Argentina lleva al Reino Unido ante el Tribunal del Mar: los argumentos contra la explotación británica en Malvinas

Otro argumento central es la naturaleza de los recursos involucrados. El petróleo es un recurso no renovable y su extracción representa una modificación que no puede revertirse mediante una sentencia posterior. Si el Reino Unido avanza con las perforaciones y posteriormente un tribunal reconoce los derechos argentinos, los hidrocarburos extraídos no podrán ser restituidos.

A esto se suman las disposiciones de los artículos 192 y 194 de la Convemar, que establecen obligaciones de protección y preservación del medio marino. Argentina sostiene que la actividad hidrocarburífera también debe analizarse bajo esos compromisos internacionales.

La posición británica se concentra en cuestionar la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intervenir en una controversia que, según Londres, involucra una cuestión de soberanía territorial ajena a sus competencias. El Gobierno británico sostiene que las islas son territorio soberano del Reino Unido y que sus autoridades tienen facultades para regular las actividades económicas y otorgar licencias de explotación hidrocarburífera.

La fiscal general británica, Ellie Reeves, viajó a Hamburgo al frente de un equipo de abogados para representar al Reino Unido. Antes del comienzo de las audiencias, afirmó que su país reconoce la autoridad del organismo internacional, pero considera que no tiene competencia para resolver cuestiones vinculadas con la soberanía de las Malvinas.

Londres también sostiene que las licencias otorgadas para el desarrollo petrolero no quedan invalidadas por la presentación argentina. En octubre, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había defendido esa posición ante la Cámara de los Comunes y había mencionado el referéndum realizado en las islas en 2013, cuyo resultado fue de un 99,8% a favor de continuar como territorio británico.

Sin embargo, la controversia que Argentina llevó ante el Tribunal no busca obtener una sentencia definitiva sobre la soberanía de las islas en esta instancia, sino impedir que se consoliden hechos económicos mientras continúa pendiente la disputa territorial. Esa distinción es central para la estrategia jurídica presentada por Buenos Aires.

El Reino Unido también anunció que impulsará una legislación secundaria basada en la Protection of Trading Interests Act de 1980, con el objetivo de proteger a las empresas que pudieran resultar afectadas por medidas argentinas de alcance extraterritorial. La iniciativa fue anunciada el mismo 13 de octubre, aunque todavía no se había publicado el texto definitivo.

El procedimiento tiene una particularidad jurídica. Tanto Argentina como el Reino Unido eligieron mecanismos diferentes para resolver controversias bajo la Convemar. Mientras Londres designó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Buenos Aires optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Debido a esa diferencia, la controversia de fondo deberá tramitarse mediante un tribunal arbitral constituido bajo el Anexo VII de la Convemar. Mientras ese organismo se conforma, el TIDM puede intervenir para establecer medidas provisionales destinadas a preservar los derechos de las partes y evitar que la situación se agrave.

Por eso, las audiencias del 10 y 11 de noviembre en Hamburgo no tienen como objetivo resolver definitivamente quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas. El Tribunal debe determinar si existen fundamentos suficientes para adoptar medidas cautelares mientras se constituye el órgano arbitral.

La Argentina llevó la disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania. Durante las audiencias iniciadas este martes 10 de noviembre, la delegación del Gobierno de Javier Milei expuso los fundamentos jurídicos para solicitar que el Reino Unido suspenda las actividades vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, que prevé avanzar sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

La presentación argentina busca impedir que Londres avance unilateralmente con la explotación de petróleo en la plataforma continental alrededor del archipiélago. El planteo se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y en distintas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reconocen la existencia de una controversia entre ambos países y llaman a evitar medidas unilaterales que puedan dificultar una solución negociada.

El Gobierno argentino presentó formalmente su solicitud el 13 de octubre, invocando el artículo 290 de la Convemar. El pedido contempla cuatro medidas concretas: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación petrolera mediante Sea Lion, que no otorgue nuevos permisos en el área en disputa, que preserve la información obtenida durante las tareas de exploración y que garantice la protección del medio marino.

