En un hecho sin precedentes que sacude los cimientos institucionales de Israel, el primer ministro derechista Benjamin Netanyahu y el partido Likud formalizaron una denuncia por un fraude electoral perpetrado durante los últimos comicios parlamentarios. A través de un severo comunicado oficial, el Likud sentenció que "las elecciones en el Estado de Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la eliminación del Estado judío a través de graves delitos penales de soborno, amenazas, violencia, falsificaciones y el uso de software prohibido para movilizar votantes". Esta maniobra delictiva fue calificada por el liderazgo del gobierno como "un grave golpe a la democracia israelí y a los derechos de voto de los ciudadanos israelíes".

El contexto parlamentario evidencia la trascendencia de la denuncia: con más del 85 por ciento de los votos escrutados, el bloque de derecha encabezado por Benjamin Netanyahu se proyecta como el vencedor de la jornada con 53 escaños en la Knesset de 120 miembros, superando a la coalición de su principal rival, Gadi Eisenkot, que obtiene 48 escaños. Sin embargo, al no alcanzar ninguno de los bloques la mayoría absoluta de 61 escaños, las agrupaciones árabes Ra'am y la Lista Conjunta alcanzaron una cifra histórica sin precedentes de 19 escaños —un salto drástico comparado con los 5 escaños que poseían anteriormente—, pretendiendo erigirse ilegítimamente como árbitros en la formación del próximo gobierno.

Los legajos presentados ante las autoridades detallan de forma particular las múltiples irregularidades detectadas en los centros de votación de las comunidades árabes, entre las que destacan "miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas de Ra'am", la presencia de "amenazas y violencia contra miembros de comités de mesa de votación", la detección de "múltiples votantes detrás de la cortina de votación", maniobras de "votación con identidades dobles", "discrepancias entre el número de sobres y el número de votantes" y el "uso de software prohibido de movilización" de electores.

Las sospechas de compra de votos se tradujeron en acciones policiales concretas durante la noche previa y el día del comicio. En un operativo nocturno, la policía arrestó a tres personas bajo la sospecha de intentar comprar sufragios para el partido Ra'am, incautando sobres y más de 24.000 shéqueles en efectivo (aproximadamente 7.900 dólares) cerca de las viviendas de los sospechosos. Sobre este tipo de delitos, el director general interino del Comité Central de Elecciones, Dean Livne, reconoció que "la policía, incluso antes de que la gente llegara a las mesas electorales, atrapó a individuos que intentaban sobornar a los votantes".

El propio Benjamin Netanyahu había advertido tempranamente durante la jornada de votación sobre los intentos árabes de "robar la elección", haciendo un llamamiento patriótico y directo a sus bases: "Sin barbacoas, no vayan a la playa: vayan a la urna y voten por el Likud". Frente a la contundencia de las acusaciones, el líder de Ra'am, Mansour Abbas, intentó defensivamente acusar al primer ministro de "mentir e incitar contra" su partido para "movilizar a los votantes de derecha", al tiempo que el partido de Gadi Eisenkot afirmó que el premier estaba "preparando el terreno para impugnar los resultados", tras un pronunciamiento inicial de un funcionario del CEC en el Canal 12 que desestimó las denuncias de fraude electoral.

Ante la gravedad de los hechos, el Likud exigió una investigación inmediata y profunda por parte de la Policía de Israel, la agencia de inteligencia Shin Bet y el Comité Central de Elecciones (CEC). La agrupación del primer ministro anunció la entrega formal de cientos de testimonios y abundante material probatorio, instando a las fuerzas del orden a actuar "con mano de hierro y de manera inmediata" para llevar a la justicia a los responsables de los delitos penales cometidos.