.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, ensayó una justificación oficial al aseverar: “las decisiones no están relacionadas con la contienda presidencial. El anuncio no modifica el calendario electoral. Sin embargo, lo que hemos observado en nuestra evaluación casi diaria es que los precios siguen ejerciendo una presión considerable sobre el mercado. Desde que comenzamos a hacer esto hace algún tiempo, seguimos el mismo patrón: no participar en la guerra contra el combustible y trasladar a la población los beneficios derivados de la ausencia de aumentos en los precios”.

En su relato, el régimen petista justificó el despliegue del gasto por la volatilidad internacional del petróleo tras el conflicto en Oriente Medio, recordando que cuando se emitió el decreto de septiembre la cotización del crudo Brent rozaba los 100 dólares por barril. Sin embargo, la coincidencia del gasto masivo a 16 días de las urnas deja al desnudo la desesperación del socialismo por manipular la voluntad popular mediante el asistencialismo estatal.