Fiscales de California desafían a Gavin Newsom y prometen seguir buscando la pena de muerte para asesinos

La decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de conmutar las sentencias de muerte de los 548 condenados que permanecían en el corredor de la muerte provocó una fuerte reacción entre fiscales del estado, que cuestionaron la medida por considerar que minimiza los crímenes de algunos de los asesinos más violentos del país y deja de lado el sufrimiento de las familias de las víctimas.

Ron Freitas, fiscal de distrito del condado de San Joaquín, aseguró que su oficina continuará solicitando la pena capital en los casos que considere apropiados, pese al intento del gobernador demócrata de desmantelar en la práctica la aplicación de la pena de muerte en California.

''Seguiremos procesando a los peores de los peores y seleccionaremos cuidadosamente a esos individuos. Continuaremos solicitando la pena de muerte en los casos correctos, para las personas correctas y por nuestras víctimas'', declaró Freitas.

El fiscal criticó duramente la decisión de Newsom, anunciada el jueves, y sostuvo que representa un golpe para las familias que durante años esperaron que los responsables de asesinatos brutales recibieran el castigo impuesto por los tribunales.

Freitas describió la conmutación colectiva como una eliminación repentina del trabajo judicial y de las condenas que habían sido obtenidas después de largos procesos. También cuestionó que la administración estatal no hubiera consultado adecuadamente a los fiscales antes de anunciar una decisión de semejante magnitud.

''Es increíblemente devastador haber trabajado tan duro en tantos casos para nuestras víctimas y ver esta eliminación masiva de justicia. Fue muy, muy decepcionante'', afirmó.

Sin embargo, Freitas rechazó la idea de tratar de manera uniforme a todos los condenados, independientemente de la gravedad y las circunstancias de sus delitos. Recordó que entre los presos beneficiados por la decisión hay asesinos múltiples, delincuentes reincidentes, asesinos seriales, homicidas de niños y violadores.

''Estos casos son los peores de los peores. Son asesinos en masa, reincidentes, asesinos seriales, asesinos de niños y violadores. Literalmente, los peores criminales que tenemos en nuestro sistema'', sostuvo.

La crítica apunta directamente al argumento de Newsom de que establecer diferencias entre los condenados según sus crímenes supondría crear distintas categorías de víctimas. El gobernador sostuvo que todas las familias merecen el mismo reconocimiento y que la pena capital no es compatible con los valores de California.

No obstante, sus detractores consideran que esa postura ignora las diferencias fundamentales entre los delitos y las circunstancias que llevaron a los tribunales a imponer las condenas de muerte.

La decisión también constituye el paso más contundente de Newsom contra la pena capital desde que asumió el gobierno estatal. En 2019, impuso una moratoria sobre las ejecuciones, aunque los fiscales conservaron la autoridad legal para solicitar la pena de muerte en nuevos procesos.

California no ejecuta a ningún condenado desde 2006. La conmutación masiva se produce cuando Newsom se acerca al final de su mandato y evalúa una posible candidatura presidencial en 2028, lo que también sitúa su decisión dentro de un contexto de proyección política nacional.

La medida tampoco equivale a la abolición formal de la pena capital. Los fiscales todavía pueden solicitarla en los casos elegibles, y el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, también rechazó cualquier interpretación de que las conmutaciones hayan eliminado ese castigo del sistema judicial.

''Solo la Legislatura o los votantes pueden hacerlo'', afirmó Hochman, quien recordó que los californianos rechazaron en dos ocasiones, mediante iniciativas electorales, la abolición de la pena de muerte.

Aproximadamente el 66% de los estadounidenses respalda la pena capital para las personas condenadas por asesinato, frente al 32% que se opone, según una encuesta publicada en julio.

Aunque Newsom sostiene que actuó por convicciones morales y preocupaciones sobre posibles errores judiciales, sus críticos cuestionan que haya utilizado su autoridad ejecutiva para modificar simultáneamente cientos de sentencias sin distinguir entre los delitos cometidos.

El funcionario agregó que las familias de las víctimas quedaron profundamente afectadas al comprobar que las sentencias de los responsables de los crímenes por los que habían esperado justicia durante años serían reemplazadas por penas de prisión perpetua.

El gobernador demócrata anunció que las 548 condenas capitales serían sustituidas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque la medida no contempla la liberación de ninguno de los presos, representa un cambio trascendental para quienes habían sido condenados a morir por algunos de los delitos más graves cometidos en el estado.

En una carta dirigida a los californianos, Newsom defendió su decisión argumentando que el Estado no puede ejecutar personas por razones morales y que existe el riesgo de condenar y ejecutar a inocentes. Según el gobernador, los presos podrán morir en prisión sin que el Estado tenga que recurrir a la ejecución como castigo.

''Como gobernador, he llegado a la conclusión de que el Estado no puede matarlos moralmente'', escribió.