La delegación argentina está encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, y cuenta con la participación de funcionarios de distintas áreas del Gobierno. Entre ellos se encuentran María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Bettina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.

Uno de los principales fundamentos de la presentación argentina es que el Reino Unido no puede avanzar con la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra sometida a una controversia internacional pendiente de resolución.

La posición de Buenos Aires se apoya especialmente en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera es la Resolución 2065 de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. La segunda es la Resolución 31/49 de 1976, que instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúen las negociaciones.

Durante su exposición, el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen sostuvo que la Argentina busca preservar sus derechos sobre los espacios marítimos hasta que se resuelva la controversia territorial. El abogado, que participó en la representación argentina durante el caso de la fragata ARA Libertad en 2012, remarcó que la disputa de soberanía continúa abierta debido a la negativa británica a negociar una solución.

Kohen también planteó que el reconocimiento internacional de la controversia constituye un elemento relevante para demostrar que los derechos argentinos sobre la plataforma continental tienen fundamentos jurídicos plausibles. En ese sentido, sostuvo que el Tribunal no necesita resolver definitivamente la soberanía para considerar las medidas provisionales solicitadas.

Para hacerlo, deberá evaluar tres condiciones: si el futuro tribunal arbitral tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia, si existe una situación de urgencia que justifique intervenir y si los derechos que Argentina busca proteger cuentan con fundamentos razonables en los hechos y en el derecho internacional.

El cronograma contempla exposiciones de ambas delegaciones durante las dos jornadas. Argentina abrió las presentaciones del martes, mientras que el Reino Unido tomó la palabra por la tarde. El miércoles 11 habrá una segunda intervención argentina y la representación británica tendrá el cierre.

Un aspecto particular es que la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, vicepresidenta del organismo, se excusó de participar en el caso. Por ese motivo, el país designó como juez ad hoc a Raúl Vinuesa. El Reino Unido, que tampoco cuenta con un magistrado de su nacionalidad entre los integrantes permanentes, designó a Vaughan Lowe.

La resolución sobre las medidas provisionales se espera para noviembre. Según el calendario procesal mencionado en la presentación del caso, podría conocerse alrededor del 13 de noviembre, aunque el Tribunal también podría comunicarla en los días posteriores.

El Gobierno argentino contempla tres resultados posibles para esta instancia judicial. El primero sería que el Tribunal acepte integralmente la solicitud y ordene al Reino Unido suspender las actividades vinculadas con la explotación petrolera de Sea Lion. En ese caso, Londres debería acatar las medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral, que posteriormente tendría facultades para revisarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

El segundo escenario contempla una aceptación parcial del planteo argentino. El organismo podría considerar que corresponde establecer restricciones sobre determinadas actividades, sin necesariamente ordenar la paralización completa del proyecto. El alcance dependería de cuáles de los argumentos presentados por Buenos Aires considere suficientemente acreditados.

El tercer escenario sería el rechazo de la solicitud por considerar que no existen fundamentos suficientes para reconocer, en esta etapa, la jurisdicción del futuro tribunal arbitral. Si eso ocurriera, Argentina tendría que continuar defendiendo su posición ante el organismo que se constituya bajo el Anexo VII.

El proyecto Sea Lion, desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, se encuentra en la cuenca norte de las Malvinas, aproximadamente a 198 kilómetros al norte del archipiélago. El bloque involucrado comprende unos 541 kilómetros cuadrados y las perforaciones estaban previstas para enero de 2027.

La disputa representa una nueva instancia internacional del reclamo argentino por las Islas Malvinas y sus recursos naturales. Para Buenos Aires, el punto central es evitar que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos mientras permanece sin resolver la controversia de soberanía. La decisión del Tribunal no determinará la titularidad de las islas, pero sí puede establecer límites provisionales a las actividades petroleras durante el desarrollo del arbitraje.

La presentación constituye así un nuevo intento argentino de trasladar la discusión sobre los recursos del Atlántico Sur al ámbito de las instituciones internacionales, con el objetivo de preservar los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental.